Inestabilidad crónica: los fracasos del sistema político, el estigma que agobia a Perú

LIMA.- Si algo faltaba para redondear la colección de sobresaltos de la vida política peruana era otro autogolpe de Estado. Pasaron 30 años desde que se supo del último, cuando el presidente Alberto Fujimori decidió cerrar el Congreso, tirar la llave por la ventana y gobernar por su cuenta. Tres décadas después, Pedro Castillo ensayó la misma maniobra. Si bien fue neutralizada, desató una nueva crisis política en un país reñido con la estabilidad, y donde las peleas entre el Congreso y el Ejecutivo marcan la agenda, más que los programas y proyectos.

La dictadura que inició en 1992 el ingeniero Fujimori, que dos años antes le había ganado las elecciones a Mario Vargas Llosa, se extendió durante ocho años. La de Castillo duró pocos minutos, no mucho más, cuando decidió que mejor se escapaba por la puerta de atrás.

El final de esos dos gobiernos también fue distinto. Fujimori renunció a la distancia, al enviar un fax desde Japón, donde estaba de visita y luego de enterarse que en su país, cansados de una dictadura rapaz, lo esperaban para ponerle las esposas. Solo años después volvió a Perú, donde terminó según lo previsto en prisión.

Castillo fue detenido cuando creía que lo llevaban a la embajada de México, donde esperaba obtener asilo político. En realidad, su chofer lo puso en manos de la policía, que había tejido una emboscada a sus espaldas. El destino quiso que ahora Fujimori y él estén presos en el mismo lugar. Con buena voluntad, hasta podrían ser amigos. Siempre que cedan, claro, en sus visiones de extrema izquierda y derecha.

Pero no solo de golpes vive Perú. La democracia viene resistiendo a todos los sacudones a los que la someten sin tregua. Lo que existe más bien es un clima de inestabilidad crónica, una alergia a la racionalidad y la tolerancia, enmarcada en los feroces enfrentamientos entre legisladores y presidentes.

La democracia resiste, sí. ¿Pero por cuánto tiempo? Según el Barómetro de las Américas, el apoyo a la democracia en Perú cayó del 63% en 2008 a 50% en 2021, y la satisfacción con la democracia cayó del 52% en 2012 al 21%.

Como dijo en una columna el emprendedor social Augusto Townsend, “en el debate político peruano, todo el tiempo se sugieren cursos de acción que entrañan algún nivel de golpismo: no reconocer elecciones por sospechas de fraude no probadas, acusaciones por traición a la patria por comentarios desafortunados, suspensiones temporales con votaciones reducidas”. Y agregó que eso es el resultado de “nuestro tribalismo político”.

Los sucesivos enfrentamientos derivaron en destituciones, renuncias forzadas, o como el caso de Castillo, en fallido autogolpe. La prueba de la inestabilidad es que desde 2018 los peruanos van por su sexto presidente: Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra, Manuel Merino, Francisco Sagasti, Pedro Castillo y Dina Boluarte.

Otros exmandatarios cayeron presos o quedaron complicados en causas judiciales: el mismo Kuczynski, Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala, además de Fujimori.

Las acusaciones por corrupción llevaron al socialdemócrata Alan García, que gobernó el país en dos ocasiones (1985-1990 y 2006-2011), al suicidio.

El desastre institucional se traslada también a las calles. Hay cortes de rutas y movilizaciones, como las que se producen en Lima todas las noches, disturbios mediante, desde el golpe de Castillo, a quien sus seguidores consideran un “preso político”.

¿Pero qué tiene este país que legisladores y presidentes se expulsan y clausuran entre sí, en un salvaje mecanismo de exclusión definitiva? ¿Y qué consecuencias trae esta inestabilidad en cuanto al progreso, bienestar y calidad de vida de los peruanos del común, que miran azorados esos juegos de guerra como si fuera un reality show, un Gran Hermano de nominaciones y expulsiones?

“Por suerte la economía está protegida por la Constitución, que evita que la afecten las peleas de los políticos, pero si me preguntas te diría que la principal causa de malestar entre la gente es la corrupción”, dijo a LA NACION Manuel Aguirre, un estudiante de 24 años sentado con su novia en un banco de la plaza San Martín, un lugar emblemático de la vida pública peruana. Ahí, en el medio de la plaza, se reúnen, por ejemplo, los manifestantes que piden por Castillo y ven en el Congreso al enemigo.

“Igual no se espera mucho de los políticos, así que la gente tiene estallidos como este cuando surgen las crisis, pero en general hay mucha desafección política. La gente está en sus cosas, no queda otra, porque la mayoría de los trabajadores vive al día, en la informalidad, y no tiene tiempo de seguir cada una de las trampas que se hacen los políticos”, dijo la novia de Aguirre.

El mal que afecta a la política peruana, que la hace crónicamente inestable, tiene varias fechas de bautismo. La más inmediata es 2016. Ese año ganó las elecciones Kuczynski, que pese a obtener la presidencia quedó en franca minoría a nivel parlamentario y se volvió vulnerable a un feroz obstruccionismo de la oposición.

Dos años después debió renunciar, cuando estaban a punto de destituirlo, el primero de los muchos que el Congreso puso en marcha desde entonces.

“Vacados”

Para Luis Benavente, director de la consultora Vox Populi, la crisis tiene entre sus causas un sistema que facilita esos juicios políticos, o “juicios de vacancia”, como se dice en Perú. Un sistema que viene dejando más presidentes “vacados” por el Congreso que votados en las urnas.

“La situación nace de la Constitución Política de Perú, aprobada en 1993, que establece que la presidencia de la República queda vacante por incapacidad temporal o permanente del presidente, declarada por el Congreso”, dijo Benavente a LA NACION. “Esto ha abierto la puerta a que la vacancia se convierta en una especie de espada de Damocles que pende permanentemente sobre la cabeza del presidente y que puede caer sobre él en cuanto en el Congreso se reúnan los 87 votos requeridos” sobre el total de 130.

La facilidad de montar un juicio político en sí misma no sería un gran problema, dijo Benavente, si no fuera por el uso desmedido de una herramienta desvirtuada de su fin. “Es un impeachment a la peruana que hace temblar todo el sistema político”, señaló. Y agregó que tampoco ayuda la ausencia de partidos fuertes. Las elecciones terminan fragmentadas y el presidente resulta muy vulnerable.

Pero también entran en juego otros factores. “En una sociedad de altos niveles de informalidad (80% de la fuerza laboral se encuentra en ella), todos estamos acostumbrados a sacarle la vuelta a la ley, a hacerla funcionar a nuestra conveniencia, a interpretarla como mejor nos plazca. Así pues, se intenta cerrar el Congreso porque sí”, dijo a LA NACION Carlos Meléndez, investigador de la Universidad Diego Portales de Chile.

Meléndez atribuye responsabilidad de la inestabilidad crónica del país a la polarización política. “No es el sistema, es la polarización. Las reglas de juego funcionaban antes, son las mismas desde 2001, solo que los actores políticos no están dispuestos a hacerlas funcionar, por la polarización entre fujimorismo y antifujimorismo, entre extremos de izquierda y de derecha”, señaló el analista.

Esto se arregla no con reformas políticas, sino “con un Estado que lleve sus servicios a la gente, que la gente esté satisfecha con esas políticas públicas y así deje de ponerse en cada uno de los bandos”. O como dijo Adriana Urrutia, presidenta de Transparencia Perú, “el sector público debe volver a esforzarse para garantizar el bienestar de los ciudadanos”.