La 'caravana' de migrantes de Madrid de la que poco se habla

Madrid también tiene su caravana de migrantes. Se cuelan a cuentagotas entre los 17 millones de viajeros internacionales que llegan cada mes al aeropuerto Adolfo Suárez en Barajas.

Vienen de distintas partes del mundo pero todos alegan haber huido para sobrevivir a la guerra, la violencia social o un gobierno autoritario.

Los afortunados que logran pasar como turistas por los controles migratorios se apresuran a la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Madrid, que funciona en la Comisaría de la Policía Nacional de Aluche, para solicitar el asilo político.

Pero en la fría calle madrileña se topan con otros muros, esta vez invisibles, que les impiden comenzar una nueva vida.

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La aparición de un reportaje en el diario El País sobre la larga espera a la intemperie de los solicitantes a asilo llamó la atención de las cámaras de televisión y eso al parecer no gustó a las autoridades, quienes han persuadido a los recién llegados a esperar en otro lugar.

Los que se vieron obligados a desalojar los alrededores de la comisaria y del Centro de Internamiento de Extranjeros en situación irregular (CIE) de Aluche criticaron el tono de los funcionarios.

“Retírense. No lo volvemos a decir”, dijo un Policía Nacional a los que habían decidido esperar en Aluche hasta ser atendidos aunque ya los funcionarios habían repartido los 80 números de correspondía a las solicitudes del jueves y otros 80 para el viernes.

Una de las personas que consiguió un número para la entrevista de asilo fue Patricia, una maestra de 32 años, proveniente de Masaya, localidad nicaragüense sacudida por la represión ordenada por el gobierno de Daniel Ortega a las protestas de la sociedad civil, que ha dejado al menos 500 muertos según estimaciones de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANDPH).

“Temo por mi vida. Si no me otorgan el asilo no sé lo que haré. A Nicaragua no puedo volver”, dijo.

Al resto y a los que lleguen durante el fin de semana no les quedará otra opción que esperar hasta el lunes para ver si salen favorecidos en la nueva tanda que sólo les garantiza completar el primer paso de la solicitud.

En el momento de ser atendidos sólo llenarán una planilla con sus datos personales y se les dará una cita para una primera entrevista.

Hasta hace poco las solicitudes de asilo se podían hacer en cualquier comisaría de la Policía Nacional y las citas para la primera entrevista se realizaban de manera telefónica, dijo Danny Lozada, un venezolano que hizo la solicitud en 2016 y quien va a diario a repartir café y dar aliento a los migrantes.

Pero algunos venezolanos aprovecharon la situación y realizaban la cita telefónica sin haber salido de su país, lo que obligó a las autoridades españolas a exigir que los solicitantes deben hacerlo de manera presencial.

Si las cosas siguen como van, los que logren cumplir la primera etapa del proceso esta semana serán atendidos aproximadamente a finales de diciembre de 2018 y luego obtendrían una tarjeta provisional de solicitante de protección para mayo de 2019.

Obtener la llamada “tarjeta roja” no es equivalente a obtener el asilo. Es sólo una documentación que permite tener acceso a algunos servicios sociales para refugiados mientras se decide la solicitud.

El permiso de trabajo vendría mucho después, aproximadamente en diciembre de 2019, luego de renovar por primera vez la tarjeta roja, explicó Lozada.

Faltan 42.000

La Comisión de Ayuda al Refugiado (Cear) ha advertido que después de solicitar asilo hay que esperar unos 14 meses para obtener una respuesta y que en la mayoría de los casos son denegados.

Unas 70 millones de personas se han visto forzados a desplazarse por culpa de conflictos bélicos y violaciones a los derechos humanos a nivel mundial.

Aunque Alemania, Reino Unido y Francia son los principales receptores de refugiados de Europa, el número de personas que buscan protección en España ha ido creciendo.

La profundización de la crisis venezolana, el empeoramiento de la situación humanitaria en Siria y el desbordamiento de la violencia pandillera en Centroamérica ha presionado el sistema de acogida y protección internacional de España hasta el punto que hay al menos 42.000 expedientes sin resolver.

En el 2017, unos 13.425 venezolanos pidieron protección y sólo 25 obtuvieron una respuesta positiva.

Unos 4.225 sirios solicitaron asilo y apenas 20 obtuvieron un asilo pleno. Pero 3.470 obtuvieron la protección subsidiaria y 150 una respuesta negativa, asunto que Cear considera “incomprensible teniendo en cuenta la situación de este país”.

La historia de Manuel

Manuel es venezolano, tiene 46 años, llegó hace 4 días a Madrid. Entró por el puesto fronterizo de Barajas en un vuelo directo desde Maiquetía, una ciudad portuaria donde queda el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar.

“Vengo huyendo del hambre y de la dictadura”, se apresuró en decir el abogado que lo vendió todo para comenzar de nuevo en España. “El gobierno no sólo está acabando con vidas sino también está desintegrando a las familias. Mi hija está en México, mi hijo en Perú y dejé a mi esposa en Venezuela”, dijo.

Manuel pasó sin problemas por los controles migratorios de España, pero antes de abordar el avión fue sometido a un interrogatorio de 4 horas por la Guardia Nacional de Venezuela.

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“Me revolvieron las maletas, me quitaron el dinero, el teléfono y me preguntaban una y otra vez si tenía algún tipo de vinculación política. Afortunadamente tenía un teléfono nuevo donde no tenía contactos ni fotos y no me traje ningún papel que pudiera dar pistas sobre mí”, relató.

Lo que deseaba ocultar Manuel era su activismo político en Voluntad Popular, una partido progresista fundado por Leopoldo López, quien permanece encarcelado por razones políticas desde 2014.

“Si hubiesen descubierto quien soy ahora estaría en el Helicoide”, dijo Manual al referirse a uno de los temidos centros de detención del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin).

“Como abogado trabajé junto al Foro Penal en la defensa de los jóvenes detenidos en las manifestaciones del 2017”, agregó.

Su entrenamiento legal impidió que los guardias venezolanos decomisaran su anillo de graduación. “Quieren meterle el psicoterror a la gente de que están cometiendo el delito de contrabando de extracción por sacar oro de Venezuela. Ese anillo es mío y es lo único que poseo”.

Aunque en Venezuela ejercía el derecho aquí está dispuesto a hacer cualquier oficio para mantenerse y reunirse con su esposa.

Sólo pide a las autoridades una oportunidad.

“En Venezuela estamos acostumbrados a hacer cola. Queremos saber claramente qué hacer, a dónde dirigirnos, porque queremos hacer las cosas bien. Queremos solicitar el asilo para estar legales. Hasta hoy tengo pagado un hotelito. Mañana no sé para donde voy. Estoy buscando, estoy buscando”.