Yahoo Noticias Inminente desplazamiento de firmantes de paz al sur de Colombia por amenazas de disidencias FARC
BOGOTÁ (AP) — Los exguerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia que firmaron hace siete años el histórico acuerdo de paz y que hoy realizan actividades alejados de las armas al sur del país están siendo amenazados y presionados a desplazarse por grupos disidentes liderados por quienes decidieron continuar en armas.
El viernes fue instalado un puesto de mando unificado —en el que las instituciones estatales se coordinan— para buscar soluciones a la situación humanitaria de los ex guerrilleros, hoy incorporados a la vida civil, en Miravalle, Caquetá, uno de los espacios establecidos en el acuerdo de paz para servir como lugares con seguridad y acompañamiento en los que los exguerrilleros desarrollaran proyectos productivos legales. Esta es una de las zonas más golpeadas en cinco décadas de conflicto con las antiguas FARC.
Los firmantes de paz en esa zona aseguran ser víctimas de un inminente desplazamiento forzado luego de que la disidencia Estado Mayor Central les amenazara y ordenara abandonar Miravalle en no más de 40 días al acusarlos de ser “instrumentalizados” por la Segunda Marquetalia —otra disidencia FARC—, con la que se disputan el control del territorio.
El comité de seguimiento a la implementación de paz de los excombatientes señaló desde X que la comunidad de Miravalle expresó que “no contempla la posibilidad de permanecer en el territorio porque no hay garantías” y pidieron definir de inmediato una ruta de reubicación.
Ambas disidencias — Estado Mayor Central y Segunda Marquetalia— mantienen mesas de negociación de paz separadas con el gobierno de Gustavo Petro, primer presidente izquierdista en Colombia, en el marco de su política “paz total”, que busca diálogos simultáneos con grupos armados y bandas urbanas en un intento por disminuir la violencia que se alimenta de las economías ilícitas como el narcotráfico y la minería ilegal.
“Hemos quedado en medio de una absurda disputa entre las guerrillas Estado Mayor Central y la Segunda Marquetalia hasta el punto del ahogo, sofocando las posibilidades de continuar nuestras operaciones turísticas y deportivas”, advirtieron la víspera en un comunicado Caguán Expeditions y Remando por la Paz, iniciativas de turismo creadas por los excombatientes que hasta ahora habían sido resaltadas como casos de éxito de reincorporación a la legalidad.
Los proyectos de turismo en Miravalle ofrecían rafting, senderismo y servicios de alimentación. Remando por la Paz participó en los mundiales de rafting en Australia 2019 e Italia 2023.
“Es supremamente grave porque proteger los reincorporados fue lo básico en las partes iniciales de las conversaciones entre el gobierno y el Estado Mayor Central, un gesto de paz”, aseguró a The Associated Press Elizabeth Dickinson, analista senior para Colombia del International Crisis Group.
Para la analista, la situación es un indicador de que no hay reglas de juego claras en las negociaciones de paz con las disidencias. “Creo que es importante que el gobierno mande un mensaje contundente de que no van a permitir eso”, agregó.
Rodrigo Londoño, líder del partido político Comunes formado por ex FARC, detalló en X, antes Twitter, que entre las víctimas del desplazamiento hay 24 niños, 14 mujeres y 44 hombres, para quienes pidió “garantizar la vida e integridad”.
La seguridad de los firmantes de paz ha sido una de las principales preocupaciones del Estado colombiano y la comunidad internacional. Desde 2016, cuando se firmó el acuerdo de paz, hasta marzo de 2024 han sido asesinados 416 excombatientes, según el último informe disponible de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas.
No es la primera vez que los firmantes de paz deben desplazarse de las zonas de reincorporación. En 2020 sucedió en Ituango, Antioquia, y en julio de 2023 en Vistahermosa, Meta, por amenazas de grupos armados.
La Jurisdicción Especial para la Paz, tribunal creado para juzgar los hechos del conflicto en el que comparecen más de 9.000 exguerrilleros, solicitó el viernes en un comunicado a las demás autoridades judiciales investigar las amenazas y al gobierno, “brindar condiciones” de seguridad necesarias para “hacer posible el retorno seguro” de los firmantes de paz a Miravalle.
El director de derechos humanos del Ministerio del Interior, Franklin Castañeda, aseguró el viernes que la presencia de las instituciones gubernamentales en el puesto de mando unificado de Miravalle expresa el “compromiso indeclinable del gobierno en garantizar su permanencia en el territorio”.
