El juez santiagueño que intimó al vocero de Horacio Rosatti a que entregue su teléfono decide si manda la denuncia a Comodoro Py

El juez federal de Santiago del Estero Guillermo Molinari, que intimó a Silvio Robles, mano derecha del presidente de la Corte Suprema, a que le entregue sus teléfonos celulares, debe decidir en las próximas horas si envía la denuncia contra Robles a los tribunales de Comodoro Py.

El propio fiscal del caso, el santiagueño Pedro Simón, dictaminó que Molinari era incompetente y sostuvo que el expediente debía tramitarse en la justicia federal de la ciudad de Buenos Aires. No obstante, en la misma presentación, Simón hizo lugar a un pedido del gobernador Gerardo Zamora -el denunciante contra Robles- y le solicitó al juez que, pese a ser incompetente, ordenara la entrega de los teléfonos y, si Robles se negaba, dispusiera el secuestro de los aparatos.

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El juez intimó entonces al funcionario de la Corte, pero no ordenó el secuestro. No tiene jurisdicción para hacerlo por sí mismo, explicaron en la justicia federal santiagueña. Eso necesita tramitarlo por exhorto con un juez de Buenos Aires. Molinari evitó así darle intervención a Comodoro Py. Al menos, en un primer momento. Tanto en la justicia federal santiagueña como en la porteña dan por hecho que la causa va a pasar a los tribunales de Retiro, donde, en paralelo, fueron presentadas otras dos denuncias contra Robles (una de ellas, por Gastón Marano, el abogado que defiende a Gabriel Carrizo, del grupo de vendedores de copos de nieve, en la causa por el atentado contra Cristina Kirchner).

Zamora, que fue quien promovió la investigación en su provincia, informó este martes, por Twitter, que Robles no había entregado su celular y que “solo se habría limitado a hacer una presentación al juzgado para pedir estudio del expediente por parte de su abogado, pero sin cumplir la orden judicial”. Según confirmó LA NACION, Robles presentó como defensor al penalista Matías Ledesma, que es también es abogado -en otros casos- del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti.

Robles contra el juez

La defensa de Robles hizo una presentación en el expediente cuestionando la información que Zamora tenía del caso. Este miércoles, presentó un escrito en el juzgado pidiendo que se dejara sin efecto “una gravísima irregularidad procedimental”, informaron fuentes con acceso a las actuaciones. La defensa sostuvo que el juez le dio acceso a Zamora al sistema informático Lex 100 (y por ende, le permitió ver todo el expediente) pese a que como denunciante el gobernador no es parte en el proceso penal y las causas son secretas para quienes no son parte.

En este caso Zamora acusó a Robles de los presuntos delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y trafico de influencias sobre la base de una filtración de supuestos chats del vocero de Rosatti con Marcelo D’Alessandro, el ministro de Justicia y Seguridad del gobierno porteño que ayer se tomó licencia en medio de la tormenta política que generó la pinchadura de su teléfono y la difusión de comunicaciones que se le adjudican con jueces, empresarios y otros funcionarios.

En la Corte Suprema no hicieron declaraciones sobre el tema. Tampoco sobre el pedido de juicio político que el Presidente y un grupo de gobernadores anunciaron contra los cuatro ministros. Por la feria judicial, los jueces no están yendo a Tribunales y según informaron fuentes de la Corte, no tienen planes de reunirse durante enero. Esta semana quedó a cargo Juan Carlos Maqueda.

La incompetencia

El fiscal de Santiago del Estero que se pronunció por la incompetencia de los tribunales federales de la provincia en la denuncia de Zamora contra Robles no presentó un requerimiento de instrucción -necesario para que se abra formalmente una causa-. Pidió que el juez se hiciera de los teléfonos como una “medida cautelar” para “resguardar de manera inmediata y urgente la prueba” que podría ser útil a futuro.

“Advierto que los hechos de mención -afirmó- se habrían suscitado en jurisdicción de la ciudad autónoma de Buenos Aires (CABA) y que los intervinientes serían un funcionario judicial que actúa dentro de la orbita de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y un funcionario dependiente de la Jefatura de Gobierno de CABA.”

También alegó que los supuestos delitos denunciados estarían relacionados con “una causa que tramita por ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde se discute la distribución de la coparticipación federal”.

Y concluyó: “Así las cosas, es dable destacar que la justicia federal es un fuero de excepción y se rige por la competencia en razón de la materia, personas y territorio, en nuestro caso la corresponde en razón del lugar y por las personas intervinientes a la justicia federal en turno sita en CABA. Es por ello que entiendo declarar la incompetencia de este Juzgado Federal de sección y girar las actuaciones por la envergadura de los hechos denunciados al Juzgado Federal de CABA en turno”.

El juez todavía no respondió a esta parte del dictamen. Sí, en menos de dos horas, a la segunda. El lunes habilitó la feria judicial y pidió los teléfonos.