MONTEVIDEO.– La Cámara de Representantes de Uruguay aprobó en la madrugada de este jueves una nueva ley de medios con un polémico artículo sobre la “imparcialidad” de la información que, según lo esperado, fue vetado horas después por el presidente Luis Lacalle Pou.

El proyecto de ley de regulación de servicios de difusión de contenido audiovisual obtuvo la sanción parlamentaria definitiva con 50 votos de la coalición de gobierno de centroderecha, sobre 91 diputados presentes del total de 99 que conforman la Cámara baja.

El opositor Frente Amplio (FA) no apoyó la iniciativa, que modifica la ley de servicios de comunicación audiovisual adoptada en 2014 al final del gobierno de José “Pepe” Mujica, y reglamentada en 2019 en el último tramo de la segunda presidencia de Tabaré Vázquez.

La nueva norma no era pasible de cambios tras haber sido aprobada en diciembre en Diputados y en mayo en el Senado, donde Cabildo Abierto, facción de derecha de la coalición gobernante, introdujo un controversial añadido.

El artículo 72 establecía “el deber de brindar a los ciudadanos información, análisis, opiniones, comentarios y valoraciones de manera completa, imparcial, seria, rigurosa, plural y equilibrada entre los actores políticos y respecto a los mismos”.

Y agregaba: “Esta obligación comprende a todos los programas y espacios que emitan análisis, opiniones, comentarios, valoraciones e información de carácter político en el sentido más amplio del término, incluyendo contenidos de alcance gubernativo, parlamentario, legislativo, administrativo, partidario, jurídico, académico y electoral”.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que representa a las principales organizaciones de medios de comunicación de las Américas, había considerado “inadmisible” esta “imposición”.

Legisladores de la coalición gubernamental liderada por Lacalle Pou accedieron a votar a favor de la iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo con la expectativa del veto parcial presidencial, que el mandatario aplicó en la tarde de ayer.

Desde su llegada al poder en 2020, la administración de Lacalle Pou impulsaba una nueva ley de medios por considerar “hiperreglamentarista” la anterior.

Monopolios

La nueva normativa, que como la de 2014 regula sólo los servicios de radio y televisión, y no la difusión en internet, elimina la declaración de que el Estado debe impedir la formación de monopolios y oligopolios para garantizar la diversidad y el pluralismo en el acceso a la información.

También deja sin efecto el financiamiento del fondo de promoción del sector de comunicación audiovisual, conformado con aportes de los titulares de licencias de televisión para abonados, así como la obligación de los cableoperadores de incluir en su paquete básico las señales de la televisión nacional de Uruguay.

Por otra parte, consagra el derecho de los titulares de licencias de televisión para abonados de ofrecer servicios de banda ancha.

Desde la presidencia advirtieron  que los ministros que responden a Cabildo Abierto “pueden no firmar” el veto. Esta última definición es, de alguna manera, un mensaje al candidato Guido Manini Ríos –el impulsor de la inclusión del artículo en cuestión–, puesto que ahora, como está regulado por la Constitución, el veto deberá ser valorado por la Asamblea General en un plazo de 30 días, y se definirá por “lo que decidan los tres quintos de los miembros presentes de cada una de las Cámaras”, según dice la carta magna.

El año pasado, cuando el Parlamento no llegó a los votos para levantar el veto contra una ley de extrabajadores de Casa de Galicia, Cabildo Abierto votó en contra del veto presidencial, pese a que sus ministros –Karina Rando (Salud Pública) y Raúl Lozano (Vivienda)— habían firmado la resolución de Lacalle Pou.

Agencia AFP y diario El País/GDA