Líderes de Sacramento piden a agencias policiales abrir registros por reporte del Bee

A raíz de una investigación del Sacramento Bee, un funcionario electo está criticando a la Oficina del Alguacil por no publicar los registros de unos 50 incidentes en los que agentes del alguacil hirieron gravemente a habitantes en los últimos cinco años.

“Para que nuestras comunidades confíen en las fuerzas del orden, las dependencias deben actuar con la mayor transparencia y apertura posibles”, declaró el jueves a The Bee el supervisor del Condado de Sacramento Patrick Kennedy. “Como mínimo, debemos esperar que las dependencias de aplicación de la ley, al igual que todas las dependencias gubernamentales, cumplan la ley, lo cual debería ser considerado como un requisito mínimo, no como un límite máximo”.

El Departamento de Policía de Sacramento tampoco ha divulgado los registros de asuntos internos de hasta 50 incidentes en los que hubo habitantes baleados o gravemente heridos por agentes desde 2019, según encontró el Bee. La concejala Lisa Kaplan dijo que está dispuesta a analizar el asunto por parte de la ciudad.

“Si hay formas de aumentar la transparencia entre la policía y el público con la divulgación adecuada de documentos, siempre estoy dispuesta a analizar nuestro proceso actual y ver qué está funcionando o no para aumentar la transparencia y el cumplimiento de la ley”, dijo Kaplan, quien representa a North Natomas, el jueves. “Esto es algo que el Concejo Municipal indicó cuando aprobamos la acción para aumentar el número de personal en el departamento de policía, y esperamos que cualquier cambio para aumentar la transparencia sea presentado para su implementación”.

En 2019, los legisladores estatales aprobaron el Proyecto de Ley 1421 del Senado, que requería que las dependencias de aplicación de la ley divulgaran documentos sobre tiroteos con participación de agentes y otros usos de la fuerza que causaron las llamadas “grandes lesiones corporales”. Desde la aprobación del proyecto de ley en 2019, ambas dependencias de aplicación de la ley de Sacramento han retenido rutinariamente los registros de asuntos internos para docenas de casos, dejando al público en la oscuridad sobre si los oficiales y agentes fueron alguna vez disciplinados o despedidos por sus acciones.

La ley permite a los organismos retener los documentos de asuntos internos hasta seis meses después de que se produzca el incidente. Sin embargo, los dos organismos de Sacramento han retenido los expedientes de casos que superan con creces el plazo de seis meses, aparentemente sin consecuencias.

El Concejo Municipal de Sacramento votó en septiembre a favor de añadir cuatro empleados al departamento de policía y dos a la oficina del fiscal municipal, en parte para ayudar a la ciudad a cumplir con la ley de 2019. El ámbito de aplicación de la ley se amplió el año pasado con la aprobación del SB 16, pero los apartados sobre registros relativos a tiroteos y uso de la fuerza siguen siendo los mismos.

“Responder al público debe ser una prioridad absoluta, razón por la cual mis colegas y yo en el Concejo Municipal de Sacramento aprobamos recientemente (los puestos), para abordar los nuevos y más exigentes requisitos de la ley estatal”, dijo el alcalde Darrell Steinberg en un comunicado. “El público necesita y merece disponer de esta información”.

El vocero de Steinberg, Andrew Kehoe, no pudo decir el jueves si los seis nuevos empleados ya empezaron a trabajar.

Los comentarios de los funcionarios electos fueron impulsados por una investigación del Bee que encontró que ambas dependencias de aplicación de la ley de Sacramento están en aparente incumplimiento de una ley estatal al retener los registros de asuntos internos de hasta 100 incidentes desde 2019 en los que agentes y oficiales dispararon o hirieron gravemente a habitantes.

Kennedy dijo que planea hacer preguntas al ejecutivo adjunto del Condado Eric Jones y luego, posiblemente, llevar el asunto a la Comisión de Revisión Comunitaria, la entidad independiente que supervisa la Oficina del Alguacil.

“Voy a hacer las preguntas correctas”, dijo Kennedy. “Quiero echar un vistazo y ver cuáles son nuestras prácticas actuales. Si somos deficientes de alguna manera y no estamos cumpliendo la ley, tenemos que tener una conversación seria sobre la rectificación de eso. La transparencia debe ser la piedra angular de todo organismo público, en particular de las fuerzas del orden. Necesitamos que nuestra comunidad confíe y tenga fe en las fuerzas del orden”.

Dependencias policiales rechazan solicitudes de Ley de Archivos Públicos de California

A principios de este año, cuando el Bee presentó solicitudes de la Ley de Registros Públicos de California a la Oficina del Alguacil para todos los registros disciplinarios relacionados con incidentes ocurridos en 2021 y 2022 que cayeron bajo el SB 1421, la oficina rechazó la solicitud. En su lugar la oficina dirigió al reportero a una página de internet. En ella hay aproximadamente 50 casos desde 2019, todos mayores de seis meses, en los que los gentes dispararon o hirieron gravemente a personas, pero no han publicado los registros de asuntos internos.

El Departamento de Policía de Sacramento ha retenido de manera similar los registros de asuntos internos relacionados con el uso de la fuerza y los disparos por parte de la policía.

Desde 2019, ha habido aproximadamente 50 casos en los cuales los agentes dispararon o causaron lesiones graves a habitantes, y en los últimos seis meses, el departamento no ha divulgado registros de asuntos internos. A diferencia de la Oficina del Alguacil, no existen registros de asuntos internos para todos los incidentes en los cuales agentes disparan o causan lesiones graves, según dijo el vocero Tim Swanson.

La retención de los registros de asuntos internos que existen para los incidentes cubiertos por el SB 1421 es un incumplimiento de la ley estatal, dijo David Loy, abogado de la First Amendment Coalition.

“Si se trata de disparar a una persona o del uso de la fuerza causando lesiones corporales graves, mi punto de vista de la ley es que todos los registros tienen que ser revelados si hubo alguna acción disciplinaria, o hay alguna apelación pendiente”, dijo Loy. “Tienen 180 días para guardarlos, pero después tienen que divulgarlos”.

El vocero de la Oficina del Alguacil, el sargento Amar Gandhi, dijo que esta está cumpliendo con la ley.

“La Oficina del Alguacil seguirá cumpliendo con la ley”, dijo Gandhi en un correo electrónico el jueves. “Si el supervisor Kennedy alguna vez tiene preguntas, siempre estamos abiertos a él. Este tipo de comunicados se hacen de forma regular, a disposición del público en www.sacsheriff.com”.