Las inevitables consecuencias políticas del ataque a Cristina Kirchner

El intento de magnicidio contra Cristina Kirchner, registrado anoche a metros del domicilio particular de la vicepresidenta de la Nación en el barrio de la Recoleta, generará inevitables consecuencias políticas , al margen del unánime repudio que ha provocado el hecho en la dirigencia de las distintas fuerzas partidarias.

En forma paralela a las reacciones en condena al ataque que sufrió la vicepresidenta, las controversias y los discursos extremos se apoderaron de las redes sociales. De un lado, los mensajes que acusan a “la derecha gorila” de promover el asesinato de Cristina Kirchner; del otro lado, quienes sostienen que todo fue “armado” desde el propio oficialismo para victimizar a quien hoy es investigada por la Justicia en distintas causas asociadas con escándalos de corrupción.

Frases lanzadas por seguidores del kirchnerismo como “Todos sabemos quiénes son” o “El odio de la derecha no tiene límites” fueron rápidamente seguidas por otras que ponían en duda el móvil del atentado bajo el hashtag #NoLesCreoNada. Las declaraciones de Máximo Kirchner pronunciadas unas horas antes –”La oposición está viendo quién mata al primer peronista. Quiere sacar chapa de cowboy y esas cosas generalmente terminan muy mal”, había afirmado– dieron pie a algunos militantes de Juntos por el Cambio en las redes para considerar que estábamos ante una nueva puesta en escena, montada por el kirchnerismo.

Las imágenes captadas por las distintas cámaras que registraron el ataque a Cristina Kirchner resultan, sin embargo, elocuentes y sin precedentes. Que una persona gatille un arma de fuego a escasos centímetros del rostro de la vicepresidenta de la Nación es algo que no registra un antecedente comparable en la era democrática argentina iniciada en 1983. Es cierto que, en febrero de 1991, Raúl Alfonsín sufrió un intento de homicidio durante un acto público en San Nicolás, cuando un hombre de 29 años, identificado como Ismael Abdalá, le disparó desde varios metros, pero un defecto en su pistola hizo que la bala se detuviera al inicio de su recorrido y que se trabara el tambor, impidiendo más disparos. Pero para aquel entonces Alfonsín ya no ocupaba la presidencia de la Nación.

Conmueve la imagen de la pistola Bersa a tan poca distancia de la cabeza de la vicepresidenta y la temeraria acción del atacante, el brasileño Fernando Andrés Sabag Montiel, afortunadamente atrapado y detenido, pese a la fallida labor de los responsables de la custodia de la expresidenta. Conmueve y debe ser repudiada, debidamente investigada y condenada por la Justicia.

Tiene razón el presidente Alberto Fernández cuando expresa que toda forma de violencia debe ser rechazada y que no hay posibilidad de que la violencia conviva con la democracia. Pero deja de lado la prudencia por la que él mismo aboga cuando convoca a “desterrar la violencia y el odio del discurso político y mediático y de nuestra sociedad” .

En sintonía con el mensaje presidencial, los ministros y ministras del Poder Ejecutivo Nacional también hablaron de “las nefastas consecuencias de la propagación de los discursos de odio” y abogaron para que “cesen de inmediato la producción y reproducción de esos mensajes contra la vicepresidenta”. Hubo mensajes más extremistas desde la coalición oficialista, como el del diputado de extracción sindical Sergio Palazzo, quien llamó a condenar no solo el intento de homicidio de Cristina Kirchner, sino también “los actos de violencia sistemáticos que viene sufriendo la vicepresidenta en los últimos días”. También Luis D’Elía llamó a movilizarse “en repudio al odio gorila”.

Así como la convocatoria presidencial al pueblo argentino a expresarse en solidaridad con la vicepresidenta puede interpretarse, junto al decreto de un feriado nacional, como un intento de capitalizar políticamente lo sucedido, es necesario que la prudencia que se reclama desde el Gobierno sea acompañada de la suficiente madurez para entender que un atentado contra la vicepresidenta, más allá del repudio que genera, no puede ser esgrimido para silenciar las voces críticas ni para poner coto a las necesarias investigaciones judiciales sobre las escandalosas causas por corrupción pública que involucran a Cristina Kirchner.