Informe: Respuesta de la Patrulla Fronteriza en Uvalde estuvo viciada por capacitación insuficiente

Los agentes de la Patrulla Fronteriza que acudieron al tiroteo en la localidad texana de Uvalde en 2022 no pusieron a nadie al mando y estaban insuficientemente capacitados para hacer frente a lo que se convirtió en una de las masacres escolares más letales en la historia de Estados Unidos, según un informe federal divulgado el jueves. Sin embargo, los investigadores concluyeron que los agentes no infringieron normas y no se recomendó ninguna medida disciplinaria.

El informe del Departamento de Seguridad Nacional, de unas 200 páginas, no atribuye culpa generalizada por la vacilante respuesta policial en la Escuela Primaria Robb, donde un adolescente armado con un fusil tipo AR mató a 19 estudiantes y dos profesoras en el interior de un aula de cuarto grado. Casi 200 agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) participaron en la respuesta, un mayor número que ningún otro organismo policial.

El agresor permaneció en el aula más de 70 minutos antes de que un equipo táctico, encabezado por la Patrulla Fronteriza, entrara y lo abatiera.

Gran parte del informe —que, según la agencia, fue iniciado para “proporcionar transparencia y rendición de cuentas”— vuelve a relatar el caos, la confusión y los numerosos errores policiales que otros lapidarios informes oficiales ya han puesto al descubierto. Algunos familiares de las víctimas se indignaron porque los investigadores federales no mencionaron a nadie que mereciera medidas disciplinarias.

“La falla de los agentes que acudieron de no establecer protocolos identificables de manejo de incidentes o de mando y control condujo a una respuesta desorganizada al tiroteo en la Escuela Primaria Robb”, señala el informe. “Ningún agente estableció nunca claramente el mando en la escuela durante el incidente, lo cual provocó retrasos, inacción y potencialmente más pérdidas humanas”.

La CBP dijo en un comunicado que los investigadores “llegaron a la conclusión de que ninguno de los agentes de la CBP que acudieron a la escena había infringido ninguna norma, reglamento o ley, y ningún agente de la CBP fue referido para que sea sujeto de una acción disciplinaria”.

Desde hace tiempo, los familiares de las víctimas exigen que haya rendición de cuentas por la lenta respuesta policial en Uvalde.

Jesse Rizo, cuya sobrina Jacklyn Cazares fue una de las estudiantes asesinadas, dijo que aunque él no había visto el informe, familiares que sí lo habían visto le relataron su contenido y se sintió decepcionado al enterarse de que no se responsabilizaba a nadie.

“Esperábamos ciertos resultados después de estas investigaciones, pero hemos sufrido una decepción tras otra”, dijo Rizo, integrante de la junta escolar de Uvalde.

Los autores del informe dijeron que su propósito era establecer si los agentes habían cumplido las normas y leyes pertinentes, y qué se podría hacer para mejorar su desempeño en el futuro.

Un agente de la CBP que se colocó detrás de otros agentes que irrumpieron en el aula donde se encontraba el agresor dijo que en la escena había una “confusión masiva”.

“Él se sorprendió por el número de personas que acudieron al lugar del incidente, y no estaba seguro de quién estaba al mando”, señala el informe.

Desde la balacera, en gran medida la Patrulla Fronteriza no ha enfrentado las mismas duras críticas que los policías estatales de Texas y la policía local por la omisión de no haber confrontado antes al agresor. El joven armado estuvo más de 70 minutos dentro de esa aula del sur de Texas mientras un creciente número de policías, agentes estatales y agentes federales permanecían afuera en los pasillos.

Dos agentes de la policía escolar de Uvalde acusados de no actuar fueron imputados a mediados de año y se han declarado inocentes.

En todo el informe, los agentes de la Patrulla Fronteriza detallan la confusión y la falta de liderazgo que caracterizaron la respuesta policial. Algunos comentaron que los mensajes transmitidos por radio eran a veces ininteligibles porque se hablaba al unísono.

Un agente fronterizo que fue enviado a brindar apoyo al Centro Cívico, donde las familias se reunieron a la espera de recibir información sobre sus hijos, dijo que la escena era un “desorden caótico con los padres, los medios de comunicación y la policía”, señala el informe.

Más de 90 agentes de la policía estatal se encontraban en el lugar, así como policías escolares y municipales. Varias investigaciones federales y estatales han puesto al descubierto una serie de problemas relacionados con la capacitación de los agentes, la comunicación, el liderazgo y la tecnología de la cual disponen, y han cuestionado si los agentes le dieron prioridad a la protección de sus propias vidas por encima de las vidas de los niños y las maestras.

Un informe publicado por legisladores estatales unos dos meses después del tiroteo reveló que los agentes habían tomado “decisiones atrozmente deficientes”. Y entre las críticas incluidas en un informe del Departamento de Justicia federal publicado anteriormente este año cabe destacar el hecho de que “no hubo la urgencia” de establecer un centro de mando, lo cual generó confusión entre los agentes sobre quién estaba al frente de la operación. Ese informe destacaba problemas relacionados con la capacitación de los agentes, la comunicación, el liderazgo y la tecnología, elementos que, según funcionarios federales, contribuyeron a que la crisis durara mucho más de lo necesario.

Mientras estudiantes y profesores aterrorizados llamaban al 911 desde el interior de las aulas, decenas de agentes permanecían en el pasillo tratando de dilucidar qué hacer, pese a que los padres desesperados que se habían reunido afuera del edificio les suplicaban que entraran.

El mes pasado, las autoridades de Uvalde publicaron una enorme colección de audios y videos de aquel día, incluidas llamadas al 911 de alumnos que se encontraban en el interior de las aulas. En una serie de llamadas a ese número de emergencias se escucha a un alumno que sobrevivió suplicando por ayuda, susurrando al teléfono que había “muchos” cadáveres y diciéndole a la operadora: “Por favor, no quiero morir. Mi profesora está muerta. Oh, Dios mío”.

El agresor, de 18 años, ingresó a la escuela a las 11:33 de la mañana, abriendo fuego primero desde el pasillo y posteriormente ingresando a dos aulas contiguas de cuarto grado. Los primeros agentes llegaron al colegio minutos después. Se acercaron a las aulas, pero se retiraron cuando el agresor abrió fuego.

Finalmente, a las 12:50 de la tarde, un grupo dirigido por un equipo táctico de la Patrulla Fronteriza ingresó a una de las aulas y abatió a tiros al agresor.

Dos de los agentes que acudieron a la escena actualmente enfrentan cargos penales. El exjefe de la policía escolar de Uvalde, Pete Arredondo, y el exagente Adrian Gonzales se han declarado inocentes de varios cargos de abandono y puesta en peligro de menores. Un policía estatal de Texas en Uvalde, que había sido suspendido, ha regresado a sus labores.

La semana pasada, Arredondo le pidió a un juez que desestimara la acusación. Ha dicho que él no debería haber sido considerado el comandante a cargo del incidente y que ha sido convertido en un “chivo expiatorio” para responsabilizarlo con el fin de que cargue con la culpa de los errores cometidos por los agentes policiales ese día.

La policía de Uvalde informó esta semana que un agente había sido puesto bajo licencia con goce de sueldo luego de que la institución concluyera una investigación interna sobre el descubrimiento de videos adicionales después de que se dieran a conocer los audios y videos de la escena del crimen.

Los familiares de las víctimas han interpuesto una demanda federal por 500 millones de dólares contra las instituciones policiales que acudieron a la escena del tiroteo.

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González informó desde McAllen, Texas, y Stengle desde Dallas. Los periodistas de The Associated Press Dave Collins, en Hartford, Connecticut; Sean Murphy en Oklahoma City; Heather Hollingsworth en Kansas City, Missouri; Juan A. Lozano en Houston; y Nadia Lathan en Austin, Texas, contribuyeron a este despacho.