Los jueces de la Corte sostienen el silencio y no se reunieron aún para delinear una estrategia para afrontar el pedido de juicio político

Horacio Rosatti es el único ministro de la Corte Suprema que por estas horas habita el cuarto piso del Palacio de Tribunales. Quedó como única autoridad durante la segunda parte de la feria, tras reemplazar al decano del máximo tribunal, Juan Carlos Maqueda. Se trata, precisamente, de los dos hombres más políticos de los cuatro a los que el Gobierno apunta desde diciembre pasado y a los que busca ver desfilar por la Comisión de Juicio Político, donde el oficialismo activará desde el jueves próximo un proceso de enjuiciamiento, con escasas a nulas posibilidades de sobrevida fuera de allí. Carlos Rosenkrantz pasó las primeras semanas del año de vacaciones y se reincorporará como autoridad de feria esta semana. Ricardo Lorenzetti trabajó en los primeros días de enero y después partió a Rafaela, Santa Fe.

Con el máximo tribunal incompleto por la feria judicial no se espera que del Palacio de Tribunales surja por alguna novedad. “Hasta que no se encuentren los cuatro no se resolverá nada sobre el tema. Es un cuerpo colegiado la Corte. Uno tiene que ir viendo las cosas”, juran fuentes al tanto de los manejos del máximo tribunal tanto sobre el pedido de juicio político como sobre la futura resolución en el caso del conflicto entre Ciudad y Nación por la coparticipación. “El manejo del tiempo es una religión” es una frase casi de cabecera en Talcahuano al 500. Lo mismo aplica al momento de dar a conocer si finalmente irán o no al Congreso en caso de ser citados. En cuanto se desató el embate del Gobierno y se empezó a barajar la posibilidad de citar a los ministros, Lorenzetti había dejado trascender que si lo convocaban a la comisión había que concurrir, pero en los últimos días cerca suyo lo relativizaron. Los ministros Rosatti, Maqueda y Rosenkrantz evitaron dar pautas sobre qué harán ante una eventual citación.

La crisis existencial del kirchnerismo

A diferencia de los demás cortesanos, Lorenzetti afrontaría en la comisión legislativa no solo el pedido de enjuciamiento impulsado por el oficialismo sino también los que promovió tiempo atrás la Coalición Cívica, comandada por Elisa Carrió.

Cerca de uno de los jueces dijeron que no están hablando entre ellos telefónicamente. “Es por el clima de espionaje ilegal que rodea las últimas semanas”, buscó explicar uno de sus colaboradores. Dos semanas atrás, cuando el Presidente se reunió con los gobernadores para formular la presentación en contra de la Corte, varios de los colaboradores de los jueces del máximo tribunal sostenían ante LA NACION que sí existían contactos telefónicos entre ellos de manera casi permanente.

Por ahora es un misterio qué estrategia adoptará la Corte ante la embestida oficial. Aunque hay versiones varias, las distintas voces evitan definiciones o adelantar movimientos. Lo único seguro es que el Gobierno recibió su primer revés en el caso. Fue el martes pasado cuando el juez federal Sebastián Ramos ordenó archivar una causa contra Silvio Robles, colaborador de Rosatti, apuntado tras la difusión de una serie de supuestos chats que se le adjudicaban. Ramos dispuso la medida por entender que las supuestas conversaciones entre Robles y Marcelo D’Alessandro, cuya difusión motivó la denuncia que dio lugar al caso, no habían sido obtenidas de manera legítima sino que fue obtenida sin el consentimiento de ambos interlocutores. Las consecuencias de esa decisión motivaron un hilo de tweets de Cristina Kirchner, quien apuntó con dureza a Robles, que regresó de Estados Unidos y trabaja por estos días con normalidad en el Palacio. “No tiene causas”, dicen cerca suyo. En rigor todavía siguen abiertos los expedientes iniciados tras la denuncia que hizo el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, que pasó de los tribunales de esa provincia a Comodoro Py y la de su par de La Rioja, Ricardo Quintela, aunque se en la justicia consideran un hecho que tras la decisión de Ramos seguirán el mismo curso y serán archivadas.

Las alusiones de Kirchner motivaron en el Consejo de la Magistratura varias sonrisas ante los comentarios sobre que Robles juega para Pro, porque cuentan que allí habla más con el oficialismo que con la oposición. “Todo el mundo sabe que es peronista y vive hablando con los kirchneristas porque son peronistas”, relatan sobre Robles, que fue muy amigo de Ivan Heyn, uno de uno de los fundadores de La Cámpora y exfuncionario de la propia Cristina Kirchner como subsecretario de Comercio Exterior y Relaciones Internacionales del Ministerio de Economía hasta que falleció en diciembre de 2011. No son pocos los que recuerdan que cuando el cuerpo de Heyn fue repatriado tras haber sido hallado muerto en un hotel de Montevideo, Robles fue una de las cinco personas en la casa funeraria donde se encargaron de todos los arreglos.

Sobre el pedido de juicio político presentado a comienzos de este mes contra los ministros del máximo tribunal, cuando la mayoría ya estaba de feria, según reconstruyeron ante LA NACIÓN fuentes del caso, hay jueces que aún no lo leyeron, aunque admitieron que sí hay colaboradores de sus respectivos equipos leyéndolo. En eso coinciden de las distintas vocalías, que el material “cita un 70% de fallos firmados por la Corte y después, de manera desordenada y sin un hilo conductor, aparecen elementos basados más en apreciaciones y opiniones que no se derivan de fundamentaciones técnicas”.

“Es un pedido de juicio político centrado en el contenido de sentencias”, agregó otra fuente del Palacio ante la consulta de LA NACION. En ese sentido ponen como ejemplo que se sostiene que los ministros “decidieron firmar beneficiar coparticipación porque decidieron cerrar con Pro y eso, del fallo, no se desprende. La CABA pedía 3,50 o más, y se le dio menos y además, no se define el fondo”.

Y aluden a uno de los considerando del fallo, en el que explican que no se perjudica a las provincias con su decisión. Se trata del considerando 10 que sostiene: “finalmente, corresponde reiterar que la participación aquí discutida de la Ciudad de Buenos Aires en la masa total de recaudación a distribuir no afecta la coparticipación de las provincias. En efecto, sea cual fuere el resultado de este pleito los recursos coparticipados de las provincias no se verán afectados, pues la cuota correspondiente a la Ciudad de Buenos Aires se detrae únicamente de los fondos que le corresponden precisamente a la Nación en la distribución primaria”.

O el considerando 8, en el que se apunta a que no gana ninguna de las dos partes. “Se morigera, por esta vía, el riesgo que enfrentan ambas partes de que, hasta tanto se dicte el fallo final, uno de los estados reciba menos o el otro deba entregar más recursos coparticipados de los que en definitiva correspondan”, se consignó en el fallo.

La pelea por la coparticipación

“Critican el fallo de coparticipación, pero la Corte no definió el fondo, solo la cautelar. Con lo cual se metieron a discutir un fallo que no tiene sentencia definitiva y eso jurídicamente puede interpretarse como una intromisión porque lo que están queriendo hacer es frenar el fallo de la Coparticipación”, describen fuentes al tanto del tema. Lo grave, según coinciden fuentes del mundo jurídico radica precisamente en que la causa no tiene sentencia de fondo, está en el medio del proceso. “Eso no se anticipa”, juran.

En ese sentido hay quienes evocan que este es incluso el segundo intento del oficialismo en frenar la sentencia de fondo. El primero estuvo encabezado por el Procurador del Tesoro Nacional, Carlos Zannini, quien recusó a Rosatti también por una información de Robles publicada en un medio oficialista. “Es la segunda vez que el gobierno intenta frenar el caso, pero acá hubo audiencias de secretarios de estado. hubo momentos de diálogo”, citaban desde el mundo judicial.

Mientras tanto en la política hay tanta expectativa como desconocimiento sobre lo que puede resolver la Corte en el caso de la coparticipación. Los canales de diálogos están rotos entre un mundo y el otro. Entre los gobernadores que alentaron la presentación está la casi certeza de que poco después de que se reanude la actividad tras la feria de enero habrá novedades.

Sin embargo, y pese al silencio instalado por la Corte, todo indica que la ejecución del fallo no será inminente y para que eventualmente haya un embargo a la Nación -como prevén algunos referentes del tema a nivel político- pasará tiempo, además de que la medida deberá ser eventualmente pedida por Ciudad, que no lo solicitó aún. Entre las autoridades porteñas que sostuvieron el planteo ante la Corte en los últimos dos años sostienen la misma idea: un embargo a las cuentas nacionales no se dará de manera inmediata.