Los líderes de la derecha movilizan a cuerpos de activistas electorales

En la víspera de una segunda vuelta de elecciones primarias en junio, un candidato republicano a secretario del estado de Carolina del Sur envió un mensaje a sus partidarios.

“Para todos los del equipo que van a observar las urnas mañana, buena caza”, escribió Keith Blandford, un candidato que promovió la falacia de que se le robó la victoria a Donald Trump en las elecciones de 2020, en la aplicación de redes sociales Telegram. “Ya saben lo que tienen que buscar. Ahora que el enemigo está a la defensiva, refuercen el ataque”.

Al día siguiente, activistas se dispersaron por las casillas electorales en Charleston, Carolina del Sur, y exigieron inspeccionar el equipo de votación y tomar fotografías y video. Cuando los trabajadores electorales rechazaron sus peticiones, algunos regresaron con agentes de policía para denunciar sellos rotos o extraviados en las máquinas de votación, según correos electrónicos enviados por funcionarios locales a la comisión electoral estatal. No había ningún sello roto ni extraviado.

Luego de que Blandford perdió, los activistas publicaron en línea una lista de más de 60 “anomalías” que observaron, suficientes para haber cambiado el resultado de la contienda, afirmaban. Se refirieron al operativo como un “programa piloto”.

El episodio es uno de muchos que tienen a los funcionarios electorales en alerta ahora que inician las votaciones para las elecciones de medio mandato, la prueba más importante que ha enfrentado el sistema electoral estadounidense desde que las mentiras de Trump sobre los resultados de 2020 instigaron un ataque contra el proceso democrático.

En los dos años transcurridos desde entonces, grupos de activistas de derecha se han aliado para difundir afirmaciones falsas sobre fraude electoral generalizado y mala praxis. Ahora, esos activistas se están inmiscuyendo en el conteo de votos, en un esfuerzo amplio y agresivo para monitorear la votación en busca de evidencia que confirme sus teorías. Muchos activistas han sido movilizados por las mismas personas que trataron de revocar la derrota de Trump en 2020.

Sus tácticas en las elecciones primarias han hecho que los funcionarios se preparen para una nueva gama de retos, como observadores y trabajadores electorales alborotadores, estrategias judiciales agresivas, impugnación de votantes y papeletas, y patrullajes parapoliciales en busca de fraude.

Funcionarios electorales, tanto republicanos como demócratas, concuerdan en que es poco probable que estas iniciativas generen un desorden generalizado. Afirman estar preparados para contar con precisión las decenas de millones de votos que esperan recibir en las próximas semanas. Pero acontecimientos como el de Carolina del Sur conllevan consecuencias, pues engendran desinformación y propagan dudas acerca de los resultados, sobre todo en las contiendas cerradas.

“De cierto modo, es la manifestación de una profecía autorrealizada”, dijo Tammy Patrick, quien trabaja con funcionarios electorales como asesora principal en el Fondo para la Democracia. Los activistas que están preparados para detectar la falta de ética profesional son más propensos a exagerar los pequeños errores y causar disturbios “que no harán más que apuntalar sus denuncias”, explicó.

Entrevistas con funcionarios electorales y activistas, registros públicos y correos electrónicos de planificación obtenidos por The New York Times muestran que la amplia red de organizadores incluye a funcionarios del Partido Republicano, grupos conservadores populares y los rincones más conspirativos del movimiento de negación electoral.

Al parecer, los grupos recurren a las tácticas que se utilizaron hace dos años: recopilar testimonios de funcionarios de casilla aliados del Partido Republicano, los empleados temporales que supervisan los centros de votación, y observadores electorales, los voluntarios que monitorean las operaciones, para respaldar impugnaciones y rebatir resultados.

“Ahora estamos 100 veces más preparados”, dijo en una entrevista Steve Bannon, exasesor de Trump que participó en los intentos de anular la elección de 2020. Bannon es presentador de un pódcast que se ha convertido en una cámara de compensación para los activistas electorales de la derecha. “Vamos a adjudicar la victoria de cada batalla. Esa es la diferencia”.

En julio, Bannon fue declarado culpable por desacato al Congreso por no cooperar con el comité de la Cámara de Representantes, responsable de investigar el ataque del 6 de enero de 2021. El lunes, los fiscales recomendaron una sentencia de seis meses en prisión, mientras que Bannon arguyó que no debía pasar tiempo en la cárcel.

Desde hace mucho, tanto demócratas como republicanos han reclutado a observadores y trabajadores electorales para supervisar las votaciones y anticiparse a disputas. Pero este año, los funcionarios están contemplando la posibilidad de que esos esfuerzos puedan quedar en manos de activistas que difunden teorías fantásticas o desacreditadas.

Los funcionarios vieron pruebas de estos nuevos operativos en las elecciones primarias. En Míchigan, un trabajador de casilla fue acusado de manipular una computadora de votación. En Texas, unos activistas siguieron a funcionarios electorales hasta sus oficinas y trataron de entrar en áreas restringidas. En Alabama, activistas intentaron insertar papeletas falsas en una máquina durante una prueba pública.

Los funcionarios electorales se han preparado durante meses para estos retos. Algunos han participado en ejercicios organizados por el FBI sobre cómo lidiar con amenazas, incluso agresiones físicas contra trabajadores electorales. Han ofrecido a su personal capacitación para la “reducción de hostilidades”. Algunos han cambiado sus oficinas, pues han añadido cercas y otras barreras.

“Cuando la gente ve que todos trabajamos duro y con ética hacia la misma meta, ¿quién querría alterar eso?”, preguntó Stephen Richer, registrador del condado de Maricopa en Arizona.

Los activistas afirman que están tratando de garantizar que todas las reglas sean acatadas y que solo los votantes que cumplen los requisitos tengan acceso al sufragio.

Cleta Mitchell, organizadora de uno de los grupos nacionales que capacitan activistas y abogada que ayudó a Trump en sus impugnaciones vanas de 2020, dijo hace poco en el pódcast de Bannon: “Tenemos a personas capacitadas que conocen la ley, por lo que pueden observar, documentar y reportar cuando las cosas no se realizan conforme dicta la ley”. Mitchell comentó que su red había capacitado a más de 20.000 personas para formar lo que ella describió como una “agencia de detectives ciudadanos”.

No respondió a solicitudes para ofrecer comentarios.

En muchos lugares, los partidos políticos influyen de manera directa en el reclutamiento de trabajadores y observadores electorales. El Comité Nacional Republicano declaró que había desplegado a más de 56.000 trabajadores y vigilantes en las elecciones primarias y especiales este año y esperaba aumentar ese número en las elecciones generales. En varios estados bisagra, el comité también contrató lo que llamó funcionarios de “integridad electoral”.

El Comité Nacional Demócrata enmarca sus esfuerzos como una “protección a los votantes” y ha contratado a 25 directores y 129 miembros de personal en todo el país. El comité no reveló la cifra total de trabajadores ni observadores electorales que reclutó.

Tanto demócratas como republicanos han lanzado un bombardeo anticipado de litigios electorales: 96 demandas, según Democracy Docket, un grupo jurídico electoral de izquierda. El recuento está distribuido con bastante equilibrio entre ambos bandos.

En una aparente reproducción de 2020, muchas de las luchas se enfocan en la votación en ausencia: más de la mitad de las demandas interpuestas por grupos de afiliación republicana están relacionadas con las normas de voto por correspondencia, por ejemplo, cómo enmendar errores en una papeleta, según Democracy Docket.

Algunos defensores del derecho al voto y grupos demócratas afirman que están alertas ante otra similitud con 2020, cuando Trump y sus aliados impidieron que se certificaran los resultados.

“Existe la preocupación subyacente de que, en algunos de estos lugares donde los políticos certifican la elección, quizá no la certifiquen y se desate una crisis”, comentó Jonathan Greenbaum, abogado en jefe de Lawyers’ Committee for Civil Rights Under Law, un grupo jurídico apartidista por los derechos civiles.

En su pódcast “War Room”, Bannon le dice a su audiencia que los demócratas solo ganarán las elecciones si las roban. Él y sus aliados pueden impedir esto al “tomar el control del aparato electoral”, comentó en su programa este mes.

Bannon ha estado dirigiendo a sus seguidores a sitios web que motivan una especie de vigilancia clandestina de las elecciones. The Gateway Pundit, un sitio web de derecha, insta a los activistas a exigir que a los observadores se les permita supervisar mientras las papeletas se suben a los camiones en las oficinas postales e insistir en acercarse más al conteo de papeletas de lo permitido por las normas.

Bannon también ha incitado a su audiencia a abordar a los partidos locales, que en algunos estados están a cargo de seleccionar a los trabajadores de casilla.

En el condado de El Paso, Colorado, la directora local del Partido Republicano, que comulga con figuras influyentes del movimiento de negación electoral, le pidió al secretario del condado que depusiera a varios trabajadores electorales que habían servido desde hace años a quienes describió en un correo electrónico como “desleales” al partido. El secretario, Chuck Broerman, dijo que cumplió la petición muy a su pesar, ya que estaba obligado por la ley.

“Los individuos que están desplazando han sido republicanos trabajadores dedicados desde hace mucho”, afirmó Broerman, quien también fue presidente del partido en el condado.

© 2022 The New York Times Company