Yahoo Noticias ‘Es un levantadero’: más de 700 personas han sido privadas de la libertad en Sinaloa tras inicio de disputa del crimen organizado
Primera parte de una serie
Los balazos estallaron el pasado lunes 9 de septiembre en la colonia La Campiña de Culiacán, pero la guerra entre los Guzmán y los Zambada comenzó antes.
Cuarenta y seis días antes, de hecho, cuando Joaquín Guzmán López, hijo del capo del mismo nombre y mundialmente conocido como “El Chapo”, obligó a su socio de toda la vida, el también mítico pero más discreto jefe del narco, Ismael “El Mayo” Zambada, a subir a un avión para entregarse ambos al Gobierno de Estados Unidos. Esa traición confrontó a los dos clanes criminales más importantes de Sinaloa y sumió a los culiacanenses en el miedo y la parálisis económica.
Para Joaquín, de 38 años, esa entrega podría significar una nueva vida; para Ismael, que tiene 74, morir en la cárcel muy lejos de los cerros de la Sierra Madre Occidental en los que creció. Es la fractura interna más reciente en su longeva organización, pero será la guerra definitiva, porque el que gane se quedará con Culiacán, la cuna y meca del Cártel de Sinaloa.
La última vez que el cártel vivió un cisma de profundidad similar fue en enero de 2008, cuando la captura de Alfredo Beltrán Leyva fue entendida por su hermano, Arturo, como una traición por parte de “El Chapo” Guzmán. “El Mochomo”, como se le conoce a Alfredo, era una pieza clave del cártel y por eso su hermano, apodado “El Barbas”, le declaró la guerra al resto de los clanes, entre ellos los Zambada, y la escaló a nivel nacional pactando con “Los Zetas”, hasta que cayó abatido por la Marina en Cuernavaca en diciembre de 2009.
Aquella guerra comenzó en 2008 y se extendió hasta 2011 con un saldo que dejó a Sinaloa con 6 mil 620 asesinatos y mil 479 personas privadas de la libertad, según datos de INEGI y la Fiscalía General del Estado.
Pero esta nueva guerra, que comenzó el 25 de julio pasado, es diferente porque al tiempo que asesinan, la privación de la libertad de las personas se ha convertido en la violencia principal de las facciones en pugna. Desde ese jueves han transcurrido 140 días en los que Sinaloa acumula 601 asesinatos y 750 personas privadas de la libertad.
La nueva fractura al interior del Cártel de Sinaloa revirtió la falsa pacificación que dos gobernadores consecutivos del Estado, el priista Quirino Ordaz Coppel y el morenista Rubén Rocha Moya, habían venido presumiendo desde 2018, cuando los homicidios comenzaron a descender de manera sostenida y se acercaron a mínimos históricos.
En realidad, Sinaloa lleva décadas sin ser un estado verdaderamente pacífico, sus tasas de homicidio doloso por cada 100 mil habitantes han estado siempre por encima de los estándares internacionales, pero de un día para otro el rompimiento del equilibrio mafioso en el que sus habitantes vivían revirtió las tendencias decrecientes de sus violencias letales y trastocó la normalidad de la vida cotidiana de los “culichis”.
El cambio ha sido tan drástico que hasta el 10 de diciembre pasado, el 2024 ya supera en 8.7 % el máximo histórico de mil 319 privaciones de la libertad registradas durante el 2019. Así, el 2024 es ya el peor año en la historia de Sinaloa en materia de privaciones de la libertad con mil 434 casos, lo que significa un promedio de 4.2 personas por día, una cada seis horas.
Aquellos que se llevan
Oliver pasa otro producto y tras el bip de la máquina registradora vuelve a voltear de reojo a la puerta con nerviosismo.
– Dicen que hay una camioneta roja aquí afuera, con gente armada… O que anda por aquí.
El “morro” trabaja desde hace unos meses para una Farmacia Guadalajara en el fondo del sector Santa Fe, al noroeste de Culiacán. Vive cerca, pero no tanto como para irse a pie, por eso sacó a crédito una motoneta que paga en abonos.
De día entrena como deportista de alto rendimiento, pero de 15:00 a 23:00 horas, atiende la caja de la farmacia. Bata blanca, pantalón de vestir y zapatos negros.
El regreso es lo más difícil: debe salir hasta la zona más alejada de la entrada de la farmacia, a donde casi no llega la cámara de videovigilancia, quitarle el candado a la motoneta y tomar camino por un bulevar que atraviesa el mismo sector en el que hace algunos meses detuvieron a “El Nini”, Néstor Isidro Pérez Salas, y luego a “El Piyi”, Mario Alexander Gámez Cuevas, ambos operadores de alto perfil en la facción de “Los Chapitos”, como se le conoce a los hijos de “El Chapo” Guzmán en el Cártel del Sinaloa.
El rumor de la camioneta roja es uno de tantos que generan miedo entre la gente. Hace unos días asaltaron una tienda de autoservicio Oxxo que está enfrente y la semana pasada golpearon a uno de sus compañeros en la madrugada. En la colonia se decía que no había ninguna incidencia delictiva porque la orden de los patrones, los narcos de la zona, era evitar que hubiera desmadre.
La guerra interna del Cártel de Sinaloa, desatada desde el pasado 9 de septiembre, ha transformado la dinámica de Culiacán. Para muchos, esta violencia constante se siente como un “Culiacanazo” extendido, en referencia a aquella refriega que quedó grabada en el inconsciente colectivo de la ciudad tras el fallido operativo del 17 de octubre de 2019, cuando las fuerzas de seguridad intentaron capturar a Ovidio Guzmán López, hijo de “El Chapo”, pero el entonces Presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó liberarlo. Ahora, los reportes diarios de violencia abarcan tanto zonas urbanas como rurales de Culiacán, extendiéndose a Navolato, el nuevo municipio de Eldorado, antes sindicatura de Culiacán; Elota e incluso al puerto de Mazatlán.
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Por eso ahora Oliver, cuando va de regreso a casa, se topa de pronto con un convoy de más de una decena de camionetas con personas armadas y unas letras grandes pintadas en los costados.
“Esto está lleno de pendejos”, dice, en alusión a la vez que una mujer lo maltrató tras entrar en pánico, pues un cliente entró a la farmacia con una pistola Glock en la cintura y se paseó como si nada por los pasillos, preguntó por un té Arizona y cómo no vendían, se fue. “Nadie hace nada”, reclama con frustración.
Su perfil es el mismo del de los más de 600 hombres que han sido raptados en los últimos cuatro meses en Sinaloa: hombre, moreno, adulto joven, con motocicleta y recorriendo la ciudad de Culiacán por las noches.
Durante los 140 días que han pasado desde que la mecha de la disputa se encendió, Noroeste ha construido una base de datos propia sobre las desapariciones en Sinaloa con el objetivo de registrar y entender cómo funciona esta violencia que supera, incluso, a los homicidios.
La base de datos se integra a partir de las fichas de búsqueda generadas por la Comisión Estatal de Búsqueda de Sinaloa, los colectivos de buscadoras: Sabuesos Guerreras, en Culiacán; y Por las Voces sin Justicia, en Mazatlán, así como de registros de redes sociales verificados en un cruce de datos que se presentan en este trabajo periodístico.
Según el análisis de esa base de datos, nueve de cada 10 personas privadas de la libertad en Sinaloa durante esta ola de violencia son hombres jóvenes que rondan los 31 años de edad, mientras que las mujeres promedian apenas poco más de 25.
Entre ellos hay 68 menores de edad, de los cuales el 44 % permanece como “No localizado” y tres más que han sido “Localizados sin vida”.
Los municipios donde se concentran las privaciones de la libertad son Culiacán, con 399 casos, lo que equivale al 54 %; seguido de Mazatlán con 182, el 24 %; y Navolato con el 6 %, equivalentes a 44 casos. El resto está repartido en prácticamente todos los municipios de Sinaloa excepto, curiosamente, Badiraguato, el municipio serrano que dio origen a muchos de los capos más célebres de Sinaloa.
Un ‘levantadero’: la guerra comenzó antes
El 26 de agosto de 2024, exactamente un mes después del rapto de Ismael “El Mayo” Zambada en Huertos del Pedregal, al poniente de Culiacán, la lideresa del colectivo de búsqueda Sabuesos Guerreras, María Isabel Cruz Bernal, detectó una variación en el ritmo de denuncias de personas desaparecidas que recibe. Ese día, señala, comenzaron a subir las llamadas de las familias.
“A mí me llama la atención que empiezan a levantar personas adultas, la mayoría son jóvenes (los) que siempre desaparecen, pero esta vez me pareció extraño que (ahora son) personas de 65, de 70, de 45, 50 en diferentes colonias”, apunta.
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María Isabel no se equivoca, el promedio de edad de los 58 hombres desaparecidos durante agosto es de 35 años, mientras que en septiembre y octubre siguientes, el promedio desciende a 30 y en lo que va de diciembre son aún más jóvenes, con 28 años de edad.
La líder de las buscadoras recuerda que en el colectivo notaron que las privaciones de la libertad de los jóvenes se daban en las mismas colonias donde habían “plagiado” antes a esas personas más adultas, a finales de agosto.
“Yo pienso que esas personas adultas eran como los jefes de las plazas, ¿no? Como de esas colonias o de esos sectores o no sé cómo los tengan ellos divididos y empiezo a ver que después de eso, a los días, pues empieza el ‘levantadero’ de los jóvenes, entre la mayoría de 16, 14, hasta los 25, 35 años”, agrega.
Lo que María Isabel detectó es la primera oleada de desapariciones que trajo la disputa entre los Guzmán y los Zambada, pues Sinaloa pasó de tener un promedio habitual de uno a dos casos diarios, a más de tres durante los últimos días de agosto. Luego hubo una calma que duró hasta la primera semana de septiembre, cuando la guerra estalló; pero después de esa fecha, los datos arrojan que ha habido al menos cuatro “olas” más de privaciones de la libertad, con promedios máximos de más de 10 fichas por día y mínimos de cuatro.
“Es un número bastante grande el de jóvenes que desaparecen y que supuestamente no tienen nada que ver, pues los sueltan con vida; o los asesinan; pero son pocos comparados con la cantidad que han desaparecido. Entonces ¿en dónde están los demás?”, cuestiona.
Isabel tiene razón, de acuerdo con la base de datos de Noroeste, sólo 61 personas reportadas como desaparecidas han sido “Localizadas sin vida” en Sinaloa durante esta disputa y representan apenas el 8 % de todas.
Cruz Bernal lamenta que la vida de la gran mayoría de los jóvenes que son privados de la libertad depende hasta del estado de humor de los criminales, quienes deciden si los asesinan o los liberan.
“Pues es que bien lo dijo el de la Sedena ¿no?, que, pues, la paz depende de ellos y ellos tienen el control de nosotros mismos, de toda la ciudad”, reclama.
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Los desaparecidos de la guerra: entre el limbo y la muerte
Desaparecer en medio de esta guerra en Sinaloa implica tener como destino el limbo o la muerte, pues de acuerdo con esta investigación realizada por Noroeste, seis de cada 10 personas privadas de la libertad desde el 25 de julio pasado permanecen como “No localizadas”, lo que equivale a 459 personas hasta el 10 de diciembre.
Otras 230 personas han sido “Localizadas con vida” y un 8 % restante, equivalente a 61 personas, han sido “Localizadas sin vida” y forman parte de la estadística de homicidios que se reporta a diario.
Pero no es así en todos los municipios, hay variaciones entre ellos. La que más destaca es que mientras en Culiacán el 54 % de las personas que se han llevado permanece como “No localizada”, en Mazatlán ese porcentaje sube hasta el 77 %. En municipios más pequeños como Angostura, El Fuerte, Rosario y San Ignacio, el 100 % de las personas reportadas como privadas de la libertad siguen desaparecidas.
Mazatlán llama también la atención porque hasta ahora ninguna de las personas reportadas como desaparecidas en ese municipio ha sido “Localizada sin vida”; a diferencia de Culiacán, donde un 12 % han sido asesinadas y sus cuerpos han sido hallados en diferentes puntos de la ciudad, mayoritariamente al sur de la misma y en vías como La Costerita, la carretera a Eldorado, Costa Rica y la Maxipista a Mazatlán.
Los hallazgos de cuerpos con diversas huellas de tortura, maniatados y con mensajes escritos en cartulinas que los asesinos clavan con cuchillos en los cuerpos de las víctimas, se han vuelto la noticia matutina cotidiana de los culiacanenses.
Otro hallazgo importante es que, a pesar de tener la mitad de su población, Mazatlán supera a Culiacán en el número de mujeres desaparecidas con 17 casos, mientras que la capital tiene 14. En total, 83 mujeres han sido privadas de la libertad desde el 25 de julio en Sinaloa y casi la mitad de ellas permanece como “No localizada”.
Mazatlán: la sospecha del reclutamiento forzado
La noche del pasado 23 de septiembre un grupo de hombres armados se llevó al joven Alejandro Trujillo Cruz, cuando se encontraba en un centro de rehabilitación para personas con adicciones en Mazatlán.
La ciudad de Mazatlán, conocida como la Perla del Pacífico, es la joya turística de Sinaloa y el motor económico de ese sector. Desde que comenzó la guerra entre los Guzmán y los Zambada, la ciudad ha mantenido cierta normalidad, pero eso no significa que no haya violencia. El puerto es el segundo municipio del estado con la mayor cantidad de personas desaparecidas con 182 casos, que equivalen al 24 % del total estatal.
“Mi hijo venía de una depresión muy fuerte, él es depresivo y recayó por el estado de salud, por la etapa tan fuerte que estaba pasando; tengo 16 días esperándolo, que han sido como años”, expresó la señora Rosalba Cruz Medina, madre de Alejandro, el pasado 8 de octubre.
Ese día tuvo una reunión con el Vicefiscal en la Zona Sur del Estado, Jesús Arnoldo Serrano Castelo, quien le informó que no había avances significativos en las investigaciones de la búsqueda de su hijo.
“Pues no hay mucho avance, dice que, aunque pareciera que no, están trabajando, ellos salen a hacer investigación de campo, pero vemos cómo regresan, todos los días regresa alguien y eso nos da un poquito de esperanza y de fe; decimos ‘ya viene mi hijo, ya va venir Alejandro’”, dijo.
Rosalba recordó que el encargado del Centro de Rehabilitación donde estaba su hijo le llamó a las 00:23 horas de la noche del 23 de septiembre para decirle que pasaba algo con Alejandro. Así se enteró de la desaparición y se fue a la Secretaría de Seguridad Pública en Mazatlán, donde le dijeron que tenía que hacer el reporte al 911. Un día antes, el 22 de septiembre, desaparecieron 19 personas en Sinaloa.
A su hijo, Rosalba lo describe de tez blanca, delgado, ojos grandes y verdes, labios gruesos, nariz amplia, no muy alto, mide como 1.65 metros y lleva el pelo muy corto. Muestra la foto impresa en una lona que porta durante las búsquedas que realiza y que es la más reciente que tiene de él, se la tomaron juntos el domingo que Alejandro desapareció.
Pero el de Alejandro no es el único caso registrado en Sinaloa que hace pensar en la existencia de reclutamiento forzado por parte de las facciones en disputa. La mañana del viernes 4 de octubre, un grupo de civiles armados llegaron hasta un centro de rehabilitación similar en la colonia Lázaro Cárdenas, al sur de Culiacán.
Los reportes después detallaron que sólo fue un hombre quien llegó hasta el anexo, tocó la puerta y, después que le abrieron, amenazó a los empleados, les quitó las llaves de una camioneta Ford y huyó del lugar. Luego de esto, otros civiles armados habrían llegado a las instalaciones del centro para llevarse a los internos, tras amenazarlos de muerte.
La versión de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa señaló que los internos se fugaron por voluntad propia junto con los hombres armados, que fueron seis y no nueve, y que los internos ahora están en calidad de desaparecidos.
En Sinaloa, ya hay antecedentes de centros de rehabilitación controlados por el crimen organizado y que sirven como centros de trabajo forzado. El 15 de julio de 2023, 39 personas fueron rescatadas en un centro de rehabilitación de La Reforma, en el municipio costero de Angostura; estaban retenidas contra su voluntad y eran obligadas a trabajar en campos agrícolas y camaroneros.
Y apenas el pasado lunes 9 de diciembre, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, el General Gerardo Mérida Sánchez, confirmó que en el centro de rehabilitación “Permanecer”, de Mazatlán, un grupo de civiles desconocidos reclutó a 16 jóvenes que estaban ahí internados. Ese mismo día pero en otros anexos, se llevaron a 15 personas más, para un total de 31. Según el Secretario Mérida, los jóvenes se fueron de manera “voluntaria” y se desconoce su paradero.
No son todos los que se han llevado
Reynalda recibió la llamada de una amiga el domingo a las 10 de la mañana,
“’Ayúdala’, me dijo, porque esa familia traía un problema con un carro calcinado”.
El problema era que Tomás, de 25 años, salió a trabajar desde el lunes 23 de septiembre de un expendio en la comunidad de la Península de Villamoros, una zona costera que hoy pertenece al municipio de Eldorado en Sinaloa, y no regresó.
La familia no reportó ni hizo denuncia sobre su desaparición, porque tenía la esperanza de verlo llegar con alguna explicación de su ausencia; sin embargo, recibieron una llamada anónima que les dijo que en el camino a la comunidad cercana de Pueblos Unidos había una camioneta incendiada y que uno de los cuerpos dentro era de Tomás.
“Eso fue lo que la familia nos platica, que dejaron de verlo y el día 27 a ellos les hablan y ellos van al lugar… y el domingo me hablan a mí y es cuando pues yo empiezo a hablar con autoridades para saber qué es lo que se puede hacer, cuando yo el domingo hago el reporte al 911…”.
El lunes la familia volvió a llamar a Reynalda: “‘Oye, es que mira, que creo que el cascarón del carro ya se lo habían llevado’… pero los cuerpos estaban ahí… no sé si los tiraron la verdad, desconozco todo eso, porque es algo muy fuerte para seguir insistiendo en algo que te duele…”.
Las familiares de Tomás mandan fotos de los restos, pues en tanto la Fiscalía no llegaba, los animales carroñeros poco a poco se acercaban a devorar las partes humanas que encontraban.
“Creo que un día antes de que fueran a recoger los restos, la familia me hablaba ya desesperada. Desesperada. ‘Es que los perros’…”, reveló.
Reynalda recordó que habló con la Comisionada de Búsqueda y hasta solicitó apoyo de la Secretaría General de Gobierno. En total pasaron siete días para que los peritos fueran al lugar. La familia tuvo que poner una lona encima de los restos para protegerlos, incluso hacer guardias nocturnas para evitar que los animales se los llevaran.
Después que la autoridad recogió los restos siguió otro camino pesado y engorroso: esperar a que tomaran muestras de ADN y cotejar los restos de los cuatro cadáveres hallados en el lugar.
En ningún momento, confirmó Reynalda, Tomás tuvo una denuncia formal de desaparición ante la Fiscalía General del Estado, pero sí se generó una ficha de búsqueda como parte del protocolo.
“Son más desaparecidos de los que dicen, sí, yo tengo siete que no tienen denuncia, siete; en Montesierra tengo un caso que no tiene denuncia, dicen que en un campo de fútbol se llevaron como a 12… ahora ¿cuál es la verdadera cifra? No hay una cifra correcta de desapariciones”, opinó.
De acuerdo con los números más recientes de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa (FGE), desde el 9 de septiembre hasta el 9 de diciembre se habían presentado 695 casos de personas privadas de la libertad en toda la entidad y de las cuales 241 han sido “Localizadas con vida” y 82 “Localizadas sin vida”.
En el mismo sentido, colectivos de buscadoras señalaron el pasado 27 de noviembre que hay un subregistro significativo y que las cifras reales pueden alcanzar hasta las mil 200 personas desaparecidas en el estado durante esta disputa criminal. El subregistro se debe a que las familias de personas desaparecidas temen reportar a las autoridades los incidentes por miedo a represalias y ser víctimas de extorsión.
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También el Estado desaparece personas
Ya era de madrugada. Julio Adrián se encontraba acostado dentro de un dormitorio improvisado en el negocio de comida que atiende con su esposa. Normalmente pasaba las noches en este espacio. Su descanso fue interrumpido por el arribo de elementos de la Guardia Nacional, quienes lo sacaron a la fuerza y lo subieron a una patrulla suya. El hecho quedó documentado en las cámaras de videovigilancia de casas y establecimientos cercanos.
Con los videos se pudo constatar que la patrulla de la Guardia Nacional que se llevó a Julio Adrián estaba rotulada con el número 26164. Desde la madrugada de ese 4 de septiembre no se le ha vuelto a ver.
“En las cámaras que sale él se alcanza a ver un número de las de la Guardia Nacional y es 26164”, acusa Mitzy Pulido, esposa de Julio.
“Cerca de donde se lo llevaron hay un kiosco y una gasolinera y yo les dije a los de Fiscalía que fueran a ver porque a mí no me quisieron dar las grabaciones de esas cámaras, pero ellos no las han pedido hasta la fecha”.
Primero Mitzy pensó que su esposo estaba detenido, por lo que acudió a las autoridades. “Yo fui a buscarlo porque ellos se lo llevaron, y si se lo llevaron por algún motivo tuvieron que haberlo presentado pues no sé, municipal, federal, lo que sea, y a él no lo presentaron”.
Julio Adrián Herrera García no aparece en el Registro Nacional de Detenciones, de acuerdo con una revisión realizada por Noroeste, sin embargo, la Fiscalía General de Sinaloa localizó la última ubicación de su teléfono celular en las instalaciones del complejo militar El Sauz, lugar en el que también opera la Guardia Nacional.
Mitzy acudió a hablar con elementos de la Guardia Nacional (GN) ubicados en el complejo de Seguridad Pública en Aguaruto. Los elementos reconocieron la patrulla y atribuyeron la desaparición a elementos foráneos. “Lo que pasa es que ellos vienen de México, vienen y hacen su cagadero, y luego se van”, citó Mitzy las palabras de un elemento de la GN. Luego la visitaron en su casa para investigar, pero interrogaron a Mitzy sobre la vida de Julio Adrián y no sobre las condiciones de su desaparición.
Julio Adrián Herrera García tiene 37 años de edad y desapareció el 4 de septiembre. Tiene dos hijos con Mitzy, una niña de 3 años y un niño de 7 que pregunta por su papá todos los días.
Otro caso que involucra a las fuerzas federales ocurrió en abril pasado, cuando pobladores del ejido Oso Viejo, ubicado al sur en el valle de Culiacán, acusaron a elementos del Ejército Mexicano por el presunto rapto y asesinato de un hombre vecino del pueblo, identificado como Víctor.
Después del secuestro de Ismael Zambada y su entrega a las autoridades de los Estados Unidos, el comandante de la Novena Zona Militar en Culiacán, Porfirio Fuentes Vélez, se presentó ante los medios de comunicación para señalar que este hecho no significa la disolución de su facción dentro del Cártel de Sinaloa.
“Cuando esto pasa hay otros que siguen al frente de la estructura criminal. Esto puede generar alguna disputa interna de los propios integrantes de las facciones pero hasta ahorita todo está tranquilo”, dijo el 27 de julio de 2024.
En dos días, la Secretaría de la Defensa Nacional ya había desplegado 400 efectivos de Fuerzas Especiales en Culiacán y desde entonces no han parado de llegar más refuerzos, además de vehículos blindados especiales, aeronaves y armamento de última generación. En Sinaloa hay 13 mil efectivos militares integrados por la Guardia Nacional, Fuerzas Especiales de la Secretaría de la Defensa y la Secretaría de Marina. Son el doble de toda la policía con la que cuenta Sinaloa en su estado de fuerza completo.
El pasado 29 de septiembre, pasados 82 días de la guerra intestina del Cártel de Sinaloa, el Gobernador Rubén Rocha Moya rindió su tercer Informe frente al Congreso del Estado. Rocha ha caído a los últimos lugares de popularidad como Gobernador a consecuencia de la crisis de seguridad que enfrenta su gobierno.
Allí, frente a una audiencia integrada en su mayoría por funcionarios estatales, políticos de Morena y representantes del Ejército, Rocha Moya cerró su mensaje diciendo: “Que nadie se confunda, soy hombre que no rehúye sus compromisos. Nunca he negado ni negaré que el problema de inseguridad aún existe; pero lo venimos y seguiremos atacando con todas las fuerzas del orden. Lo haremos sin excesos ni arbitrariedades”.
Julio Adrián lleva 100 días desaparecido, se lo llevó la Guardia Nacional.
‘Nunca había visto esto’
María Isabel Cruz, la incansable lideresa de Sabuesos Guerreras, señala que en el tiempo que tiene trabajando en el colectivo, nunca vio un brote tan impresionante de desapariciones en Sinaloa.
“De los siete años que yo tengo involucrada en esto, yo nunca había visto eso, o sea, no me había tocado tanto… cuántas madres más están llorando, sea lo que sea y haya sido lo que haya sido, del bando que sea, eso a nosotros no nos interesa, sólo nos interesa que es un hijo, es un esposo, es un hermano, lo que haya sido y que aparezca con vida o que aparezca, pero que no ande sufriendo la familia”.
Tiene razón. La violencia que azota a Sinaloa es inédita. Antes de la guerra entre “La Mayiza” y “La Chapiza”, en Sinaloa eran privadas de la libertad dos personas por día, hoy ese dato se ha multiplicado hasta siete personas diarias. Más de la mitad de los que se llevan, nunca regresa.
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Esta investigación fue realizada en coordinación y con el apoyo del Consorcio para Apoyar el Periodismo Regional en América Latina (CAPIR) liderado por el Institute for War and Peace Reporting (IWPR).
