Juez federal de Miami respalda petición del ex legislador Rivera de descongelar sus bienes para pagar a su abogado

Cuando el ex representante miamense David Rivera y un socio fueron acusados de actuar como agentes extranjeros no registrados a favor de Venezuela, los fiscales federales obtuvieron una orden de un juez que pretendía quitarles unos $24 millones de sus ingresos mediante la congelación de sus cuentas bancarias, valores y cuatro propiedades en Florida vinculadas al presunto delito.

Pero, por su cuenta, los fiscales federales también pusieron retenciones sobre otras ocho propiedades en Florida y Georgia de los dos acusados —sin relación con la presunta actividad penal— con un plan para incautarlas si fuera necesario como “activos sustitutos” si los declaraban culpables en el juicio.

El jueves, en una decisión sin precedentes, el juez Edwin Torres falló que los fiscales no podían retener legalmente los activos de los acusados antes del juicio mediante la imposición de retenciones en el tribunal del Condado Miami-Dade.

En su decisión de 23 páginas, Torres coincidió con los acusados en que “ni la ley estatal ni la federal otorgan [a los fiscales] la autoridad para restringir bienes inocentes de esta manera antes del juicio y la condena”. En concreto, Torres citó un caso de la Corte Suprema federal en el sur de la Florida que impide a los fiscales congelar los bienes de un acusado antes del juicio cuando se necesitan para contratar a un abogado, señalando que “es el gobierno el que se obstina en no comprender” la protección de esta ley en virtud de la Constitución.

Si la decisión de Torres es aceptada por el juez federal de distrito Darrin Gayles, al que se asignó el caso, allanaría el camino para que Rivera y la consultora política Esther Nuhfer vendan algunas propiedades inmobiliarias en la Florida y Georgia para contratar a sus abogados de forma permanente y pagar sus honorarios.

Debido a la disputa, tanto Rivera como Nuhfer, quienes fueron detenidos en diciembre, no han podido contratar a dos de los mejores abogados penalistas de Miami para que los representen y tampoco han podido declararse formalmente inocentes ante el tribunal federal de Miami. Como resultado, su causa penal, aparte de la acusación revelada en diciembre, apenas empezó.

“Si esta decisión se mantiene, cobraremos de la venta de los activos por nuestros servicios y seguiremos adelante con la defensa de nuestros clientes”, dijo el abogado Edward Shohat, quien representa a Rivera junto con los abogados David Weinstein y Monique García.

El abogado David O. Markus, quien representa a Nuhfer junto con su socia Margot Moss, condenó la estrategia de los fiscales de apuntar a los activos sustitutos de los acusados antes del juicio., calificándola de “muy agresiva”.

“Este caso es un ejemplo perfecto: intentar inmovilizar bienes que no tienen ninguna relación con el presunto delito antes de que los clientes puedan siquiera contratar a un abogado y olvidarse de la condena”, dijo Markus. “Fue una apropiación de dinero escandalosa y sin precedentes”.

Rivera, de 57 años y republicano que sirvió un período el Congreso hace una década, publicó en Twitter una declaración sobre la decisión del juez: “Los Padres Fundadores entendieron perfectamente los peligros potenciales de un Departamento de ‘Justicia’ sin control”.

Se espera que el fiscal adjunto Harold Schimkat le pida a Gayles que revoque la decisión de Torres y, si no lo consigue, podría llevar el asunto ante el Tribunal de Apelaciones del 11no Circuito federal en Atlanta.

Una acusación hecha pública en diciembre acusa a Rivera y Nuhfer de confabularse para delinquir contra Estados Unidos, de no inscribirse como agentes extranjeros en el marco de su trabajo de asesoría para la filial petrolera PDV USA, y de lavado de dinero.

Mientras la economía de Venezuela se desplomaba en 2017, la petrolera estatal del país contrató a Rivera para una costosa campaña de relaciones públicas con el fin de apuntalar a la firma venezolana en Estados Unidos y evitar las sanciones estadounidenses. En solo unos meses, el negocio de Rivera, Interamerican Consulting, recaudó $20 millones de la filial estadounidense, PDV USA, pero su contrato de $50 millones con el ex político terminó abruptamente cuando fue acusado de no trabajar mucho, según una demanda en Nueva York que se presentó antes de la acusación federal en Miami.

Los documentos judiciales de las causas civil y penal revelaron que Rivera desvió más de la mitad de sus ingresos de PDV USA —$13 millones— a tres subcontratistas de Miami que supuestamente prestaban “servicios de asesoría estratégica internacional” para la empresa venezolana. Los tres receptores de los ingresos eran su abogado venezolano, Raúl Gorrín, un magnate de los medios televisivos en Caracas con conexiones políticas, el socio de Rivera, Nuhfer, y un antiguo narcotraficante convicto, Hugo Perera. Tanto Perera como Gorrín eran propietarios de viviendas en la exclusiva Fisher Island.

En una nueva presentación ante el tribunal, Rivera y sus abogados le pidieron a Gayles, el juez de distrito, que le permita consultar con Gorrín en Venezuela, diciendo que puede ayudarle tanto en su caso de agente extranjero no registrado como en la disputa comercial civil relacionada en Nueva York. Rivera dijo que contrató a Gorrín como abogado en 2017, pero las autoridades estadounidenses alegan que Gorrín era en realidad un subcontratista en el acuerdo de asesoría altamente remunerado de Rivera con la petrolera estatal venezolana PDVSA, el contrato que está en el centro del caso penales contra Rivera.

Gorrín, quien no está acusado en el caso de Rivera, fue acusado por un jurado federal de instrucción de Miami por cargos de corrupción extranjera y lavado de dinero en 2018. En documentos judiciales, los fiscales describen a Gorrín como un “fugitivo” de la justicia.