Juez haitiano concluye investigación sobre asesinato presidencial y apunta a la viuda

Un par de días antes de que un escuadrón de colombianos uniera fuerzas con la policía local y con dos hombres que se hicieron pasar por agentes estadounidenses en un atentado mortal contra el presidente haitiano Jovenel Moïse, la primera dama Martine Moïse acudió al Palacio Nacional y pasó casi cinco horas recogiendo sus cosas.

Dos días después del asesinato del 7 de julio de 2021, Martine Moïse dijo al secretario general del palacio que su esposo “no había hecho nada por nosotros” como presidente y que ella quería sucederle en el cargo con la ayuda del entonces primer ministro Claude Joseph.

Ambos incidentes, recordados por el secretario general, no solo despertaron sospechas sobre Martine Moïse, sino que ahora son citados como evidencia de su “complicidad” por un juez de instrucción haitiano. Este presentó cargos contra Martine Moïse y casi 50 personas más en la conspiración de asesinato, según el encausamiento obtenido por el Miami Herald.

Tras más de dos años y medio y el trabajo de cinco jueces, la justicia haitiana se dispone por fin a dar los siguientes pasos en la trama de secuestro y asesinato. El juez de instrucción Walther Wesser Voltaire, quinto magistrado y el que más tiempo ha dedicado a la investigación, envió su orden de 122 páginas a un fiscal que ahora notificará a las personas sobre el encausamiento. El siguiente paso será que el presidente de la Corte Suprema organice un juicio.

Voltaire decidió no presentar cargos penales contra la mayoría de los 11 acusados citados en un encausamiento estadounidense paralelo en Miami, alegando doble incriminación. Sin embargo, el juez sigue adelante con la presentación de cargos contra Christian Emmanuel Sanon, un pastor haitianoamericano políticamente ambicioso nombrado en el caso de Miami y acusado ahora de planear el golpe de estado para gobernar Haití que condujo a la muerte de Moïse. En el encausamiento de Haití, Sanon es descrito como el “autor intelectual” del complot de asesinato junto con Joseph Félix Badio, ex asesor del gobierno.

Además, Voltaire afirma que existe evidencia suficiente para acusar a otras 49 personas, entre ellas la viuda del difunto presidente, quien resultó herida en el mortal atentado, y varios colaboradores cercanos más.

En el encausamiento, Voltaire señala que la ex primera dama no solo rechazó dos invitaciones a comparecer ante el despacho del juez para responder a preguntas sobre el asesinato de su marido, sino que sus declaraciones al respecto “están tan envueltas en contradicciones que terminaron por desacreditarse a sí mismas”. Voltaire también desestimó una demanda civil presentada el 6 de octubre de 2021 por la ex primera dama en el caso del asesinato de su esposo.

Jovenel Moïse, el difunto presidente de Haití, en un discurso ante Naciones Unidas en 2018.
Jovenel Moïse, el difunto presidente de Haití, en un discurso ante Naciones Unidas en 2018.

Además de Martine Moïse, el juez encausó a Joseph y al ex jefe de policía Léon Charles. Ambos estaban en el cargo cuando Moïse fue asesinado a tiros en el interior de su domicilio en plena noche. Están entre los 10 ex funcionarios del gobierno o aliados del presidente que, según Voltaire, tuvieron “una participación activa” en los acontecimientos que condujeron a su espantosa muerte.

En una declaración al Miami Herald, Joseph acusó al actual primer ministro de “usar como arma al sistema judicial haitiano” apuntándoles a él y a la ex primera dama.

“Ariel Henry, el principal beneficiario o el cerebro del golpe del 7 de julio que condujo al trágico asesinato del presidente Jovenel Moïse, está usando como arma al sistema judicial haitiano, persiguiendo a opositores políticos como yo. Es un golpe de estado clásico. No consiguieron matarnos a Martine Moïse y a mí el 7 de julio de 2021, ahora están usando el sistema judicial haitiano para hacer avanzar su maquiavélica agenda”, declaró. “El pueblo haitiano, sin embargo, no se dejará distraer. No renunciaré a mi lucha contra un gobierno que ha estado matando al pueblo haitiano. Ariel Henry tiene que irse porque le ha fallado al pueblo haitiano”.

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Joseph y los demás ex funcionarios y asesores fueron identificados por Joseph Félix Badio. Él dio detalles que vinculaban a miembros del círculo íntimo del presidente con el complot, según la orden del juez. Arrestado en septiembre tras pasar dos años prófugo, Badio afirmó que había sido enviado por el ex ministro de Justicia Rockfeller Vincent para infiltrarse entre los conspiradores que intentaban derrocar al presidente. Según el ex asesor, Badio desempeñó tan bien su papel que los conspiradores llegaron a confiar en él como en uno de ellos.

Aunque negó cualquier implicación en el asesinato, Badio declaró que mucha gente quería deshacerse de Moïse y que, para ello, se habían formado varios grupos de interés en el Palacio Nacional. Además de la esposa del presidente, entre ellos estaban Ardouin Zéphirin, un asesor de confianza, y Claude Joseph, el primer ministro, según Badio.

“A la salida del presidente Jovenel Moïse [Claude Joseph] seguiría siendo primer ministro durante el período de transición y organizaría unas elecciones en las que la ex primera dama se postularía como candidata a ser elegida presidenta de la República”, dijo el juez.

Al igual que la investigación paralela de Estados Unidos, la de Haití no acerca a los haitianos a saber quién fue el autor intelectual del atentado ni cuál de las 60 armas incautadas por la policía la mañana del asalto efectuó los disparos mortales.

A falta de informes balísticos, Voltaire ha tenido que basarse en las declaraciones de testigos y de algunos de los acusados para sacar conclusiones. Tanto él como el fiscal de Puerto Príncipe, Edler Guillaume, señalan que, en algunos casos, las declaraciones “estuvieron plagadas de contradicciones”, pero que, tras analizar la evidencia, pudieron “descubrir con perspicacia el grado de participación” y los papeles desempeñados por cada persona.

Guillaume, en una denuncia penal de 31 páginas filtrada, había recomendado anteriormente que se presentaran cargos contra unas 70 personas. Voltaire no nombra a tantos acusados en el encausamiento final.

En el caso de algunos de los acusados, entre ellos varios policías que habían sido encarcelados tras el ataque, no había evidencia suficiente para sostener su implicación, dijo el juez.

Tampoco había evidencia suficiente, según Voltaire, contra el propietario de una empresa de seguridad de Puerto Príncipe, Reynaldo Corvington, y su yerno, Dominick Cauvin. Ambos se habían reunido con algunos de los conspiradores en casa de Corvington antes del asesinato. El grupo, según Corvington, afirmaba trabajar en nombre del Departamento de Estado de Estados Unidos y tenía una lista de 30 haitianos a los que perseguían por lavado de dinero, corrupción y tráfico ilícito de drogas y órganos. No hubo tal operación.

Voltaire también dijo que no había evidencia suficiente para presentar cargos contra Antonio “Don Kato” Cheramy, conocido cantante y ferviente opositor a Moïse. Cheramy formaba parte de un grupo que había insistido en que el presidente no terminaría su mandato. Sus palabras fueron tomadas como una amenaza.

Tampoco se recomendó la presentación de cargos contra el actual primer ministro Ariel Henry y del ex presidente Michel Martelly. Ambos testificaron sobre cómo se enteraron del asesinato a través de llamadas telefónicas, y negaron haber participado. Martelly dijo que estaba en Miami cuando recibió la noticia a través de un amigo. Martelly no tardó en ponerse en contacto con su ex primer ministro y asesor de Moïse, Laurent Lamothe, para obtener confirmación. También se puso en contacto con el jefe de seguridad de Moïse, Dimitri Hérard.

Más tarde, Lamothe informó que el jefe de policía, Léon Charles, había declarado que se estaba llevando a cabo una operación de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), y Hérard dijo que tenía problemas “logísticos” para llegar al lugar de los hechos.

Henry, que ha sido acusado por críticos de ser cómplice de la muerte de Moïse por haber sido contactado por Badio, sostuvo su inocencia. Aunque insistió en que aún no recuerda haber recibido una llamada de Badio, ex funcionario del gobierno, la noche en que Moïse fue asesinado, Henry sí arrojó luz sobre su ascenso. Según dijo, aceptó el cargo de primer ministro el 3 de julio, momento en el que Moïse había pedido a Joseph “que le pasara la carga”.

Voltaire destacó a Claude Joseph, Léon Charles y Ardouin Zéphirin, este último un asesor tan cercano a Moïse que el presidente lo seleccionó para participar en una reunión con funcionarios de la administración de Trump por encima de los ministros de su propio gabinete.

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Voltaire calificó de “imprudente” la conducta del ex jefe de policía al recibir una llamada de socorro de Moïse. El juez señaló que no se esforzó por acudir en ayuda del presidente con tropas. Guillaume, el fiscal, fue más allá, señalando que durante 18 minutos después de que el jefe recibiera una petición urgente de auxilio, el presidente siguió vivo y los refuerzos policiales permanecieron ausentes.

Voltaire señaló que durante uno de los varios interrogatorios, Charles se defendió señalando que fue él quien ordenó al inspector general André Jonas Vladimir Paraison que acudiera en ayuda del presidente. Paraison, dijo el juez, sugirió durante su propio testimonio “que había ido allí por su propia voluntad tras recibir una llamada de socorro del presidente”.

No está claro cómo pueden afectar las acusaciones al actual papel de Charles en Estados Unidos como representante de Haití ante la Organización de Estados Americanos. Después de que el nombre de Charles apareciera en el informe de Guillaume sobre las personas que deberían ser acusadas, un alto funcionario de la administración de Biden dijo que esperaba que Haití retirara del servicio a cualquier persona incluida en el encausamiento.

En cuanto a Joseph, el entonces primer ministro, el juez señala que mientras los asesinos de Moïse causaban estragos, Joseph declaraba a la nación que todo estaba bajo control. Mientras tanto, estaba tan preocupado por su propia seguridad que llamó a Charles, el jefe de policía, para que se encargara de su protección, incluso cuando el presidente estaba en grave peligro, según la investigación.

“Todos saben que yo soy la principal voz que ha estado pidiendo que se haga justicia en ese caso. Por tanto, usar el sistema de justicia haitiano como arma contra mí en ese caso no es una medida inteligente”, afirmó Joseph, que ha encabezado las protestas en Haití contra Henry. “Todos entienden lo que se esconde detrás de esto. No detendré mi lucha. Debe hacerse justicia”.

Como parte de su orden, Voltaire pide que se detenga a cualquier persona que aún no esté encarcelada. Sin embargo, según la legislación haitiana, todos los perseguidos por encausamientos tienen derecho a presentar apelar, lo que pudiera retrasar el asunto hasta el próximo año.

Antes de ser implicados en el asesinato del presidente de Haití Jovenel Moïse, el 7 de julio de 2021, un grupo de ciudadanos colombianos con experiencia militar posó para una foto en República Dominicana. Dijeron que pensaban que habían sido contratados para una tarea de seguridad.
Antes de ser implicados en el asesinato del presidente de Haití Jovenel Moïse, el 7 de julio de 2021, un grupo de ciudadanos colombianos con experiencia militar posó para una foto en República Dominicana. Dijeron que pensaban que habían sido contratados para una tarea de seguridad.

En un principio, los investigadores haitianos arrestaron a 44 personas, entre ellas 20 colombianos, 19 policías haitianos y cuatro individuos vestidos de civil. Los colombianos han dicho que no saben quién mató al presidente y han cuestionado la autenticidad de las heridas que sufrió su esposa durante el ataque.

Las recomendaciones de Voltaire son el resultado de decenas de interrogatorios y después de haber visitado la escena del crimen con agentes del FBI. Dijo que estaba claro que la primera dama no podía haberse escondido debajo de la cama como ella afirmó.

De los 11 acusados en la investigación paralela estadounidense, cinco se han declarado culpables y enfrentan cadenas perpetuas por conspirar para asesinar al presidente. Un sexto acusado, el empresario del área de Tampa, Frederick Bergmann, también se declaró culpable recientemente de los cargos de conspiración. Su pena máxima de prisión es de 10 años.

Al igual que en la investigación estadounidense, hay preguntas sin respuesta, como dónde está el arma de fuego que roció al presidente con una docena de balas.

Además, aunque los investigadores estadounidenses han podido rastrear un préstamo de $175,000 hasta CTU Security, una empresa de seguridad del área de Miami que pagó a los colombianos. Haití sigue sin saber quién dentro del país podría haber ayudado a financiar el golpe. Los bancos privados del país se han negado a cooperar con la investigación.

A pesar de ello, Voltaire dijo que había evidencia suficiente para presentar cargos contra el jefe de los servicios de seguridad del presidente, Dimitri Hérard, y su jefe, Jean Laguel Civil. A Civil se le acusa de pagar sobornos a los miembros de la seguridad presidencial para que no acudieran a trabajar o se retiraran el día del atentado. Civil negó las acusaciones durante su interrogatorio ante el juez.

Al llegar al lugar de los hechos, los investigadores haitianos encontraron esposas de plástico, mazos, capuchas y 399 cartuchos, en su mayoría de balas de 5.56 y 7.62 MM. Según la investigación, ninguno de los policías asignados a la seguridad del presidente recibió un disparo, ni siquiera un rasguño.