Lamborghinis y joyas: cómo el ‘dinero fácil’ del Tío Sam hizo de Miami un festín para los estafadores del PPP

Cuando el coronavirus amenazó con convertir el país en un cementerio de empresas en quiebra, el Congreso se apresuró a aprobar un programa de préstamos de emergencia: unos $800,000 millones —aproximadamente el presupuesto anual de defensa— se repartieron en cuestión de meses entre millones de empresas.

Había pocas condiciones: la Agencia Federal para el Desarrollo de la Pequeña Empresa (SBA) ofrecía plenas garantías a los prestatarios y accedía a condonar los préstamos aprobados por los bancos siempre que se usaran para pagar los salarios de los empleados y otros gastos generales.

“Era un ‘todo gratis’”, dijo Michael Brown, agente especial supervisor del FBI que dirige una brigada de delitos financieros en el sur de la Florida. “Todo tipo de gente se metía. Había solicitudes en línea y los bancos lo ponían tan fácil como podían”.

Los delincuentes cobraron y recibieron miles de millones en préstamos del Programa de Protección del Salario (PPP) financiados por los contribuyentes y rápidamente se fueron de compras. Compraron Lamborghinis, Porsches, Teslas y Bentleys y llenaron sus joyeros de collares, pulseras y relojes con diamantes y oro.

El sur de la Florida era un festín para los estafadores.

A finales del año fiscal, en septiembre, los fiscales federales presentaron cargos por fraude contra casi 3,200 acusados en todo el país —incluidos unos 250 en el sur de la Florida, la región más afectada— por robar cerca de $1,700 millones de PPP y otros servicios de préstamos de ayuda a víctimas de la pandemia, de acuerdo con el Departamento de Justicia (DOJ).

El dinero fácil atrajo a una muestra representativa de la sociedad, desde empresarios y banqueros hasta agentes de policía y jóvenes que acababan de empezar sus carreras. Ahora, todos ellos son delincuentes convictos.

Entre los atrapados están 17 agentes de la Policía de Broward y funcionarios de prisiones, los cuales se hacían pasar por empresarios individuales y fueron acusados en octubre por embolsarse un promedio de $25,000 cada uno en préstamos pandémicos. Todos perdieron su empleo y, de momento, la mayoría se declaró culpable.

En enero, el urbanizador inmobiliario del sur de la Florida Eric Sheppard fue declarado culpable en un tribunal federal de Miami de fraude electrónico consistente en falsificar documentación y falsificar firmas en solicitudes para obtener unos $900,000 en préstamos. Sheppard, de 53 años, quien creció en Miami Beach y crio a su familia en Bal Harbour, se enfrenta a varios años de prisión en la sentencia que se dictará en abril.

Brown, del FBI, y otros investigadores federales dijeron que la convergencia de una crisis de salud pública y un rescate del Congreso dio lugar a una “tormenta perfecta” explotada por delincuentes y gente corriente. Aunque las autoridades atribuyen a los programas de préstamos para la pandemia el apuntalamiento de la economía estadounidense, también dijeron que el sistema gubernamental carecía de salvaguardias y fue presa de robos generalizados.

“En aquel entonces, todos sabíamos lo que se avecinaba y tratamos de adelantarnos”, dijo Michael Buckley, ex agente especial en funciones a cargo de las Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) en Miami. “Iban tras el dinero fácil”.

“Había fraude descarado en el que el negocio se lo inventaba todo o el negocio tradicional [estaba] movido por la codicia”, dijo. “La mayoría del dinero iba a negocios legítimos, pero parte iba a delincuentes y organizaciones criminales”.

Alardeando en Instagram

Entre los cientos de sospechosos de fraude de préstamos que aparecieron en el radar del sur de la Florida estaba Andre Lorquet. En marzo de 2019, Lorquet abrió un negocio, Miami ENT, LLC, y, después de que el COVID-19 arrasara la nación un año después, usó la compañía para amasar una pequeña fortuna obteniendo préstamos PPP y otros préstamos de ayuda para la pandemia por un total de $4.4 millones.

Gastó más de $600,000 en dos Teslas, un Lamborghini Urus y un Porsche Panamera GTS, según HSI.

Al igual que varios de los delincuentes de fraude de préstamos de PPP, Lorquet, de 39, publicó fotos de sí mismo y sus “joyas” en Instagram, con el nombre de su empresa y comentarios como “Mantenga los ojos en el premio”.

Así es como Lorquet, que se declaró culpable de lavado de dinero en 2023 y fue condenado este mes a seis años de prisión, llevó a cabo su esquema de préstamos pandémicos, de acuerdo con los registros del tribunal federal.

Lorquet, quien asistió a la escuela secundaria en Miami Springs pero no se graduó, presentó una solicitud de préstamo en línea de PPP el 3 de junio de 2020 para Miami ENT a BlueVine, un procesador de préstamos de California, afirmando que tenía 10 empleados y una nómina mensual promedio de $86,258; también dijo que la nómina de su empresa fue de $1,035,091 en el año anterior en un formulario de impuestos del IRS.

Su solicitud de préstamo era de $215,645, el máximo que podía pedir, y solo tardó dos días en recibir los fondos.

Aunque Lorquet falsificó las declaraciones y el papeleo, su solicitud de préstamo fue aprobada por BlueVine y $215,645 fueron depositados en su cuenta en TD Bank el 5 de junio de 2020. Cinco días después, Lorquet le transfirió $93,439 a Tesla Motors para comprar un modelo S de 2020.

Lorquet, que dirigía su negocio falso desde una residencia en West Kendall, reconoció que repitió su esquema de préstamos pandémicos tres veces más a lo largo de ese año y en 2021, según una declaración presentada con su acuerdo de culpabilidad. Admitió haber usado su misma empresa Miami ENT para obtener otro préstamo PPP, así como otros dos de un programa de Préstamos para Desastres por Daños Económicos (EIDL) y un programa de Subvenciones para Operadores de Locales Cerrados (SVOG). Millones de fondos del gobierno entraron en sus cuentas bancarias.

Lorquet compró autos aún más exóticos: $29,000 en un Porsche Panamera GTS de 2019, $329,195 en un Lamborghini Urus de 2022 y $158,653 en un Tesla Plaid de 2022, según su acusación.

Collar de diamantes con el paisaje urbano de Miami

En su sentencia a principios de este mes, un fiscal federal de Miami describió a Lorquet como un criminal codicioso que desplumó a su país en uno de sus momentos más débiles de la historia.

“Estábamos en medio de una pandemia y una crisis nacional”, dijo el fiscal federal adjunto Jonathan Bailyn. “Hubo mucha gente que vio esto como una oportunidad para la caridad; este acusado lo vio como una oportunidad para la explotación y el oportunismo”.

“Las cosas que compró el acusado eran objetos vanos y personales”, le dijo Bailyn al juez federal de distrito K. Michael Moore. “Pero el delito del acusado fue fraude contra los contribuyentes y contra un fondo limitado de dinero, dinero que el acusado robó, dinero que no podía ir a las empresas y a las personas que lo necesitaban”.

“Fue una época en la que, si las fotografías se hubieran tomado en blanco y negro, las líneas de pan se habrían parecido a las de la Depresión”, dijo.

Moore le preguntó a Bailyn qué parte de los fondos del préstamo pandémico devolvió Lorquet.

“Nada”, dijo Bailyn, señalando que el gobierno federal incautó de sus cuatro autos de lujo y de varias joyas que compró.

Entre ellas un reloj Audemars Piguet con incrustaciones de diamantes de $30,900, una pulsera “cubana” de eslabones de cadena de oro con el logotipo de Miami tachonado de diamantes de $30,000 y un collar de oro con diamantes hecho a medida con un colgante con el paisaje urbano de Miami y el nombre de su empresa $129,600.

El fiscal también dijo que Lorquet, quien dijo tener problemas de aprendizaje, no era la única persona que se beneficiaba de su plan de estafa: “No fue solo una oportunidad para que el acusado se enriqueciera, [sino que] también facilitó que otras personas se enriquecieran”.

Esquema de “comisiones ilegales”

Los registros del tribunal federal muestran que Lorquet ayudó a tramitar las solicitudes de préstamos para 36 particulares y empresas del sur de la Florida. Cada solicitud pedía la misma cantidad de préstamo —$198,990— y estaba respaldada con un número falso de empleados, ingresos por nóminaa, ingresos por ventas y declaraciones del impuesto de sociedades de años anteriores a la pandemia, según Bailyn.

Del total, cuatro solicitudes fueron aprobadas y cinco estaban pendientes de aprobación, mientras que otras debían volver a presentarse, de acuerdo con una hoja de cálculo encontrada en la computadora de Lorquet.

Los registros muestran además que la empresa de Lorquet Miami ENT recibió pagos en cheque de al menos cinco solicitantes de préstamos que el fiscal describió como “comisiones ilegales”, con un promedio de $30,000 cada una.

El abogado defensor de Lorquet Henry Bell, quien se hizo cargo de su caso cuando un abogado anterior se hizo a un lado después de que el acusado tratara de retirar su acuerdo de culpabilidad, dijo que Lorquet abusó del programa de préstamos para pandemias de SBA, pero Bell dijo que Lorquet no actuó solo, ya que intentó obtener una condena menor de unos cinco años para su cliente, cuya fianza fue revocada en los meses posteriores a su detención.

“Todo el dinero no fue para él”, le dijo Bell al juez Moore, a quien no le convenció su argumento. “El descubrimiento [de pruebas] muestra que había otras personas involucradas, otras personas están siendo investigadas y muy bien podrían ser acusadas como parte del esquema”.

El caso de Lorquet forma parte de una investigación en curso, según la Fiscalía Federal de Miami. Hasta el momento, ha conducido a la condena de al menos otro fraude PPP y se espera que otros sospechosos sean acusados en los próximos meses.

Agente inmobiliaria en prisión

Una de las solicitantes de préstamos que le pagó a Lorquet un soborno fue Daniela Rendón, la cual emigró a Estados Unidos hace una década, de acuerdo con los expedientes judiciales. El año pasado, la ex agente inmobiliaria de Miami se declaró culpable de fraude electrónico y fue encarcelada por esquilmar un par de programas de préstamos de COVID-19, incluido el uso de parte de sus fondos mal habidos para alquilar un Bentley.

Rendón, que también fue condenada a devolverle $198,990 al gobierno federal, usó su trabajo como agente inmobiliaria en Miami para llevar a cabo su delito con la ayuda de Lorquet, dijo Bailyn. Ella le pagó una comisión de $34,400 con un cheque corporativo, según muestran los registros.

En su audiencia de sentencia en agosto, Rendon dijo que parecía que “todo el mundo lo hacía”, pero, después de que la pillaran embolsándose cientos de miles de dólares, la madre de 32 años dijo que se dio cuenta de que las víctimas de su delito no eran las “entidades sin rostro del gobierno de Estados Unidos”, sino los “innumerables particulares y empresas” que sufrieron durante un “periodo de dificultades económicas sin comparación”.

La confesión de Rendón —que incluía un documento de 30 páginas sobre sus remordimientos— lo ayudó a obtener una condena de tres años y medio del juez Moore, quien podría haberle impuesto un año más de cárcel.

“No es tan fácil ver que realmente estás robando a tus vecinos, a tus amigos y a otros ciudadanos”, dijo Moore, atribuyéndole a Rendon el mérito de reconocer a sus verdaderas víctimas mientras condenaba su delito. “Es su dinero, que va a parar a Hacienda, el que hace posible este tipo de programas”.

En el punto álgido de la pandemia, Rendon se hizo pasar por un urbanizador inmobiliario de Miami que necesitaba desesperadamente préstamos de ayuda del gobierno federal para mantenerse a flote. Rendon fabricó registros para su negocio inmobiliario, Rendon PA, diciendo que había recaudado unos $92 millones en ingresos, según una acusación.

Pero, en realidad, Rendon era una asociada de ventas de A3 Development LLC, que le pagó a su empresa Rendon PA $2,000 quincenales durante un año antes de que la pandemia golpeara en marzo de 2020, de acuerdo con una declaración de hechos presentada con su acuerdo de culpabilidad.

En lugar de gastar el dinero en gastos empresariales legítimos, Rendon usó los préstamos de la pandemia para alquilar un Bentley Bentayga 2021 (con precio de venta $181,000), alquilar un apartamento en Biscayne Bay, pagar procedimientos dermatológicos cosméticos y renovar sus zapatos de diseñador, según los registros judiciales.

En 2020, incluso le enseñó a su entonces novio Eliasib Reyes cómo estafar al sistema de préstamos pandémicos, el cual el año pasado se declaró culpable de fraude electrónico y fue condenado a siete meses.

Reyes, quien había trabajado en finanzas y ventas en Braman Motors en Miami durante la década anterior, dijo que mintió acerca de ser un contratista independiente que dirigía un taller de reparación de carrocerías cuando solicitó $40,000 del programa de Préstamos por Desastres por Daños Económicos (EIDL) de SBA en julio de 2020 y recibió ese dinero.

Luego usó otra compañía falsa, Reyes Aviation, para solicitar un segundo préstamo pandémico por un total de $48,700, el cual también fue aprobado.

Reyes gastó una parte de los fondos de su préstamo en relojes de alta gama Audemars Piguet Royal Oak, Rolex Oystersteel y Everosegold, al igual que transfirió $17,000 a su cuenta de TD Ameritrade, según los registros judiciales.

“Lagunas de control” en los préstamos de SBA

En marzo de 2020, cuando la nación empezaba a sentir los efectos mortales del coronavirus que se extendía rápidamente, el Congreso aprobó una ley de estímulo de $2.2 billones llamada Ley CARES que pretendía paliar los daños a las empresas durante la inevitable recesión económica. PPP de SBA se incluyó en esa legislación de emergencia, pero la primera ronda de préstamos de PPP se agotó tan rápidamente que los legisladores asignaron más dinero, elevando el fondo total de préstamos para la pandemia a unos $800,000 millones.

El objetivo central del programa de préstamos de SBA y otros servicios para pandemias era ayudar a las empresas en dificultades con menos de 500 empleados a pagar sus nóminas y cubrir otros gastos generales para seguir siendo viables durante la crisis de salud pública. Los principales bancos y otras instituciones financieras revisaron las solicitudes, muchas de las cuales fueron presentadas por clientes habituales. Le cobraron entre un 1% y un 5% de comisiones a SBA por tramitar los préstamos para empresas pandémicas.

Sin embargo, un sistema basado en el honor atrajo a hordas de ladrones.

En particular, el programa de alivio de préstamos COVID-19 de SBA inyectó miles de millones en la economía entre 2020 y 2021 sin establecer un sistema interno para gestionar el fraude potencial. A su vez, ese fallo dio lugar a “lagunas de control” que permitieron a miles de solicitantes de préstamos con negocios ficticios y documentación falsificada engañar a los prestamistas y cobrar, de acuerdo con un reporte de la Oficina del Inspector General (OIG) de SBA.

Desde el principio, OIG de la agencia tuvo que investigar casos de sospecha de fraude, recibiendo más de 54,000 quejas a la línea directa de fraude de PPP hasta diciembre de 2021, según el reporte.

“SBA no tenía una estructura organizativa con funciones, responsabilidades y procesos claramente definidos para gestionar y manejar préstamos PPP potencialmente fraudulentos en todo el programa”, se lee en el reporte.

Un portavoz de SBA declinó hacer comentarios sobre sus investigaciones de fraude e incumplimiento de PPP.

“El Congreso diseñó PPP para que fuera un préstamo condonable totalmente garantizado por el gobierno federal”, dijo el portavoz en una declaración facilitada a Miami Herald.

Desde la creación del programa, SBA ha desembolsado más de 11,460,000 préstamos por un total de $792,000 millones en todo el país; de ellos, la agencia ha condonado 10,570,000 préstamos por valor de $760,000 millones porque se usaron para cubrir la nómina de los empleados y otros gastos elegibles de las pequeñas empresas, como los intereses hipotecarios, el alquiler o los servicios públicos.

Aunque SBA dijo que es incapaz de precisar la cuantía del fraude en los préstamos de PPP, los fiscales federales de todo el país han iniciado miles de investigaciones penales y civiles sobre personas y empresas acusadas de robar miles de millones del sistema de ayuda a las víctimas de la pandemia.

Un Lamborghini blanco

El gusto de Lorquet por los autos rápidos y las joyas de lujo era compartido por varios estafadores del sur de la Florida acusados de estafar a los programas de préstamos del gobierno estadounidense para enfrentar la pandemia.

En agosto, Valesky Barosy fue condenado a seis años de prisión después de que un jurado federal determinara que había comprado un Lamborghini y otros artículos de lujo con $2 millones procedentes de PPP y otros préstamos de ayuda.

Barosy, de 29 años, de Pembroke Pines, abandonó la escuela secundaria y se convirtió en presidente de una empresa conocida como VBarosySolutions Inc. Fue declarado culpable de fraude electrónico, lavado de dinero y usurpación de identidad por un jurado federal de Fort Lauderdale en un raro caso de estafa de préstamos COVID-19 que llegó a juicio.

El jurado determinó que falsificó gastos empresariales de años anteriores, nóminas de empleados y formularios fiscales del IRS para conseguir fondos públicos para él y otras personas. Después se fue de compras y se hizo con un Lamborghini Huracán EVO, relojes Rolex y Hublot y ropa de diseñador de marcas como Louis Vuitton, Gucci y Chanel.

En Instagram, Barosy a menudo posaba con el Lambo blanco, presentándose como un mentor inspirador.

“No es el Lamborghini ni la casa de $1 millónlo que inspirará al mundo, sino las pruebas y tribulaciones que has superado”, escribió en un post Barosy, quien nació en Haití y emigró al sur de la Florida cuando era adolescente.

En uno de los primeros casos de fraude en préstamos de PPP, el empresario de Miami David T. Hines, de 34 años, fue condenado a más de seis años luego de declararse culpable de robar millones del programa de ayuda y comprar artículos de lujo, incluido un Lamborghini Huracan Evo de $318,000. A Hines se le ordenó entregar el lujoso deportivo italiano y $3.4 millones que recibió en préstamos del gobierno.

Hines, que tenía un negocio de mudanzas, también usó el dinero de los préstamos para portales digitales de citas, joyas y ropa y para estancias en hoteles de lujo como el Fontainebleau y Setai de Miami Beach.

Comprobación de cuentas bancarias y registros fiscales

Aunque la ostentación de Miami es lo que da mala fama a los estafadores de los préstamos de PPP, los investigadores dijeron que no es así como se les suele atrapar por estafar al programa gubernamental.

Poco después de que el Congreso aprobara la Ley CARES, los investigadores federales de todo el país —especialmente en su capital del fraude, el sur de la Florida— empezaron a prepararse para la avalancha de solicitudes falsas de préstamos para la pandemia. Los malos actores iban desde propietarios de negocios turbios a pseudopreparadores de impuestos o delincuentes de Internet, según los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.

‘La nueva droga’

“Para muchos de ellos, la estafa es la nueva droga”, dijo Eric Weindorf, agente especial adjunto en funciones de HSI en Miami. Dijo que los investigadores descubrirían sospechosos criminales con “libros de jugadas” sobre cómo desplumar al sistema de préstamos PPP fabricando el perfil de una empresa, desde el número de empleados hasta los gastos de nómina.

Los aliados más informativos para las fuerzas del orden, como el FBI y HSI, fueron los bancos y otras instituciones financieras que examinaron las solicitudes de préstamo, presentadas en su mayoría por clientes habituales que mantenían cuentas con ellos.

Como resultado, incluso si los malos clientes se colaban en el proceso de solicitud, sus bancos podían atraparlos por la parte de atrás debido a su consumo conspicuo. El dinero no se gastaba en las nóminas de los empleados o en el alquiler de oficinas, como exige la ley, sino en cosas personales, como deudas de tarjetas de crédito, hipotecas de viviendas y artículos de lujo.

Además, SBA empezó a comprobar los registros fiscales con el IRS cuando los prestatarios pedían que se les condonaran las deudas de sus préstamos. SBA y el IRS descubrieron que los registros fiscales de algunos prestatarios, al igual que sus solicitudes de préstamo, eran ficticios.

Los investigadores también cultivaron informadores dispuestos a proporcionar información privilegiada, sobre todo en las investigaciones de múltiples solicitantes de préstamos.

El banquero se fue a la cárcel

Un ejemplo: en 2023, un ejecutivo que supervisaba todas las sucursales de TD Bank en el Condado Miami-Dade fue enviado a prisión durante 10 años después de declararse culpable de una conspiración de fraude electrónico en la que dirigió un trabajo interno que estafó millones de PPP.

Daniel Hernández, un director de mercadotecnia minorista de 51 años que supervisaba a 80 empleados bancarios en 27 sucursales de TD, dijo que se embolsó “comisiones” similares a sobornos mientras colaboraba con clientes de TD Bank, un antiguo empleado del banco y otras personas para presentar documentación falsificada para 90 préstamos PPP por valor de hasta $25 millones, de acuerdo con una declaración de hechos presentada con su acuerdo de culpabilidad.

En total, Hernández y su red ilícita recibieron $15 millones en préstamos fraudulentos aprobados por TD Bank, descrito por el fiscal federal Eli Rubin como “uno de los mayores casos de ayuda COVID-19 del país”. Tres de los cómplices de Hernández en el caso de fraude del TD Bank también se declararon culpables y fueron condenados a penas de prisión menores.

Bell, el abogado defensor de Hernández que también representó a Lorquet, dijo que su cliente le entregó al FBI en su bufete de abogados una parte significativa de su participación en las ganancias ilícitas: comisiones ilegales por un total de $606,060.

“Es inusual que alguien que tiene esa cantidad de dinero en efectivo lo admita y lo entregue”, le dijo Bell al juez Moore en la sentencia de Hernández el pasado mes de marzo.

Los investigadores del FBI estuvieron de acuerdo.

“En la mayoría de estos casos, el dinero se desperdicia con bastante rapidez”, le dijo Brown, del FBI, quien dirige una brigada de delitos financieros, a Miami Herald. “La mejor manera de recuperar algo de él es a través de los tribunales”.

Brown dijo que Hernández, un veterano banquero, no hizo ninguna compra llamativa con su dinero, como el símbolo del estatus de Miami, el Lamborghini.

“Si el asunto es llamativo, puede llamar la atención”, dijo. “Al final, es un caso sólido si puedes vincular compras como esa con el fraude de los préstamos [de PPP]. Es un relato muy claro: lo más alejado de un gasto de nómina es un Lamborghini”.

“Pero, en última instancia, no es así como atrapan a estos tipos”.