Legisladores de la Florida vuelven a impulsar publicación de las actas del jurado de instrucción del caso Epstein

En el Capitolio de la Florida resucitó una iniciativa para revelar las pruebas presentadas hace casi 20 años ante un jurado de instrucción del sur de la Florida que acusó al famoso depredador sexual Jeffrey Epstein de un solo cargo de solicitación de una prostituta.

Dos legisladores que el año pasado trataron sin éxito de cambiar la ley estatal que enmascara los procedimientos del jurado de instrucción en secreto están promoviendo de nuevo la legislación, con la esperanza de que convenza a los tribunales para hacer público el testimonio dado ante el jurado de instrucción, que en 2006 sopesó las pruebas de que Epstein había atraído a chicas adolescentes a su mansión de Palm Beach y abusado sexualmente de ellas.

El esfuerzo se produce mientras el juez Luis Delgado —quien supervisa una demanda presentada contra la Secretaría del Condado Palm Beach por Palm Beach Post— clasifica los registros para determinar cuáles de ellos, en su caso, pueden hacerse públicos.

“El público y las víctimas necesitan saber si los fiscales dirigieron al jurado correctamente o no para acusar a Epstein de cargos más graves”, dijo la representante Peggy Gossett-Seidman, republicana de Highland Beach, al presentar la legislación durante una audiencia del Subcomité de Justicia Penal a principios de este mes. “La Florida tiene la oportunidad de llenar los capítulos que faltan de la historia”.

Los procedimientos del jurado de instrucción en el Condado Palm Beach representan el inicio de cómo el políticamente conectado Epstein traficó sexualmente con chicas jóvenes mientras usaba dinero y conexiones para protegerse de una responsabilidad penal significativa durante años.

Los críticos de la primera acusación contra Epstein se preguntan si Barry Krischer, el fiscal del Condado Palm Beach en aquel momento, suavizó el caso cuando decidió presentar pruebas ante un jurado de instrucción en lugar de acusar él mismo a Epstein. El resultado disgustó mucho al jefe de policía de Palm Beach que llevó el caso al FBI.

En virtud de un acuerdo con el fiscal federal del sur de la Florida, a Epstein se le permitió aceptar un acuerdo de culpabilidad que finalmente lo envió a la cárcel durante 13 meses, gran parte de los cuales los pasó en su oficina de West Palm Beach gracias a un programa de permiso de trabajo. Años más tarde, después de la publicación de la serie Perversión de la justicia de Miami Herald, en la que se detallaban los laxos esfuerzos hechos para exigir responsabilidades a Epstein y las historias de las chicas atraídas a su órbita, los fiscales federales de Manhattan lo acusaron de tráfico sexual de menores.

Un mes después fue encontrado muerto por ahorcamiento en su celda. Su muerte fue declarada suicidio. Su ex novia, Ghislaine Maxwell, fue declarada culpable de varios cargos, entre ellos el de tráfico sexual de menores, y en 2022 fue condenada a 20 años de prisión.

Ahora, años después de su muerte, se siguen publicando nuevos documentos relacionados con las actividades de Epstein como resultado de una batalla legal del Herald y su empresa matriz McClatchy.

“Derecho a saber”

La legislación, que incluye un proyecto de ley complementario patrocinado en el Senado de la Florida por la senadora Tina Polsky, demócrata de Boca Ratón, pretende fomentar la divulgación de las pruebas y testimonios del jurado de instrucción de 2006, ampliando las circunstancias en las que dichos registros pueden hacerse públicos.

Los cambios propuestos —limitados para aplicarse únicamente al caso de Epstein— relajarían la confidencialidad en los casos en los que el sujeto de la investigación del jurado de instrucción haya fallecido, la investigación esté relacionada con actividades delictivas o sexuales con un menor y el testimonio haya sido divulgado previamente por orden judicial.

La legislación sostiene que todas esas circunstancias deben tenerse en cuenta cuando un juez determina si la divulgación de los expedientes del jurado de instrucción redundaría en interés del “fomento de la justicia”.

“El público tiene derecho a saber”, dijo Gossett-Seidman a otros legisladores.

Si se aprueban los proyectos de ley, podrían influir en el resultado de la revisión en curso en el Tribunal de Circuito de Palm Beach, en donde, a raíz de un fallo de apelación del año pasado, el juez Delgado está revisando las pruebas presentadas en los procedimientos del jurado de instrucción para el caso Epstein. El Tribunal de Apelación del Cuarto Distrito le ordenó al juez en mayo de 2023 decidir qué documentos, en su caso, pueden ser liberados, después de que el tribunal inferior rechazara inicialmente una petición de Palm Beach Post para hacer públicos los registros.

El secretario y contralor del Condado Palm Beach Joseph Abruzzo, quien fue demandado por Palm Beach Post después de que su predecesora Sharon Bock dejara el cargo, dijo que hay una “buena probabilidad” de que el proyecto de ley —que su oficina ayudó a redactar— se apruebe durante la actual sesión legislativa.

“Esperemos que al final del día este proyecto de ley se apruebe y aplaste o le ponga fin a cualquier argumento de por qué estos registros deben mantenerse confidenciales”, dijo Abruzzo en una entrevista con el Herald.

“Vamos a seguir luchando para que estos registros sean publicados y esperemos que eso sea exactamente lo que suceda”.