Yahoo Noticias La ley de amnistía a los independentistas catalanes pasa a manos de los jueces
La polémica ley de amnistía a los independentistas catalanes implicados en la tentativa fallida de secesión de 2017 entró en vigor este martes y su aplicación queda ahora en manos de los jueces.
La norma, que abre la puerta al regreso del expresidente catalán Carles Puigdemont y que ha llevado a la derecha a convocar varias protestas en los últimos meses, fue publicada este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), casi dos semanas después de haber sido aprobada por el Parlamento español.
Ahora los jueces, muchos de los cuales no han ocultado sus dudas y reticencias ante esta norma que ha protagonizado el debate político en España desde las elecciones legislativas de julio, tienen dos meses para implementarla, aplicándola caso por caso.
Los magistrados pueden plantear cuestiones concretas al Tribunal Constitucional o a la justicia europea, y esto último implicaría la paralización de su aplicación en el caso en estudio.
- "Nueva batalla" -
"Comienza una nueva batalla", escribió Jordi Turull, secretario general de Juntos por Cataluña, el partido de Puigdemont, en la red social X, quien admitió que "aplicar la ley no será sencillo" para algunos jueces.
Esta batalla jurídica se anuncia efectivamente compleja y podría extenderse durante meses en algunos casos.
Apenas promulgada la ley, decenas de independentistas solicitaron que se les aplique, entre ellos Oriol Junqueras, vicepresidente catalán al momento de la fallida declaración de independencia de octubre de 2017, quien fue condenado a 13 años de prisión pero indultado en 2021 por el gobierno de Pedro Sánchez.
En total, la medida podría beneficiar en torno a 400 personas, según una estimación del Ministerio de Justicia.
Una de las más destacadas es Puigdemont, quien siendo presidente catalán lideró la tentativa de secesión, tras lo cual se instaló en Bélgica para esquivar a la justicia española.
La ley aprobada prevé dejar sin efecto las órdenes de detención, como la que sigue teniendo en su contra. Puigdemont, que se presentó a las elecciones regionales del 12 de mayo, indicó su intención de presentarse al debate de investidura que se celebrará a finales de junio en el Parlamento regional.
Pero los fiscales del Tribunal Supremo estimaron en un informe que el delito de malversación del que se le acusa no puede ser amnistiado, aunque aún deben redactar su parecer para cada caso.
Una cuestión de interpretación que será clave, ya que la ley sí prevé la aplicación de la amnistía a este delito si los fondos fueron usados para financiar el proceso independentista y no para enriquecerse personalmente.
- Orden de captura vigente -
El juez Pablo Llarena, a cargo del dossier contra Puigdemont, dio el martes "un plazo de 5 días a las partes para que informen sobre la aplicabilidad o inaplicabilidad" de la ley al ex presidente catalán y le comunicó a la policía que la orden nacional de detención continúa activa.
El Tribunal de Cuentas, que lleva un proceso por malversación contra varios independentistas, entre ellos Puigdemont, ha sugerido que podría recurrir a la justicia europea para comprobar si la ley se ajusta al derecho comunitario.
El Gobierno ha "defendido desde el primer día" esta ley como una forma de contribuir a "la convivencia en Cataluña" tras los acontecimientos de 2017, una de las peores crisis vividas por España desde el fin de la dictadura franquista en 1975, subrayó el martes su portavoz, Pilar Alegría, en rueda de prensa.
La aprobación de la amnistía es el precio que tuvo que pagar el socialista Pedro Sánchez para ser reelegido en noviembre como presidente del Gobierno, gracias al apoyo de los partidos independentistas catalanes, que la exigían como contrapartida.
"Transferencia realizada. Sánchez ya ha pagado [a los independentistas, ndlr] el alquiler de seis meses en Moncloa", la sede del gobierno español, escribió la número dos del Partido Popular (PP, derecha), Cuca Gamarra, en la red social X.
La principal formación de la oposición, lleva tiempo en pie de guerra contra la amnistía, que considera "inconstitucional" y promete derogar si vuelva al poder.
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