Nuevos intentos y pocos avances en materia de anticorrupción en México

A lo largo de nuestra historia, el país ha enfrentado profundas raíces de corrupción que han permeado todas las esferas de la sociedad y han erosionado la confianza de la población civil en las instituciones gubernamentales. Ante este panorama, las candidatas y el candidato a la presidencia para las elecciones de 2024 han presentado diversas propuestas y estrategias para abordar esta problemática.

En este contexto, es crucial realizar un análisis exhaustivo de las propuestas para evaluar su viabilidad, efectividad potencial y coherencia con los principios de transparencia, rendición de cuentas y respeto por los derechos humanos. Aunque ya conocemos sus intenciones en cuanto a corrupción se trata gracias al primer debate presidencial, nos dimos la tarea de investigar los planes de gobierno de Xóchitl Gálvez, Claudia Sheinbaum y Jorge Álvarez Máynez. Aquí les va nuestro análisis.

A través de un examen detallado de las propuestas presentadas, es posible identificar tanto fortalezas como debilidades, así como realizar comparaciones que arrojen luz sobre las diferentes visiones y enfoques para abordar esta problemática crucial.

Xóchitl Gálvez presenta un enfoque centrado en la transparencia y la protección de denunciantes, dos aspectos fundamentales para reducir la corrupción. La implementación de una Política General de Transparencia y Datos Abiertos es un paso positivo hacia un gobierno más accesible. Sin embargo, es necesario garantizar que esta política no sea solo un ejercicio superficial, sino que realmente permita un acceso significativo a la información y una supervisión efectiva de las actividades gubernamentales.

La propuesta de establecer un Programa de Protección de Denunciantes y Testigos de Actos de Corrupción es igualmente crucial, ya que puede fomentar una cultura de denuncia y disminuir el miedo a represalias. No obstante, se requiere una infraestructura sólida y salvaguardias legales para proteger la identidad y seguridad de las personas denunciantes, así como una visión colectiva que pueda salvaguardar, por ejemplo, pueblos o barrios que son violentados sus derechos por los delitos de corrupción.

Aunque Gálvez menciona medidas para fortalecer la fiscalización de recursos y regulaciones sobre compras gubernamentales, es imperativo que estas medidas estén respaldadas por mecanismos de supervisión y rendición de cuentas eficaces para evitar posibles abusos.

Otro de los temas importantes que ha mencionado la candidata es que fortalecerá al Sistema Nacional Anticorrupción. Sin embargo, la falta de detalles sobre cómo garantizará su autonomía y recursos plantea preocupaciones sobre la viabilidad y la efectividad a largo plazo de estas propuestas.

La propuesta de Claudia Sheinbaum es el llamado “plan en materia de gobierno honesto y combate a la corrupción” el cual consiste en ocho puntos: 1) Enfoque de Derechos, 2) Acuerdo nacional para un buen gobierno, 3) Agencia Federal Anticorrupción, 4) Rediseñar la Secretaría de Función Pública, 5) Modelo Nacional para investigar delitos de corrupción, 6) Enfrentar la corrupción en la cadena de seguridad-justicia, 7) Mejores contrataciones públicas y transparentes, 8) Criterios generales de la estrategia anticorrupción.

Aunque hay tela para cortar en cada uno de los ocho puntos del programa de Sheinbaum, uno de los elementos que más ha llamado la atención es la Agencia Federal Anticorrupción, la cual se presenta como una institución altamente especializada y operativa, directamente dependiente del Poder Ejecutivo. En esta propuesta se destacan tres puntos principales: especialización y capacidades de investigación, selección y profesionalización del personal, y por último, supervisión de proveedores y contratistas.

Algunos críticos sugieren que estas agencias requieren condiciones específicas para ser efectivas, como por ejemplo: autonomía e independencia, recursos adecuados, personal capacitado, tiempo suficiente para resultados concretos, apoyo político, y capacidades internas de coordinación. Sin embargo, la propuesta de Sheinbaum presenta problemas en varios de estos aspectos.

Primero, una agencia anticorrupción adscrita al Poder Ejecutivo no sería autónoma y estaría sujeta a interferencias políticas. Igualmente, la llamada “austeridad republicana” del gobierno actual y la falta de apoyo a instituciones especializadas plantean dudas sobre si la agencia tendría los recursos necesarios. Por otro lado, la falta de crítica de Sheinbaum hacia las prácticas de nepotismo y favoritismo en el gobierno sugiere incertidumbre sobre si la agencia contratará  personal calificado.

Además, la estrecha relación propuesta entre la agencia y la Fiscalía General de la República podría limitar su efectividad, dada la historia de impunidad y falta de rendición de cuentas de esta última. La falta de acción de Sheinbaum en casos de corrupción durante su gestión como jefa de Gobierno de Ciudad de México también genera dudas sobre su compromiso contra la corrupción, no solo en la narrativa oficialista sino en la efectividad de la gestión pública en la materia.

Por su parte, la propuesta de Jorge Álvarez Máynez de consolidar los órganos garantes de la transparencia es una medida positiva para fortalecer las instituciones encargadas de contrarrestar la opacidad. La coordinación mejorada entre estas instituciones podría aumentar la eficacia en la prevención y detección de actos corruptos.

La propuesta de establecer tiempos acotados para la respuesta y resolución de casos relacionados con corrupción es igualmente prometedora, ya que podría agilizar la justicia y fortalecer la confianza en el sistema. Sin embargo, la falta de detalles sobre cómo se implementarán estas medidas y cómo se financiarán plantea incertidumbres sobre su viabilidad práctica.

Asimismo, su propuesta de utilizar intensivamente las tecnologías de información y comunicación electrónica también es loable, pero es crucial garantizar que se utilicen de manera ética y responsable. La participación activa de la sociedad civil y la academia en el diseño e implementación de estas tecnologías es fundamental para evitar sesgos y discriminación.

El candidato de Movimiento Ciudadano también propuso durante el primer debate presidencial de 2024 la iniciativa “3 de 3” como medida para combatir la corrupción en México y garantizar transparencia en las licitaciones gubernamentales. Esta iniciativa, tiene como objetivo principal fomentar la honestidad y la integridad en el gobierno, reduciendo así los riesgos de corrupción, al incluir la presentación pública y periódica de declaraciones fiscales, patrimoniales y de intereses por parte de todos los funcionarios públicos del país.

Esto permitiría detallar los gastos e inversiones del Gobierno, identificar posibles irregularidades en los ingresos y gastos de los funcionarios, y prevenir el nepotismo y la corrupción a través de la revelación de conexiones de redes políticas o personales.

Aunque la iniciativa “3 de 3” y su reforma constitucional son pasos positivos hacia la transparencia y la reducción de la  corrupción, aún existen desafíos pendientes. Por ejemplo, se necesitan mecanismos efectivos de supervisión y sanción para garantizar el cumplimiento de estas normativas. Además, es crucial abordar otros aspectos de la corrupción, como la impunidad y la falta de independencia judicial, para lograr un verdadero cambio en la cultura política y administrativa del país.

En términos de comparación, las propuestas de Gálvez y Álvarez parecen centrarse más en medidas concretas para fortalecer las instituciones anticorrupción y mejorar la transparencia, aunque estas propuestas siguen encasilladas bajo los mismos paradigmas ya conocidos para abordar la corrupción, lo cual, además de poco innovador, son modelos burocráticos que bien sabemos no han funcionado. La propuesta de Sheinbaum, en cambio, plantea la creación de una nueva institución que genera preocupaciones sobre la concentración de poder. Históricamente, en México, la concentración de poder ha estado relacionada con prácticas autoritarias y la erosión de las libertades civiles. Adicionalmente, sin una coordinación adecuada y una delimitación clara de responsabilidades, existe el riesgo de duplicación de funciones y conflictos de competencia, lo que podría obstaculizar los esfuerzos para hacer frente a la corrupción de manera efectiva.

Otro aspecto fundamental en materia anticorrupción es el papel de las Fuerzas Armadas (FFAA) en el país, es importante exigir a las candidatas y el candidato a la presidencia sus propuestas en esta materia por la relación que existe entre militarización y corrupción.

Recordemos que el Estado mexicano ha realizado cambios normativos, los cuales se han llevado a cabo sin incluir la participación ciudadana, ha tenido como resultado un protagonismo en la agenda pública de las FFAA en diversos aspectos de la vida pública, lo cual agrava el derecho de acceso a la información y la protección de datos personales.

Lo que conocemos con base en evidencia, es que las FFAA han centralizado recursos públicos a partir de modificaciones presupuestarias, transferencia de funciones, adjudicaciones directas y fideicomisos públicos, llegando a tener 227 funciones civiles que se han transferido a las FFAA desde 2009, de las cuales 148 no tienen que ver con garantizar la seguridad pública (MUCD, 2023).

Los recursos económicos en manos de las FFAA en actividades civiles cuenta con los siguientes retos en materia anticorrupción:

i) Falta de claridad y precisión en el marco legal mexicano.

ii) Obstáculos para el acceso a la información en materia de violaciones a derechos humanos.

iii) Obstáculo en el acceso a la información sobre mecanismos de vigilancia por parte del ejército a personas defensoras de derechos humanos y periodistas.

iv) Obstáculo de información en el presupuesto y gasto de las FFAA.

Sin duda, en sociedad civil nos encantaría que las candidatas y el candidato a la presidencia pudieran dar a conocer cómo se reduciría la opacidad y la corrupción de las FFAA en un contexto de profundización de la militarización, ¿cuáles son sus propuestas para cambiar esta tendencia?

En última instancia, hacer frente a la corrupción en México requerirá que las organizaciones civiles tomen el control sobre la narrativa de la corrupción. Es imperativo que la corrupción deje de entenderse como un mero ejercicio burocrático y se pueda abordar como lo que es: una violación de los derechos humanos.

* Macu Torres es activista afro-diverso y creadore de contenidos de Mexiro A. C. Fer Galicia (@mafernn) es directora de Mexiro A. C. (@yomexiro).