Karla Quintana y Guanajuato

En enero de 2020 el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, se reunió por primera y única ocasión con familias de personas desaparecidas, por ello contacté personalmente a la entonces titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), Karla Quintana, para que estuviera presente en la reunión: “Qué bueno que me buscas, estábamos buscando cómo entrar a Guanajuato y esta reunión me abre las puertas”. Así fue la relación de la Comisión Nacional de Búsqueda durante la administración de Quintana con Guanajuato, llena de inconsistencia y dificultades.

Según el informe que la CNB presentó recientemente al Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU (CED), la Comisión Nacional de Búsqueda habría realizado de febrero de 2019 a noviembre de 2021 119 jornadas de búsqueda en Guanajuato. Recordemos que tan sólo en el último bimestre de 2020, en Acámbaro y en Salvatierra la Comisión prácticamente participó en actividades de búsqueda de manera ininterrumpida durante 40 jornadas.

Con la renuncia de Karla Quintana ha habido una gran diversidad de opiniones respecto a su desempeño como titular de la CNB. Se dividen entre quienes consideran que su trabajo fue valioso y quienes consideramos que realizó los mínimos establecidos en la Ley, tratando de construir al mismo tiempo una carrera política en escenarios internacionales. ¿Qué hubiera pasado si Quintana hubiera sido electa como Secretaria Ejecutiva de la Comisión Interamericana (CIDH) en 2021? La Comisión hubiera quedado acéfala cómo ahora y hubieran llovido reconocimientos para la excomisionada. Qué distinto es ahora con su renuncia en 2023, sin un cuestionamiento público a la arbitraria decisión presidencial de establecer un censo de personas desaparecidas. “Debido al contexto actual”, señala en su renuncia, sin una crítica directa al censo y a su metodología.

Las visitas de Quintana a Guanajuato fueron contadas: vino cuando asesinaron a Javier Barajas en mayo de 2021; un año antes, cuando la Fiscalía del estado negaba la entrada de las familias de personas desaparecidas en las fosas de Cortazar; también se hizo presente en las primeras búsquedas de la Comisión local. Al principio, su presencia ayudó a ejercer presión a las autoridades locales, pero luego hubo un cambio político importante: dio el espaldarazo al cuestionado Héctor Díaz Ezquerra y firmó convenios con el cuestionado fiscal, Carlos Zamarripa, sin que a la fecha se conozcan los resultados de tales acuerdos. Es más, ni siquiera el convenio es público. Quintana decidió mantenerse más cercana a las autoridades panistas que a las víctimas.

“Guanajuato no es Coahuila”, señaló a una buscadora de forma bilateral para clarificar que la entidad no le generaba suficiente capital y que las autoridades locales no mostraban la voluntad política necesaria para la colaboración de equipos internacionales, para realizar exhumaciones masivas (en Guanajuato hay más de 1,600 cuerpos sin identificar), en pocas palabras, para establecer una política pública en la materia.

La CNB se negó repetidamente a realizar análisis de contexto en casos de acciones urgentes, ha incumplido su compromiso de presentar un borrador del Plan Regional de Búsqueda que establece el artículo 53 de la Ley General. Es más, una exdirectora general de Quintana se negó a agendar una reunión para recibir aportes a este trabajo. Veremos si el gobierno federal y los estatales ignoran la propuesta de la Unión Regional de Búsqueda del Bajío, que agrupa más de siete entidades federativas de la zona occidente del país, en el sentido de favorecer la coordinación regional. De la CNB dependería un segundo descalabro en la implementación de estos planes.

* Raymundo Sandoval (@ray_sandoval) es defensor de derechos humanos.