La filtración sobre Ayotzinapa que podría beneficiar a los nuevos acusados del crimen

Familiares y amigos marchan en la Ciudad de México el viernes 26 de agosto de 2022 en busca de justicia para los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en 2014 en el estado de Guerrero. (AP Foto/Marco Ugarte)
Familiares y amigos marchan en la Ciudad de México el viernes 26 de agosto de 2022 en busca de justicia para los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en 2014 en el estado de Guerrero. (AP Foto/Marco Ugarte)

El pasado fin de semana Peniley Ramírez, del periódico Reforma, publicó una “filtración” en la que revela los datos confidenciales contenidos en el Informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia que aparecían testados, es decir, ocultos en la versión que hizo pública, el 8 de agosto, el subsecretario Alejandro Encinas, sobre el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos hace ocho años.

La versión sin censura, proporcionada por “una fuente que tenía acceso al informe sin testar”, aporta datos sobre las diferentes maneras cómo fueron asesinados los estudiantes. Cuestiona la “Verdad Histórica” presentada por el exprocurador Jesús Murillo Karam, que indicaba que los 43 normalistas habrían sido quemados y sus cenizas arrojadas al río Cocula.

El documento filtrado a la reportera aporta datos que no habían sido divulgados.

“Casi todos los 43 normalistas que desaparecieron el 26 de septiembre de 2014 fueron asesinados, descuartizados y enterrados esa misma noche. Los criminales de Guerreros Unidos pensaron en quemarlos, pero eran muchos cadáveres y cambiaron de opinión. Se los repartieron. Cada grupo criminal se deshizo de los restos a su cargo como pudo […] A partir del 29 de septiembre, comenzó el encubrimiento. En los chats donde antes habían coordinado los asesinatos, criminales, funcionarios y militares hablaban de cómo desenterraban cuerpos para llevarlos al 27 Batallón de Infantería. Allí no entraría nadie. A mediados de noviembre, seguían desenterrando y moviendo cuerpos”. (Reforma, 25 de septiembre de 2022)

La filtración de los “nuevos datos”, en el contexto del octavo aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, impacta los procesos judiciales en marcha, al revelar la identidad de los inculpados, con lo que se violenta el debido proceso de los presuntos involucrados.

El subsecretario Alejandro Encinas condenó la información publicada por Peniley Ramírez y manifestó que procederá legalmente. Al respecto comentó en Twitter:

"Condeno la lamentable filtración de la información entregada a la @FGRMexico por la Comisión de #Ayotzinapa. Es absolutamente irresponsable y una falta de respeto a los padres y madres de los estudiantes desaparecidos".

"En todo momento se debe preservar el interés superior de las víctimas ante un asunto tan delicado. Este tipo de filtraciones, lejos de ayudar a la investigación, la perjudican y abren paso a la impunidad. Solicito a la @FGRMexico que inicie una indagatoria para identificar y castigar a quien resulte responsable de esta grave filtración".

En su conferencia mañanera López Obrador se refirió a la filtración. Dijo que habría sido hecha “de mala fe” con el propósito de “manchar la investigación” e impedir la justicia.

“A lo mejor quienes filtraron este documento sin testar lo hicieron pensando en que de esa manera ya no va a tener validez legal. Sí, pero nada más que este no es un asunto nada más jurídico, es un asunto de justicia y de Estado”.

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Con alguna intención, hace algunas semanas, una “fuente” buscó a Peniley Ramírez y le entregó una copia sin testar del informe de Encinas. Ese hecho lleva a las preguntas ¿Quiénes tuvieron acceso al informe sin testar de Alejandro Encinas? ¿Quiénes se benefician con la filtración del informe sin censuras?

El contexto de la filtración y su intención, entre otros, está en la confrontación que el informe de Encinas provocó con el Ejercito, cuando responsabilizó a los mandos que estuvieron al frente del 27 batallón, en 2014, con sede en Iguala, algunos promovidos de grado en años recientes y se encuentran en activo, lo que generó protestas en contra del subsecretario.

Los militares señalados en el informe se presentaron voluntariamente ante la justicia militar y argumentan su inocencia. No obstante, para los padres de los estudiantes desaparecidos los oficiales del ejército son los responsables de la ausencia de sus hijos y les permite continuar con su demanda de justicia y da vigencia a su exigencia “Vivos se los Llevaron, Vivos los Queremos”.

En su discurso López Obrador dice con frecuencia que existen intereses que no quieren que se aclare este asunto y no desean que se haga justicia. En este momento, la “fuente” solo podría ser catalogada como “fuego amigo”, como “puente hacia la impunidad” y la podrían encontrar en Palacio Nacional, Gobernación, Defensa Nacional o Fiscalía General de la Republica. Hasta podría ser explicada con la recomendación de Maquiavelo “que no sepa tu mano izquierda lo que hace la mano derecha”.

Posiblemente, de los cien compromisos de campaña de López Obrador, el de hacer justicia y encontrar la verdad sobre los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos, va a quedar pendiente y entrará a la historia como una deuda más del Estado. No están dispuestos a hacer justicia a costa de las alianzas políticas y de poder. Finalmente, los de antes son los de ahora. Por eso no se puede. Prometer no empobrece, cumplir es lo que aniquila.

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