Yahoo Noticias La izquierda rechazó en los tribunales de Comodoro Py la denuncia por retener un 2% de los planes sociales
Con Eduardo Belliboni y Gabriel Solano, la cúpula del Polo Obrero activó hoy una protesta en los tribunales de Comodoro Py para rechazar la denuncia por “amenazas y extorsión” que hizo el fiscal federal Guillermo Marijuan contra la organización por quedarse con el 2 por ciento de lo que reciben en planes sociales. La decisión judicial fue justo cuando el Gobierno analiza traspasar a municipios y provincias parte de los planes que maneja el Polo Obrero y otras organizaciones piqueteras. Los dos dirigentes del Frente de Izquierda concurrieron a los tribunales para acceder al expediente y, en una conferencia previa ante los tribunales, subrayaron que los aportes de los beneficiarios de los planes son voluntarios y apuntaron contra Cristina Kirchner por sus críticas a los movimientos sociales.
“Ese 2% es el aporte que los compañeros hacen voluntariamente, cuando pueden, junto con actividades de rifas, fiestas. Una persona con un plan social tiene una tarjeta de débito y una caja de ahorro, no hay un agente de retención. Quien puede, hace un aporte, y hacen polladas, fiestas, rifas, porque tienen que pagar el alquiler de un comedor. No existe esa caja”, señaló Solano, legislador porteño.
Solano comenzó la conferencia de prensa con Cristina Kirchner como blanco, lo que luego profundizó Belliboni. “Venimos a acusar a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, que ha lanzado una campaña brutal contra los movimientos sociales. El propósito político es muy simple: quiere apoyarse en el peronismo, en general, y en particular en el PJ bonaerense, y otorgarles a ellos el manejo de los planes sociales. Hipócritamente, habla de las mujeres para apoyarse en los barones del conurbano. En las barriadas hay una rebelión contra estos barones del conurbano y sus punteros”, sostuvo Solano, que ironizó y afirmó que la vice está “haciendo lawfare con la Justicia”.
“La vicepresidenta de la República se ha colocado en el campo de los [Javier] Milei y las [Patricia] Bullrich, que nos venían atacando hace rato. Cuando luchamos contra el ajuste, ellos nos persiguen. Los extorsionadores son los punteros del PJ”, dijo Belliboni, el otro orador de un grupo que incluyó a Myriam Bregman, Néstor Pitrola, Guillermo Kane y Vilma Ripoll, entre otros dirigentes del Frente de Izquierda.
"No venimos a defendernos, venimos a acusar a este régimen político de someter a la población trabajadora a un ajuste, de atacar las condiciones de trabajo y de vida. Nos ponen en el banquillo de los acusados para estigmatizar el movimiento popular y de lucha"@EBelliboni pic.twitter.com/Ceitg2rjFm
— Prensa Obrera (@prensaobrera) June 27, 2022
El líder del Polo Obrero (brazo social y callejero del Partido Obrero) reclamó un paro a las centrales obreras: “Reclamamos a la burocracia de la CGT y la CTA que tienen que hacer un paro conta el ajuste”.
“Es una causa que apunta a criminalizar la protesta social y perseguir a los dirigentes de las organizaciones que enfrentan el ajuste”, se quejó la diputada nacional Romina Del Plá (Frente de Izquierda de los Trabajadores), que acompañó el reclamo en Retiro.
En una entrevista radial, Marijuan sostuvo que “existen informaciones públicas acerca de que se estarían pidiendo porcentajes de los planes sociales”, y agregó: “No se puede pedir exigencia alguna por estar, permanecer o conseguir un plan”. El Polo Obrero había reconocido públicamente el cobro del porcentaje y explicó que lo destina a solventar los gastos en alquileres, servicios y alimentos de los comedores de la organización. Señalaron que se trata de un aporte voluntario votado en asambleas.
Según averiguó LA NACION de fuentes del Ministerio de Desarrollo Social, el PO tendría registrado a más de 200.000 beneficiarios del Potenciar Trabajo en las cooperativas. Es decir, recaudaría por mes más de $76.000.000.
“ Esto tiene que ver con la falta absoluta de control que existe por parte del Estado Nacional respecto de la situación de las personas que tienen planes sociales ”, dijo el fiscal. En la misma línea, afirmó: “Llegamos a esta situación donde muchas personas están registradas para recibir un plan social y no tienen el debido control”.
Marijuan también habló sobre quién controla los beneficiarios de planes sociales: “En la norma actual el Estado nacional le delega a organizaciones no gubernamentales el control de estos planes”.
“Hay que solucionar esto desde el Estado nacional”, agregó, tras denunciar penalmente a Solano y Belliboni por los presuntos delitos de “amenazas y extorsión”. Supuestamente cobraban el 2% de lo que percibe cada beneficiario del Plan Potenciar Trabajo.
El fiscal basó su denuncia en un artículo periodístico y en declaraciones de Solano, quien manifestó que “en el Polo Obrero hay un aporte del 2% de los ingresos de cada persona que cobra un plan”.
“Ese 2% -añadió, según explica la denuncia- sirve para financiar lo que el Estado no financia. Por ejemplo, el alquiler de los comedores y merenderos, y el gasto logístico y de transporte de la mercadería”.
La denuncia recayó en el juzgado de la jueza federal María Servini y la causa quedó registrada con el número 2078/2022.
“Solamente de manera provisoria, las conductas habrán de encuadrarse en los delitos de amenaza y de extorsión”, indicó el fiscal. “Según se desprende de la información periodística, los beneficiarios del plan ‘Potenciar Trabajo’ deben entregar a punteros políticos, en forma mensual, la suma de $500 de los $19.000 que cobran, debiendo además asistir a manifestaciones”, abundó.
Marijuan propuso como medidas de investigación que “se libre oficio al Ministerio de Trabajo y al Ministerio de Desarrollo Social, ambos de la Nación, para que informe qué cantidad de planes de inserción laboral fueron otorgados a personas vinculadas al Partido Obrero, desde su creación en el año 2020″.
A ambos ministerios, además, propuso reclamarles que hagan “saber si se registran denuncias por pedidos de dinero a los beneficiarios de este plan a cambio de su otorgamiento, y en su caso, si se labraron expedientes administrativos o si se efectuaron las correspondientes denuncias en sede judicial”.
Por último, Marijuan pidió indagar entre el gobernador y los intendentes de Buenos Aires si recibieron denuncias sobre estos hechos y a la ANSES, los requisitos que deben reunirse para acceder al programa.
