Legisladores de Florida buscan más supervisión de organizaciones de bienestar infantil y salarios de ejecutivos

En la zona de Tampa, una organización de bienestar infantil que opera con el estado mejoraba el salario anual de un ejecutivo con fondos estatales y federales mientras los niños bajo su vigilancia eran obligados a dormir en oficinas.

En el centro de la Florida, la principal dependencia del sistema de acogida fue acusada en una demanda judicial de no pagar a un proveedor de servicios que le ayudaba a albergar niños en el sistema.

Y en el norte de la Florida, el director ejecutivo de una organización dedicada a ayudar a niños maltratados y abandonados percibe actualmente casi $775,000, la mayoría de los cuales se pagan a través de contratos públicos.

Todas estas situaciones, descritas en estudios e investigaciones estatales, artículos periodísticos y demandas judiciales, se citaron como el impulso para la legislación que avanza este año en el Senado de la Florida y que establecería requisitos de divulgación más estrictos para los salarios administrativos y los conflictos de interés, entre otras medidas de responsabilidad. La patrocinadora del proyecto de ley, la senadora Ileana García, republicana de Miami, dice que quiere garantizar que las organizaciones sin ánimo de lucro contratadas por el estado para prestar servicios a los niños maltratados y desatendidos no hagan un uso indebido de los fondos públicos.

“Tenemos la obligación de proteger los recursos de los contribuyentes, especialmente cuando se trata de asegurarse de que esos dólares se usan sabiamente en el cuidado de los más vulnerables”, dijo García, quien patrocina el Proyecto de Ley 536 del Senado.

Los legisladores pretenden examinar más a fondo la forma en que las agencias privadas de bienestar infantil usan los fondos públicos, y quieren imponer sanciones económicas a los funcionarios que no revelen posibles conflictos de interés. La Cámara de Representantes no va tan lejos como el Senado en lo que respecta a las sanciones, pero incluye disposiciones destinadas a aumentar la supervisión del Departamento de Niños y Familias en la gestión de los grupos de bienestar infantil. El destino de los proyectos de ley sigue en el aire mientras la Cámara de Representantes y el Senado liman sus diferentes enfoques quedando cuatro días para el final del período anual de sesiones legislativas de este año.

La legislación propuesta se produce casi cuatro años después de que el gobernador Ron DeSantis ordenó a las dependencias estatales revisar cómo las organizaciones sin fines de lucro que reciben dólares del estado gastan su dinero en cosas como los salarios de ejecutivos.

Las acciones del gobernador fueron impulsadas por lo que dijo eran revelaciones de que la Florida Coalition Against Domestic Violence, una organización sin fines de lucro financiada por el estado, había usado fondos estatales y federales “para subsidiar pagos exorbitantes de compensación del equipo de liderazgo ejecutivo”. Tiffany Carr, ex directora de la organización, recibió una compensación de más de $7.5 millones en tres años, a pesar de estar sometida a vigilancia por parte del Departamento de Niños y Familias.

Inspirados por esa directriz, dos auditores privados contratados por el Departamento de Niños y Familias de la Florida descubrieron problemas en seis de los 17 grupos de bienestar infantil contratados por el estado, incluido el hecho de no licitar los contratos de forma competitiva.

La promotora del proyecto de ley de la Cámara, la representante estatal Fiona McFarland, declaró el lunes que quería hacer más por la responsabilidad y la transparencia en el sistema después de conocer que las revisiones estatales habían planteado recientemente posibles problemas en algunas de las organizaciones.

Los proyectos de ley de la Cámara de Representantes y del Senado impondrían multas a las organizaciones sin ánimo de lucro que no revelen los conflictos de interés al firmar un contrato, pero la multa de la Cámara de Representantes es menor que la del Senado: $10,000 por la primera infracción, frente a los $25,000 del Senado. Y en el Senado, cuando un grupo no revela un conflicto de interés al establecer un contrato, un miembro del consejo puede ser destituido; con el proyecto de la Cámara, no lo sería.

Además, una disposición pudiera afectar el salario de un ejecutivo que ha sido objeto de escrutinio por una revisión del Departamento de Niños y Familias el año anterior. García dijo que propuso la legislación a la luz de las revisiones respaldadas por el estado que plantearon preocupaciones acerca de grupos como Northwest Florida Health Network y lo mucho que el grupo pagó su presidente ejecutivo, Mike Watkins.

También le preocupan las denuncias contra Eckerd Connects y Embrace Families, los dos contratistas del estado que enfrentaron un escrutinio de las decisiones financieras mientras los niños bajo su cuidado dormían en las oficinas. El estado ya no tiene contratos con Eckerd y Embrace Families.

Watkins gana actualmente $775,000 al año, según los registros estatales. De esa cantidad, gana $310,000 de los contratos de atención basada en la comunidad y $139,500 de un contrato estatal independiente con el Departamento de Niños y Familias, lo que hace que su salario total en dólares públicos sea de $449,500. Según la propuesta del Senado, su tope salarial en dinero público se fijaría en $315,000.

Watkins dice que actualmente está cumpliendo con los requisitos de compensación de la ley estatal y que planea “apegarse a las leyes como siempre lo hemos hecho” si la disposición del proyecto de ley del Senado se aprobara, y potencialmente afectara a su salario actual.

La legislación del Senado tendría en cuenta esa paga extra del estado, lo que obligaría a Watkins a reducir su salario.

“Estoy muy orgulloso del éxito que hemos tenido en todo el Panhandle. Como la única empresa de atención administrada que sirve tanto a la protección de la infancia y la salud conductual en la Florida estamos en una posición única para servir a los niños y las familias en 18 condados del norte de la Florida”, dijo Watkins en un comunicado cuando se le preguntó acerca de su salario.

Watkins también preside la junta directiva de la Florida Coalition for Children, que representa a los diversos grupos de protección de la infancia que tienen contratos con el estado, y participa activamente en los círculos políticos republicanos.

La semana pasada, la presidenta del Senado, Kathleen Passidomo, dijo que el gobierno tiene que hacer un “mejor trabajo” para garantizar que los fondos públicos no sean mal utilizados y dijo que apoyaba la propuesta del Senado.

La representante estatal Fiona McFarland, promotora del proyecto de ley en la Cámara de Representantes, afirmó el lunes que la propuesta de la Cámara es una “mejor opción” y dijo que la consideraba un “compromiso” entre lo que pretende hacer el Senado y los comentarios que recibió de los implicados en grupos privados de bienestar infantil.

“Creemos que debemos recompensar a los ejecutivos fuertes por su buen trabajo y, al mismo tiempo, ser responsables de hasta dónde puede llegar la remuneración de los ejecutivos”, dijo McFarland, republicana de Sarasota. Añadió que dar a los administradores más “flexibilidad” en el salario ayudaría a atraer a más proveedores a ese sector.

En un mensaje de texto al Herald/Times el lunes, García dijo que le preocupa que permitir cantidades salariales más altas quitará dinero de los servicios y le gustaría ver disposiciones más fuertes que el proyecto de ley de la Cámara.

McFarland dijo que su propuesta daría más poderes al Departamento de Niños y Familias para garantizar el cumplimiento de los contratistas de atención basada en la comunidad y crearía un panel de supervisión de dichos contratos.

En una escala del proyecto de ley a mediados de febrero, Watkins dijo a los legisladores que las medidas de rendición de cuentas propuestas en el proyecto de ley ya existen, y señaló que el departamento tiene un representante en “cada una” de las reuniones de la junta que tienen y que la dependencia estatal “aprueba cada dólar” que gastan para su reembolso.

También mencionó que el estado ya puede decidir no renovar un contrato.

“Esas palancas ya existen y ya han expulsado a los malos actores”, dijo Watkins.

En una declaración enviada por correo electrónico, un portavoz del Departamento de Niños y Familias dijo que se centran en la rendición de cuentas y la transparencia en el sistema de bienestar infantil.

“Agradecemos el apoyo de la Legislatura en este período de sesiones a través del SB 536 y el HB 1061, que garantizará aún más que la financiación en el sistema está siendo adecuadamente gestionada y gastada para ayudar a lograr los mejores resultados para los niños a nuestro cuidado”, dijo el portavoz.

La secretaria del Departamento de Niños y Familias, Shevaun Harris, dijo a los legisladores en una reunión de la comisión que apoya las medidas de rendición de cuentas del proyecto de ley. Dijo que “no fueron pensadas de la nada”, sino que surgieron de la necesidad de cerrar las lagunas descubiertas en las auditorías.

Harris dijo que se piensa típicamente que el sistema de bienestar infantil está insuficientemente financiado, y que querían estar seguros de que “cada dólar se destine a los servicios necesarios para los niños”.

“Creemos firmemente que las disposiciones que aquí se recogen no son excesivas, sino que más bien apoyan el sistema más responsable que podemos tener para los niños de acogida”, dijo Harris.