A pocos minutos de que finalizara la sesión en Diputados en la que el Gobierno consiguió sostener con un tercio de los presentes el veto a la ley de financiamiento universitario, el Frente Sindical de Universidades Nacionales convocó a un paro total de actividades con cierre de todas las casas de altos estudios para mañana y así “consolidar el plan de lucha en defensa del salario y el presupuesto universitario”.

“Repudiamos a las y los diputados que votaron en contra del mandato popular de defender la universidad”, se titula el comunicado que firmaron Conadu, Conadu Histórica, Federación de Docentes de las Universidades (Fedun), Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera), Asociación Gremial de Docentes de la Universidad Tecnológica Nacional (Fagdut), Federación Argentina del Trabajador de Universidades Nacionales (Fatun) y Unión Docentes Argentinos (UDA).

“La voluntad popular ha sido defraudada y la democracia ha cedido al manejo antirepublicano de gobernar por decreto del gobierno nacional. Se conformó una alianza política que es incapaz de conmoverse ante el sufrimiento de las grandes mayorías, ante el reclamo de todos los sectores por sostener aquello que es fundamental: la universidad pública, la educación pública”, afirman.

Y remarcan que el frente sindical reafirma su “voluntad de luchar para defender la universidad pública, la salud y la educación pública, las jubilaciones dignas, por niñeces [sic] protegidas y por un país igualitario”.

“Universidad pública de calidad para nuestro pueblo y salarios dignos para docentes y no docentes que la sostienen”, concluyen.

Por la noche, el subsecretario de Políticas Universitarias de la Nación, Alejandro Álvarez, criticó, en su cuenta de X, la postura de los gremios: “Muy irresponsable hacer paro en las Universidades el 10/10 previo a un feriado largo alterando totalmente los cronogramas de exámenes y recuperatorios. Parece que quisieran castigar a los alumnos y a los docentes que desarrollan el cuatrimestre. No es la forma de defender la educación!”.

Reunión

Los gremios universitarios se reunirán mañana al mediodía para definir cuáles serán las próximas medidas. “Nos vamos a juntar para continuar con el plan de lucha y la profundización la semana que viene, dado que seguimos con nuestras mismas demandas para recuperar nuestros salarios y defender la universidad pública, para lo cual tuvimos ya el respaldo de todos los argentinos”, dijo a LA NACIÓN Daniel Ricci, Secretario General de Fedun.

Y agregó: “El presidente que decía estar en contra de la casta termina juntándose con lo peor de la casta para ir en contra de los jubilados e ir en contra de los universitarios”.

“Vamos a tener una reunión de mesas de discusión del frente para ir con una contrapropuesta al Poder Ejecutivo si llama a paritaria. En caso de que no lo haga, vamos a profundizar el plan de lucha porque los tres ya están definidos: la recuperación de la garantía salarial docente, la del Fonid [Fondo Nacional de Incentivo Docente] y un plan de recuperación salarial del 63,5% que es el número que los gremios planteamos en la mesa técnica el lunes. Y lamentamos que el Poder Legislativo de la Nación le haya dado la espalda al pedido de millones y millones de argentinos”, apuntó Marcelo Creta, secretario de Políticas Universitarias de Ctera.

Jorge Anró, secretario adjunto de Fatun, remarcó que la mayoría del Congreso está a favor de la ley. “Hay 159 diputados que votaron a favor de la ley de financiamiento universitario y en el Senado fueron mas del 70%. Y la mayoría del pueblo argentino también se expresó a favor en la calle el 23 de abril y volvió a hablar el 2 de octubre. Esto hay que tenerlo en cuenta porque la lucha continua”.

“Este veto tiene mucho de crueldad, falta de inteligencia, de empatía, falta de respeto por los sueños de los argentinos, por las esperanzas y por la historia de nuestro país. Angustia que desde el Congreso no podamos encontrar la respuesta que se estaba esperando”, agregó.

“Gracias a los legisladores que desoyeron la voluntad popular, la UBA está de luto”, difundieron desde Asociación de Docentes de la UBA (Aduba) para respaldar el paro de mañana. “Sin salario dignos, no hay trabajadores. Sin trabajadores, no hay universidad. Sin universidad, no hay futuro”, plantearon.

“Esto no termina. Se está discutiendo qué lugar ocupa la educación superior pública y la ciencia para el país y cómo eso, en función de esa definición, se traduce en su jerarquización y priorización en el marco de las políticas públicas y consecuentemente destinándole el presupuesto que necesita”, afirmó a LA NACION Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario.

Fue uno de los que presenció la sesión de Diputados en representación del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). También asistieron los rectores Oscar Alpa (Universidad Nacional de La Pampa y vicepresidente del CIN), Carlos Greco (Universidad Nacional de General San Martín) y Alfredo Lazzeretti (Universidad Nacional de Mar del Plata).

La entidad que nuclea a los rectores de las universidades nacionales se reunirá la semana próxima. “Ahora vamos por el presupuesto 2025. Lo que vamos a trabajar desde el CIN es que se introduzcan modificaciones razonables porque si eso no sucede, el año que viene va a ser más complejo aún que este que estamos transitando”, afirmó Bartolacci.

“A veces en la vida aún perdiendo se gana. No hubiésemos logrado que se modifique el presupuesto de gastos de funcionamiento sin la manifestación de abril. No hubiésemos logrado que se empiece a dar alguna respuesta en materia salarial, aunque todavía es insuficiente, como se dio con los anuncios de esta semana, si no fuera por la manifestación de la semana pasada. Y no hubiésemos logrado sin la sesión de hoy que ya se empiece a discutir el problema del presupuesto 2025 con 160 diputados que manifestaron activamente la defensa de la universidad pública. Es realmente muy alentador”, consideró.

El CIN repudió la postura de los diputados nacionales “que le dieron la espalda” a las universidades públicas al apoyar su desfinanciamiento y agradeció a aquellos que defendieron la educación pública. “Este reclamo es genuino y así lo manifestó la sociedad en su conjunto en las marchas federales del 23 de abril y del 2 de octubre”, afirmaron.

“No alcanzó pero no bajaremos los brazos, porque hay estudiantes que se lo merecen, y las y los trabajadores también. Hoy el sistema universitario público tiene el 70% de los salarios docentes y no docentes por debajo de la línea de la pobreza; las partidas asignadas ni siquiera son suficientes para el mantenimiento mínimo de la infraestructura y están paralizadas las obras; se encuentra en peligro la continuidad de las becas universitarias, único instrumento para construir igualdad de oportunidades; y no se invierte en investigación, ciencia y tecnología, fundamentales para el desarrollo de un país soberano”, describieron en el comunicado difundido.

Y cerraron: “Nada de eso les importó. Privilegiaron su metro cuadrado, sus argumentos pequeños, su mirada corta y su visión egoísta. La universidad es parte de nuestra historia, de nuestra identidad como nación. Es el presente y el futuro del país y un orgullo de las y los argentinas y argentinos. No vamos a permitir que se destruya”.

Los rectores ya manifestaron que el Ejecutivo le asignó en el proyecto de presupuesto para el año próximo que envió al Congreso casi la mitad del financiamiento que había solicitado el CIN. Mientras que el Gobierno planea asignarles a las instituciones $3,8 billones, los rectores solicitan $7,2 billones. La diferencia radica principalmente en los aumentos salariales.

La ley aprobada en ambas cámaras establecía una recomposición retroactiva de los salarios de docentes y no docentes del sistema universitario nacional, a partir del 1° de diciembre de 2023 y hasta el mes en que se sancione, por la inflación acumulada según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Determinaba, además, una actualización mensual por el índice de inflación que publica ese organismo, en caso de que no se llegue a un acuerdo paritario.

La iniciativa buscaba garantizar el presupuesto para las universidades durante este año, más allá de los aumentos que decida el Poder Ejecutivo. Para los gastos de funcionamiento de las instituciones y de los hospitales universitarios, indicaba que se actualizaran al 1° de enero de 2024. Y también definía que se actualizaran de manera bimestral con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el Indec, descontando los aumentos ya otorgados en lo que va del año.