Yahoo Noticias Investigación penal sobre la junta directiva de la mayor HOA de la Florida se amplía con la incautación de registros
Durante años, la junta directiva de la problemática Hammocks Community Association, en West Kendall, impidió que los investigadores estatales obtuvieran un conjunto de registros financieros que podrían detallar el robo de fondos a los vecinos.
Pero ahora que los miembros de la junta enfrentan acusaciones de robo de millones, un administrador judicial designado el martes permitió a la Fiscalía Estatal de Miami-Dade acceder finalmente a los documentos de la directiva de la asociación, ampliando la investigación penal. Un equipo de investigadores llegó a primera hora de la mañana del martes en un autobús de la fiscalía, trabajando durante todo el día para escanear miles de documentos.
Se encontró una caja fuerte con documentos escondida bajo el piso de la oficina.
La incautación ocurrió una semana después que fiscales de Miami-Dade acusaron a cuatro ex miembros de la junta directiva, alegando que habían tramado el robo de más de $2 millones, extendiendo cheques a proveedores —por trabajos que nunca se realizaron— que luego devolvieron los pagos, en su mayoría a la entonces presidenta Marglli Gallego.
La semana pasada, un juez civil de Miami-Dade disolvió la junta directiva y puso a la asociación bajo administración judicial. El equipo del administrador judicial está recibiendo copias de los registros como parte de una investigación simultánea de las finanzas de la extensa comunidad suburbana unas 20 millas al suroeste del downtown de Miami.
“Hay muchos documentos. Nos sentimos optimistas de que encontraremos pruebas adicionales de los horribles delitos contra estos propietarios de viviendas”, dijo la fiscal estatal de Miami-Dade, Katherine Fernández Rundle, en una entrevista el martes.
Declinó detallar los registros encontrados, pero agregó: “Es peor de lo que temíamos”.
La Asociación Comunitaria de Hammocks es la mayor HOA de la Florida, con más de 6,500 viviendas y 25,000 habitantes. En total, cinco personas fueron arrestadas la semana pasada, entre ellas la presidenta de la junta directiva, Mónica Ghilardi; la actual integrante de la junta Myriam Rodgers; la ex integrante de la junta Yoleidis López García; Gallego y el esposo de Gallego, José Antonio González.
Sus abogados defensores han dicho que lucharán contra las acusaciones. Gallego sigue encarcelada, mientras que los demás pagaron la fianza.
El abogado Hilton Napoleón, quien representaba a la HOA bajo la junta ahora disuelta, declinó hacer declaraciones.
Los cargos de chantaje y fraude se derivan de una larga investigación que el año pasado dio lugar al primer arresto de Gallego. Desde entonces, los fiscales de Miami-Dade han solicitado repetidamente documentos financieros, pero se encontraron con el obstáculo de los abogados de la HOA.
A pesar de que los jueces ordenaron a la HOA que presentara los documentos financieros, esta se negó a hacerlo, e incluso apeló la decisión de un juez. Un tribunal de apelaciones desestimó el recurso. En un momento dado, a principios de este año, un abogado de la junta dijo a un juez de Miami-Dade que la junta votó para ignorar la orden del juez porque “la junta no confía en el estado”.
En el camino, la comunidad planificada en expansión ha sido un caos, sus arcas se agotaron, los propietarios fueron golpeados con aumentos de 300% a 400% en las cuotas de mantenimiento y el lanzamiento de un polémico esfuerzo de destitución contra la junta. En abril, la vecina Ana Danton presentó una demanda civil, solicitando a un tribunal que pusiera a la asociación bajo administración judicial tras una elección fallida, incrementos de las cuotas y la sospecha de que los fondos de la HOA se estaban usando para pagar a los abogados defensores de Gallego.
La disputa legal se prolongó durante meses hasta el jueves, dos días después de los arrestos, cuando la jueza de circuito Beatrice Butchko nombró al administrador judicial, entre los aplausos de los vecinos que abarrotaban la sala.
Butchko nombró a David Gersten ex juez del Tribunal de Apelaciones del Tercer Distrito, para que gestionara los asuntos de la asociación e investigara el estado de sus finanzas y sus propiedades, así como las antiguas acusaciones de trampas financieras por parte de la junta directiva. También nombró un “comité consultivo” temporal —formado por un grupo de vecinos que se habían opuesto a la anterior junta— y ordenó que todos los documentos, discos duros y otras posibles pruebas permanecieran bajo llave en la oficina.
“Traigan un cerrajero”, dijo.
Idalmen Ardisson, vecina de Hammocks desde hace mucho tiempo y quien forma parte del comité asesor, dijo el martes que la incautación de los documentos “pondrá el signo de exclamación en todo lo que esta comunidad ha estado diciendo acerca de que nuestro dinero no se usa para la comunidad.”
Dijo: “Finalmente vamos a ver hasta dónde llega esta madriguera”.
