Jueza pide restitución en caso de agente de Cuba. Pero fiscales dicen que EEUU es la ‘única víctima’

Una jueza federal convocó una audiencia para la mañana del viernes para decidir si debe ordenarse a un ex embajador estadounidense condenado por ser agente encubierto de Cuba pagar a cualquier víctima de su traición a Estados Unidos en un caso de seguridad nacional que sacudió tanto a la comunidad de inteligencia estadounidense como a la del exilio.

Fiscales federales argumentan que el ex diplomático de carrera Víctor Manuel Rocha, quien en abril fue sentenciado a 15 años de prisión y pagó una multa de $500,000, no está obligado a pagar restitución a nadie y que la “única víctima” en su caso es el gobierno de Estados Unidos, según un memorando presentado en el tribunal federal de Miami ante la jueza federal de distrito Beth Bloom.

Los fiscales señalan que Rocha se declaró culpable de actuar como agente extranjero no registrado para Cuba, no de pasar secretos de seguridad nacional a sus controladores cubanos y que el hombre de 73 años está cooperando con las autoridades estadounidenses desde prisión. Además, dicen, ninguna víctima ha presentado evidencia que demuestre que fueron perjudicados por las acciones de Rocha mientras actuaba a nombre del gobierno cubano durante décadas.

“Respetamos el deseo del tribunal ... de asegurarse de que cualquier otra víctima potencial de la conducta criminal del acusado pueda ejercer sus derechos bajo la ley para recibir restitución”, escribieron los fiscales Jonathan Stratton y John Shipley. “Sigue siendo el caso, sin embargo, que no hay otras víctimas con derecho a restitución”.

Los fiscales dijeron que un cubano que escribió una carta a la jueza Bloom —el disidente Francisco Pastor Chaviano González, que pasó años en prisión en Cuba— fue entrevistado por agentes del FBI. Pero los agentes no encontraron pruebas de su afirmación de que Rocha estuvo pasando información sensible al gobierno de Castro que perjudicó directamente al ahora ciudadano estadounidense naturalizado. Los fiscales también dijeron que cualquiera que alegara ser víctima del delito de Rocha podía emprender acciones legales contra él en los tribunales estatales o federales.

En febrero, la viuda de Oswaldo Payá, un prominente líder de la oposición cubana que se cree ampliamente que murió en un accidente automovilístico causado por funcionarios de la seguridad del Estado cubano, presentó una demanda civil en Miami contra Rocha, que todavía estaba trabajando encubiertamente como agente para Cuba en el momento de la muerte de Payá en 2012.

Rocha, quien ascendió en el servicio exterior hasta convertirse en embajador en Bolivia en 2000, durante el gobierno de George W. Bush, fue arrestado en diciembre después que el FBI puso en marcha una operación encubierta a finales de 2022. Se le grabó en video diciendo a un agente encubierto del FBI que trabajó para los servicios de inteligencia cubanos durante cuatro décadas, según una declaración jurada y el encausamiento.

Dijo al agente del FBI que su último contacto con los servicios de inteligencia cubanos fue alrededor de 2017, durante un viaje secreto a la isla. Rocha fue acusado de conspirar como agente para Cuba desde 1981, cuando comenzó a trabajar para el Departamento de Estado, tres años después de naturalizarse ciudadano estadounidense y haber obtenido títulos de las universidades de Yale, Harvard y Georgetown.

En la audiencia de sentencia de Rocha en abril, la jueza Bloom calificó a Rocha de “enemigo del gobierno de Estados Unidos”.

“Sus acciones fueron un ataque directo a nuestra democracia y a la seguridad de nuestros ciudadanos”, dijo. “Le dio la espalda a este país, un país que se lo dio todo”.

Antes de ser sentenciado, Rocha pidió disculpas a la jueza, a Estados Unidos y a su familia por sus acciones.

“Durante mis años de formación en la universidad, estuve muy influenciado por la política radical de la época”, dijo. “Mi profundo compromiso en aquel momento con el cambio social radical en la región me llevó a la traición final de mi juramento de lealtad a Estados Unidos durante mis dos décadas en el Departamento de Estado.

“Hoy ya no veo el mundo con los ojos radicales de mi juventud”.

Rocha se declaró culpable de confabularse para engañar al gobierno de Estados Unidos y de actuar como agente extranjero ilegal en un acuerdo alcanzado con la Fiscalía Federal en Miami. Estos dos delitos conllevan penas máximas de 5 y 10 años, respectivamente. Según su acuerdo de culpabilidad, está cooperando con el gobierno federal en investigaciones sobre Cuba, incluida una evaluación del Departamento de Justicia sobre los daños causados por su propio trabajo encubierto para el régimen del difunto Fidel Castro y sus sucesores.

Sin embargo, la jueza Bloom, durante la audiencia, dejó claro que no creía que el acuerdo inicial presentado por los fiscales fuera suficiente castigo para lo que calificó de “traición” de Rocha a Estados Unidos.

No ocultó su descontento con el acuerdo de culpabilidad presentado por el gobierno y suspendió brevemente la audiencia tres veces para que se aclarara por qué los fiscales no pedían la confiscación de las propiedades de Rocha, como sugería inicialmente el encausamiento, así como una indemnización para sus víctimas.

Tras ser acusado en diciembre, Rocha transfirió en exclusiva a su esposa, Karla Wittkop Rocha, las escrituras de cuatro lujosos condominios del Brickell City Centre valorados en más de $4 millones. También transfirió sus dos cuentas bancarias a su esposa, dijeron fiscales el viernes.

La jueza dijo que le preocupaba la restitución a otras víctimas de las acciones de Rocha más allá del gobierno de Estados Unidos, citando a los cuatro hombres cubanoamericanos que murieron en el derribo de una avioneta de Hermanos al Rescate en 1996.

Bloom también cuestionó por qué el Departamento de Justicia no proponía que Rocha fuera desnaturalizado como ciudadano estadounidense una vez cumplida su pena de prisión. Inicialmente, los fiscales federales dijeron a Bloom que no iban a solicitar que Rocha, quien nació en Colombia y se naturalizó en 1978, fuera despojado de su ciudadanía estadounidense, lo que significaría que sería deportado tras cumplir su condena si siguiera vivo.

Pero después de los tensos intercambios, la jueza decidió celebrar una nueva audiencia para considerar la restitución en el futuro y ordenó a los fiscales que incluyeran la posibilidad de despojarlo de su ciudadanía en su acuerdo de culpabilidad. Rocha y su abogada defensora, Jacqueline Arango, aceptaron las exigencias de la jueza.

Rocha no fue acusado de espionaje, delito para el que se habría requerido evidencia sensible al tiempo, como haberle sorprendido intercambiando información secreta perjudicial con sus contactos cubanos u otra evidencia de comunicaciones furtivas. En su lugar, se le acusó de violar la Ley de Registro de Agentes Extranjeros, que exige a quienes trabajan bajo el control de un gobierno extranjero que lo notifiquen a la Procuraduría General de Estados Unidos.

No obstante, altos funcionarios federales han calificado a Rocha, que se retiró del Departamento de Estado en 2002 y posteriormente trabajó como asesor del comandante del Comando Sur de Estados Unidos y en el sector privado, como uno de los peores delincuentes en los anales del espionaje extranjero al gobierno estadounidense.

Tras su arresto a principios de diciembre, el secretario de Justicia Merrick Garland dijo que el trabajo encubierto de Rocha para Cuba fue “una de las infiltraciones de mayor alcance y duración en el gobierno de Estados Unidos por parte de un agente extranjero”.

La redactora de El Nuevo Herald Nora Gámez Torres, que cubre Cuba y la política entre Estados Unidos y América Latina, contribuyó a este artículo.