Juicio de militar venezolano Cliver Alcalá devela existencia de otras ‘investigaciones sensibles’

El general venezolano Cliver Alcalá, quien admite haber conspirado para derrocar al gobernante Nicolás Maduro y que la CIA lo sabía, verá el martes el inicio de su audiencia de sentencia en Nueva York, en un juicio en el que la fiscalía aún pide 30 años de prisión pese a haber negociado con el acusado su admisión de culpabilidad a cambio de un trato favorable.

El caso llevado en la corte federal del distrito Sur de Nueva York ha estado marcado por la presentación de información sensible que no ha estado disponible al público. La semana pasada el juez que lleva el caso emitió una orden para proteger las identidades de fuentes confidenciales y otros testigos “que continúan suministrando asistencia en investigaciones internacionales sensibles que continúan en curso”.

La orden, emitida bajo pedido de la fiscalía, prohíbe al equipo de defensa divulgar o sacar al exterior información relacionada a las fuentes que ha sido presentada de cara a la audiencia de sentencia. El juez también ordenó a la defensa destruir el material una vez que el proceso judicial haya terminado.

Alcalá se había declarado culpable en julio de haber suministrado armamento de guerra a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), para ayudar a la organización guerrillera en su lucha contra el gobierno colombiano, rechazando al mismo tiempo los más pesados cargos vinculados con el tráfico de droga.

La admisión de culpa se produjo tras un largo proceso de negociación con la fiscalía. Pero aún así la parte acusadora considera que el juez debería condenar al militar venezolano a 30 años de cárcel.

“El crimen del acusado está lejos de estar exento de víctimas. Las FARC secuestró y asesinó a estadounidenses”, declaró la fiscalía en su recomendación de pena contra Carvajal. “El Cartel (venezolano) estaba decidido a ‘inundar’ este país con cocaína de las FARC para perjudicar a Estados Unidos.

“El acusado era plenamente consciente de la capacidad de violencia de las FARC; de hecho, en su presentación, él y quienes escribieron en su nombre discuten extensamente el secuestro de Ciudadanos venezolanos.... El acusado operó desde las sombras como conductor clave y agente de respaldo para FARC, proporcionándoles armas serias. Y, más allá de eso, el acusado facilitó el tráfico de cocaína de las FARC y protegió a las FARC y sus narcotraficantes socios traficantes de la interferencia del ejército venezolano”, agregó el documento.

No obstante, observadores del caso resaltaron la falta de evidencia física en el caso que vincula al general venezolano con las operaciones de la droga, señalando que la mayor parte de lo presentado descansa solamente en las declaraciones de testigos.

Alcalá, quien fue un cercano colaborador del fallecido gobernante Hugo Chávez, se entregó en Colombia y fue extraditado a Estados Unidos pocas semanas antes del lanzamiento de una incursión armada contra el régimen de Maduro en mayo del 2020 que fue organizada inicialmente por él y que fracasó espectacularmente. Denominada la operación Gedeón, la incursión militar condujo a la detención de los ex soldados estadounidenses Luke Denman y Aidan Berry y dejó un saldo de seis muertos y decenas de militares venezolanos arrestados.

Denman y Berry habían sido contratados por la firma de seguridad radicada en la Florida Silvercorp USA, perteneciente al ex boina verde Jordan Goudreau, quien firmó contratos con el equipo del líder opositor Juan Guaidó para brindar servicios de entrenamiento a los militares insurgentes y para brindar servicios de seguridad dentro de Venezuela una vez que Maduro fuese derrocado.

Alcalá, quien había reconocido antes de entregarse a la justicia estadounidense que él estaba trabajando con soldados disidentes venezolanos en la liberación de Venezuela, dijo al inicio de su juicio que altos funcionarios de la CIA y otras agencias federales también estuvieron al tanto de sus esfuerzos para derrocar a Nicolás Maduro.

“Los esfuerzos para derrocar al régimen de Maduro han sido bien conocidos por el gobierno de Estados Unidos”, dijeron los abogados de Alcalá en una carta de noviembre de 2021 a los fiscales que acompañó su moción para que se desestimaran los cargos. “Su oposición al régimen y sus planes para derrocarlo fueron reportados a los niveles más altos de la Agencia Central de Inteligencia, el Consejo de Seguridad Nacional y el Departamento del Tesoro”.

Las acusaciones de la justicia estadounidense contra las personas que presuntamente están vinculadas al denominado Cartel de Los Soles sugieren que la organización fue creada por altos funcionarios del régimen.

Según las investigaciones, la decisión de incursionar en el narcotráfico fue tomada originalmente por Chávez, quien brindó instrucciones a su entonces jefe de inteligencia, Hugo Carvajal; al actual número dos del régimen, Diosdado Cabello; a Maduro, quien para entonces era canciller, y a Alcalá, entre otros, para que entraran en sociedad con las FARC en aras de exportar cocaína a Estados Unidos.

“Los objetivos del Cartel de los Soles incluía no solo el enriquecimiento de sus miembros sino también el uso de la cocaína como arma contra Estados Unidos debido al efecto adverso que la droga tiene en los usuarios individuales y los más amplio daños sociales causados por la adicción a la cocaína”, señala uno de los documentos presentados ante la corte.