INE debatirá si perdonan al PRI una multa de 500 mdp por la Operación Safiro

La Operación Safiro, consistente en desvíos millonarios del gobierno de Chihuahua a las campañas del PRI en 2016, vuelve este jueves al Consejo General del Instituto Nacional Electoral, donde se discutirá un proyecto en el que se describe detalladamente la trama del caso, pero se propone exonerar al PRI de una multa que podría alcanzar los 500 millones de pesos.

En uno de los últimos asuntos que resolverá el Consejo presidido por Lorenzo Córdova, la Comisión de Fiscalización propone un proyecto en el que se exponen las conclusiones de seis años de investigación de la Unidad Técnica de Fiscalización, en las que se comprueba que el gobierno del priista César Duarte desvió al menos 250 millones de pesos a las campañas del tricolor, utilizando para ello empresas fantasma.

Esto, a partir de quejas presentadas por Morena, PAN y PRD en el año 2017, en las que se acusó al PRI de financiamiento ilegal utilizando el método de triangulación de recursos a través de un convenio denominado “Fortalecimiento Financiero”, celebrado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público federal y la Secretaría de Hacienda del gobierno estatal.

En la investigación, la unidad técnica del INE concluye:

“Una vez recibido el dinero por parte del Gobierno de Chihuahua se realizaron simulaciones de contrataciones con cinco empresas para finalmente transferir el recurso denunciado al Partido Revolucionario Institucional, con el fin de financiar sus campañas electorales en el Proceso Electoral Local Ordinario 2015 -2016 en los estados que no contaban con gobiernos priistas.

“Se destaca que cuatro de las cinco empresas se encuentran dentro del supuesto del 69-B del Código Fiscal de la Federación (empresa fachada): Servicios y Asesorías Samex, SC (55 millones de pesos), Servicios y Asesorías Sinnax, SA de CV (55 millones), Servicios y Asesorías Sisas, SA de CV (46 millones) y Despacho de Profesionistas Futura, SA de CV (90 millones de pesos)”.

Además, la UTF detectó que 4 millones de pesos fueron canalizados al PRI a través de un contrato celebrado entre la Secretaría de Hacienda de Chihuahua y la empresa Jet Combustibles SA de CV, de la que es accionista Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, entonces secretario del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, que es el político de más alto nivel que cayó preso por la Operación Safiro y que en febrero fue absuelto por un Tribunal de Chihuahua.

Las investigaciones involucran también a otras dos empresas vinculadas con Alejandro Gutiérrez: Crec Desarrollos SA de CV y Norte de Coahuila S de PR de RL, y concluyen:

“Al momento de los hechos, la persona física citada fungía como secretario del CEN del PRI, tenía un vínculo directo con el partido político; esto, en concatenación con las declaraciones a las que tuvo acceso esta autoridad: Alejandro Gutiérrez es mencionado en múltiples ocasiones como creador de la estrategia para llevar a cabo la triangulación de dinero al PRI”.

En el proyecto de la Comisión de Fiscalización, que se discutirá esta tarde en el Consejo General, se ordena dar vista de estas investigaciones a la Unidad de Inteligencia Financiera y al Servicio de Administración Tributaria, ambas de la Secretaría de Hacienda, y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Y, aunque se concluye que hubo el desvío de recursos, se considera que no está probado su posterior uso en las campañas priistas de estados como Tamaulipas y Veracruz, donde hubo elecciones ese año, que el PRI terminó perdiendo.

“Sin embargo, no existe ninguna prueba que evidencie que el recurso entró a las arcas del Partido Revolucionario Institucional, razón por la cual esta autoridad no puede aseverar que el recurso benefició al partido político antecitado, lo que queda probado es que existió desvío de recursos públicos a través de diversas personas físicas y morales que se considera deben ser investigadas por las autoridades competentes”, señala el documento.

Cabe destacar que esta resolución dividió los votos de los integrantes de la Comisión de Fiscalización, por lo que el sentido del proyecto también podrá ser discutido en la sesión del Consejo General.

Al detectarse un presunto financiamiento ilegal por 250 millones de pesos, la multa que le correspondería al PRI ascendería a 500 millones de pesos.