El juez santiagueño se declaró incompetente, pero justificó haberle reclamado el teléfono a Silvio Robles

El juez federal de Santiago del Estero Guillermo Molinari, que intimó a Silvio Robles, mano derecha del presidente de la Corte Suprema, a que le entregue sus teléfonos celulares, se declaró incompetente para seguir investigando el caso y lo envió a la justicia federal porteña.

El juez dispuso este jueves el pase a Comodoro Py con un fallo en el que justificó su actuación en el expediente y sostuvo que le reclamó a Robles sus teléfonos porque “el juez tiene el deber de realizar las medidas necesarias y urgentes para resguardar los elementos del supuesto delito y evitar su detrimento”. Molinari afirmó: “Un magistrado no puede permanecer inmutable ante el conocimiento efectivo y formal de la posible comisión de un hecho ilícito de las características de los relatados, y perjudicar así una investigación y el futuro esclarecimiento de los hechos”. Consideró que el asunto de la competencia podía resolverse luego.

El malabarista de la ilegalidad

Robles, como imputado, había cuestionado con diferentes escritos la actuación del juez. El último es de ayer: relató que el martes pasado la Policía Federal se había presentado en la casa de su hijo menor -y también en la suya- con el supuesto objetivo de dar con él y pidió que el juez actualizara el expediente digital con las “actuaciones policiales” que hubiera dispuesto porque esas visitas que recibieron no están formalizadas en la causa. De lo contrario, no puede descartar -dijo- haber sido víctima de “actividades ilegales o de persecución”.

El juez intimó a Robles a entregar sus teléfonos el lunes pasado, el mismo día que el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, presentó la denuncia que dio origen a este expediente y dos horas después de que recibió el dictamen de Pedro Simón, fiscal federal santiagueño. Simón sostuvo que Molinari era incompetente y pidió que el expediente se tramitara en la justicia federal de la ciudad de Buenos Aires. No obstante, en la misma presentación, el fiscal hizo lugar a un pedido del gobernador y le solicitó al juez que ordenara la entrega de los teléfonos y le pidió que, si Robles se negaba, dispusiera incluso el secuestro de los aparatos.

El juez intimó entonces al funcionario de la Corte, pero no ordenó el secuestro. No tenía jurisdicción para hacerlo por sí mismo, explicaron en la justicia federal santiagueña. Solo hubiera podido disponerlo por exhorto, con la intervención de un juez de Buenos Aires. Molinari evitó así darle intervención a Comodoro Py hasta este jueves, cuando finalmente se declaró incompetente.

Las denuncias de Comodoro Py

En los tribunales federales de Retiro ya están radicadas otras dos denuncias contra Robles. Una de ellas, presentada por Gastón Marano, el abogado que defiende a Gabriel Carrizo, uno de los miembros del grupo de vendedores de copos de nieve, en la causa por el atentado contra Cristina Kirchner. La vicepresidenta se refirió este jueves, en su cuenta de Twitter, a este dato: citó una nota de Página 12 titulada “La insólita conexión de Silvio Robles, la mano derecha de Rosatti, con el atentado a CFK” y dijo: “¿Entendés por qué en Comodoro Py no se investiga a fondo el intento de magnicidio? Impresiona el entramado mafioso, pero como siempre: Todo hace juego con todo”.

Por sorteo, las denuncias presentadas en Comodoro Py contra Robles le tocaron al juez federal Ariel Lijo. En el mismo escrito en el que aludió a las visitas de la Policía, Robles sostuvo ayer que las causas que tiene Lijo tienen “idéntico objetivo” que la iniciada por Zamora y que es entonces ante ese juez porteño “donde, en definitiva, debería tramitar la presente investigación [por la causa de Santiago del Estero], como lo solicitó el señor fiscal”.

El juez santiagueño, en su fallo, no dispuso la remisión al juzgado de Lijo sino al federal “en turno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. Según lo sostenido por Robles, una vez en Comodoro Py, el caso debería ser enviado a lo de Lijo para que se acumule a los dos expedientes que están en ese juzgado. Por lo pronto, en las últimas horas, ya se excusaron de tomar estas causas de Lijo -que está de feria- el fiscal Carlos Rívolo y la jueza María Romilda Servini.

La crítica de Zamora

El gobernador Zamora cuestionó el pase del caso Comodoro Py. En una carta que publicó en Twitter criticó a Robles por haber “incumplido la orden judicial de entregar su celular” y a Rosatti por no haberle exigido a su vocero que hablara. ”Los hechos que denuncié lo atraviesan inevitablemente a él”, dijo, en alusión al presidente de la Corte. Zamora sostuvo que él solo buscaba defender el federalismo y que no iba a ser “candidato a nada” este año.

El argumento de Molinari

El argumento del juez para declarase incompetente coincidió con lo que había sostenido el fiscal. Molinari escribió que los presuntos delitos “habrían tenido lugar en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre funcionarios de la Excma. Corte Suprema y del Gobierno de la Ciudad y por cuestiones atinentes a sus funciones”. Dijo que, por eso, la justicia federal de Santiago del Estero, “resulta incompetente para su investigación y juzgamiento”.

Zamora, que fue quien promovió la investigación en su provincia, informó este martes, por Twitter, que Robles no había entregado su celular y que “solo se habría limitado a hacer una presentación al juzgado para pedir estudio del expediente por parte de su abogado, pero sin cumplir la orden judicial”. Robles presentó como defensor al penalista Matías Ledesma, que es también es abogado -en otros casos- del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti.

Robles contra el juez

En otra de sus presentaciones en el expediente, la defensa de Robles cuestionó la información que Zamora tenía del caso. Este miércoles, pidió al juzgado que se dejara sin efecto “una gravísima irregularidad procedimental”, informaron fuentes con acceso a las actuaciones. La defensa sostuvo que el juez le dio acceso a Zamora al sistema informático Lex 100 (y por ende, le permitió ver todo el expediente) pese a que como denunciante el gobernador no es parte en el proceso penal y las causas son secretas para quienes no son parte.

En este caso Zamora acusó a Robles de los presuntos delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y trafico de influencias sobre la base de una filtración de supuestos chats del vocero de Rosatti con D’Alessandro, que ayer se tomó licencia en medio de la tormenta política que generó la pinchadura de su teléfono y la difusión de comunicaciones que se le adjudican con jueces, empresarios y otros funcionarios.

En la Corte Suprema no hicieron declaraciones sobre el tema. Tampoco sobre el pedido de juicio político que el Presidente y un grupo de gobernadores anunciaron contra los cuatro ministros. Por la feria judicial, los jueces no están yendo a Tribunales y según informaron fuentes de la Corte, no tienen planes de reunirse durante enero. Esta semana quedó a cargo Juan Carlos Maqueda.