En el inicio de la ronda de testigos, la Comisión de Juicio Político recibe a jueces y funcionarios de la Corte y pide los registros de llamadas

La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados recibirá hoy a los primeros testigos citados a dar testimonio en el enjuiciamiento que impulsa el oficialismo a los jueces de la Corte Suprema. Entre los convocados figuran los jueces federales Sebastián Ramos y Alejo Ramos Padilla, junto a media docena de funcionarios del máximo tribunal que ya anticiparon que concurrirán a la cita a prestar declaración .

En paralelo, a instancias del oficialismo la Comisión de Juicio Político envió oficios a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial (Dajudeco) con el objetivo de obtener el registro de llamadas de Marcelo D’Alessandro, ministro de Seguridad porteño (de licencia), y de Silvio Robles, mano derecha del presidente de la Corte, Horacio Rosatti. El objetivo del Frente de Todos es demostrar la supuesta connivencia entre la Corte y el gobierno porteño de Horacio Rodríguez Larreta en el fallo que benefició a la ciudad de Buenos Aires con la devolución de recursos coparticipables.

El oficialismo guarda grandes expectativas en los testimonios que escucharán en esta primera audiencia. Espera que del virtual careo entre los jueces Ramos y Ramos Padilla surjan evidencias que otorguen validez a los mensajes cruzados entre Robles y D’Alessandro previos al fallo. Ramos archivó todas las denuncias que hicieron los gobernadores peronistas Gerardo Zamora y Ricardo Quintela contra Robles y D’Alessandro por considerar que se fundan en pruebas obtenidas de manera ilegal; Ramos Padilla, por su parte, si bien se declaró incompetente para investigar la denuncia que formuló el gobernador bonaerense Axel Kicillof -y remitió las actuaciones a la jueza María Eugenia Capuchetti-, advirtió que “no hay elementos de prueba serios y objetivos que permiten afirmar que las comunicaciones de Robles y D’Alessandro provienen de acciones de espionaje ilegal”.

Respecto de los funcionarios de la Corte, fuentes del tribunal anticiparon a LA NACION que los citados no recibieron ninguna indicación de los ministros de la Corte y, por lo tanto, concurrirán a la Comisión y prestarán declaración. “Si hay cosas que por alguna razón no puedan responder, lo dirán”, indicó una fuente del tribunal, que no obstante advirtió que el Reglamento para la Justicia Nacional les impone una “reserva” a sus funcionarios. Lo mismo respecto de las normas procesales que establecen que las deliberaciones de los jueces son secretas.

El artículo 8 de ese reglamento, del que mucho se habló en el cuarto piso del Palacio de Tribunales en las últimas semanas, dice que los magistrados, funcionarios y empleados judiciales deberán “guardar absoluta reserva con respecto a los asuntos vinculados con las funciones de los respectivos tribunales” . La Comisión de Juicio Político deberá decidir cómo actuar en el caso de que alguno de los funcionarios citados invoque este “deber de reserva” ante las preguntas de los legisladores.

Uno de los testigos convocados a la comisión es Cristian Abritta, extitular de la Secretaría Judicial N°5, una dependencia que ya no existe en el organigrama de la Corte Suprema y que se ocupaba de “Causas Especiales y Derechos Humanos”. Funcionario clave de los tiempos en que Ricardo Lorenzetti presidió el tribunal, Abritta intervino, por ejemplo, en los fallos por los cuales la Corte concedió el beneficio del 2x1 a condenados por delitos de lesa humanidad. Esta es una de las causas que incluyó el oficialismo en su pedido de juicio político a Rosatti y a Carlos Rosenkrantz.

Además, están convocados Sergio Rubén Romero, subdirector de Gestión Interna y Habilitación dependiente de la Secretaría General de Administración; Silenio Rómulo Cárdenas Ponce Ruiz, de la Secretaría Previsional; Alejandro Daniel Rodríguez, de la Secretaría de Juicios Originarios, y dos funcionarios de la vocalía del presidente de la Corte, Horacio Rosatti: Roberto Miguel Angel Saggese y Adriana Norma Valinotti.

Las comunicaciones privadas, eje de polémica

La presidenta de la Comisión de Juicio Político, la oficialista Carolina Gaillard, confirmó que en las últimas horas se libraron los oficios a la Dajudeco para contar con el registro de las llamadas entre Robles y D’Alessandro. La oposición rechazó la medida: alegó que viola el derecho a la privacidad consagrada en la Constitución Nacional y que sólo es plausible si la comisión cuenta con la autorización de un juez. En la misma línea, fuentes de la Dajudeco adelantaron a LA NACION que solo acata órdenes que provengan de un juez y no del Congreso.

El diputado Leopoldo Moreau refutó estos argumentos. Presidente de la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control de los Organismos de Inteligencia, el legislador kirchnerista enfatizó que actualmente la Dajudeco provee de información a esta comisión bicameral en virtud de un convenio de colaboración y auditoría que suscribió la Corte Suprema y los presidentes de ambas cámaras en 2016.

“Hoy la Dajudeco le provee información a la Comisión Bicameral de Inteligencia cuando se lo requiere, lo que sienta un precedente de que efectivamente hay una colaboración activa con el Congreso”, alegó Moreau.

El diputado Juan Manuel López, de la Coalición Cívica, insistió en que la Dajudeco no puede proveer información a la Comisión de Juicio Político sin autorización judicial.

“El convenio que se suscribió es de auditoría, justamente para que la Comisión Bicameral de Inteligencia pueda auditar la labor de la Dajudeco. No tiene nada que ver con la Comisión de Juicio Político, que no tiene ninguna facultad para requerirle información sobre números telefónicos ni comunicaciones”, alegó.

En el mismo sentido se expresó el diputado Cristian Ritondo, miembro de la Comisión Bicameral de Inteligencia. “Esta comisión se creó por medio de una ley, está regida por un estatus especial y sus reuniones son secretas. La Comisión de Juicio Político no tiene las mismas facultades”, explicó.