Los indultos como manifestación de protesta por parte de un presidente derrotado

Peter Baker
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El presidente Donald Trump y la primera dama, Melania Trump, salen del avión presidencial después de llegar a West Palm Beach, Florida, el 23 de diciembre de 2020. (Erin Scott/The New York Times).
El presidente Donald Trump y la primera dama, Melania Trump, salen del avión presidencial después de llegar a West Palm Beach, Florida, el 23 de diciembre de 2020. (Erin Scott/The New York Times).

El comunicado que la semana pasada anunció la serie de indultos presidenciales más reciente se atribuyó oficialmente a la secretaria de prensa de la Casa Blanca, pero estaba lleno de los propios reclamos profundamente arraigados del presidente Donald Trump.

Según el comunicado, los fiscales “trataron de manera muy injusta” a su viejo amigo y asesor Roger Stone. Su excoordinador de campaña Paul Manafort “es una de las víctimas más importantes de lo que se ha dado a conocer como quizás la mayor cacería de brujas en la historia de Estados Unidos”.

No obstante, al quejarse sobre el “comportamiento judicial indebido”, Trump parecía estar hablando de él y de sus aliados. En la avalancha de 49 indultos y conmutaciones emitidos esta semana, otorgó clemencia a una serie de políticos corruptos, mentirosos y criminales de guerra y asesinos de niños que ya habían sido sentenciados, pero el elemento constante era un presidente que se considera víctima de la justicia y que estaba usando sus facultades para devolver el golpe.

No importa que Trump se presente como el defensor de la “ley y el orden”. El mandatario ha estado en guerra con el sistema de justicia penal, al menos cuando se ha tratado de él y sus amigos. Así que, en estos últimos días en el cargo, está usando el poder casi absoluto conferido a la presidencia para reescribir la realidad de su mandato al tratar de desacreditar las investigaciones sobre él y sus compañeros, e incluso absolver a otros con los que parece identificarse debido a sus propios enfrentamientos con las autoridades.

Desde luego, de algún modo, esta es la concesión que de otra manera Trump se ha rehusado a otorgar, un reconocimiento tácito de que realmente perdió las elecciones del 3 de noviembre. Esta es la clase de medidas de clemencia que tomaría un presidente poco antes de dejar el cargo.

Pero también representa un último ejercicio furioso de poder por parte de un presidente que está perdiendo su capacidad de influir en los acontecimientos con cada día que pasa; es un comunicado de gran relevancia incluso cuando Trump se enfrenta al final de su supremacía sobre la capital del país.

Durante las siete semanas que han transcurrido desde las elecciones, ha vociferado una y otra vez que en realidad él ganó y ha sido ignorado por prácticamente todos los tribunales y las autoridades electorales que han analizado sus falsas aseveraciones, las cuales también fueron rechazadas por su propio fiscal general.

Debido a que, de manera inexorable, el poder se le va de las manos, el derrotado presidente ve sus facultades de indulto como un arma que puede usar sin controles. Es un poder regio que la Constitución le otorga al presidente, y que está sujeto por completo a su discrecionalidad, no requiere ratificación ni del Congreso ni de los tribunales y no puede anularse.

Se ha criticado a otros presidentes por usarlo para sus aliados políticos, en especial a George Bush, quien perdonó a media docena de colegas en las investigaciones del escándalo Irán-Contra, y a Bill Clinton, quien otorgó clemencia a su propio medio hermano, a una antigua socia empresarial y al exesposo de una donadora muy importante.

Pero pocos, si acaso, han usado esta facultad de indulto para atacar al sistema de la manera en que Trump lo ha hecho.

Según las directrices del Departamento de Justicia, por lo general, los indultos ni siquiera se analizan sino hasta cinco años después de que el solicitante cumple una sentencia y “se otorgan como reconocimiento a la aceptación por parte del solicitante de su responsabilidad derivada del delito y por un buen comportamiento comprobado”.

Sin embargo, un presidente no está obligado a respetar esas directrices, y Trump, que es conocido por desdeñar y desobedecer las normas, en buena medida ha prescindido del proceso para analizar solicitudes de clemencia del Departamento de Justicia y en muchos casos no los ha tratado como gestos de perdón, sino como reivindicaciones.

Además de Stone y Manafort, esta semana, el presidente otorgó el indulto a otros tres personajes declarados culpables de mentir en la investigación de Rusia realizada por el fiscal especial Robert Mueller. Se sumaron a un indulto similar del mes pasado para Michael Flynn, asesor de seguridad nacional de Trump, y formaron parte de un esfuerzo más amplio para borrar lo que el mandatario ha denominado una investigación “fraudulenta”.

Sus detractores acusaron a Trump de usar su autoridad para obstruir la justicia al premiar a los aliados que dificultaron la investigación en su contra.

“Los indultos de este presidente son lo mismo que podría esperarse si se le diera la facultad de indultar a un capo de la mafia”, escribió en Twitter Andrew Weissmann, un importante lugarteniente de Mueller.

A algunos redactores de la Constitución les preocupó ese panorama. George Mason sostuvo que un presidente “no debería tener la facultad de indultar, porque es posible que perdone delitos que él mismo aconsejó”.

Los detractores de Trump han insinuado que sus indultos podrían ser sinónimo de obstrucción de la justicia, y señalan que con frecuencia Trump sugirió la posibilidad del indulto al mismo tiempo que Manafort, por ejemplo, estaba siendo presionado para cooperar con los investigadores.

En 2019, en la audiencia de ratificación de William Barr, cuyo último día como fiscal general fue el miércoles, el senador demócrata por Vermont, Patrick J. Leahy, le preguntó sobre eso.

“¿Cree usted que un presidente pueda legalmente otorgar un indulto a cambio de que el beneficiario prometa no incriminarlo?”, preguntó Leahy.

“No,” respondió Barr. “Eso sería un delito”.

Manafort y Stone no fueron los únicos beneficiarios del perdón presidencial de Trump que tenían lazos personales con él o con sus amigos. Indultó a Charles Kushner, padre de Jared Kushner, su yerno, y anuló una condena que desde hacía mucho había carcomido a la familia. Charles Kushner se declaró culpable de evasión fiscal, donaciones ilegales a campañas y manipulación de testigos, y pasó más de un año en la cárcel.

Kushner le tendió una trampa a su cuñado, quien estaba cooperando con la investigación, al contratar a una prostituta para seducirlo y luego enviar una cinta de los hechos a su esposa, la propia hermana de Charles Kushner. Fue procesado por Chris Christie, un fiscal de Estados Unidos y posteriormente gobernador de Nueva Jersey. Christie, un amigo de Trump, ha calificado las acciones de Kushner como “repugnantes” y “despreciables”, pero se negó a hacer comentarios sobre el indulto de esta semana.

Trump, quien prometió en su campaña de 2016 “acabar con la corrupción”, también perdonó a cuatro excongresistas republicanos condenados por corrupción, entre ellos al primer miembro de la Cámara de Representantes en respaldarlo para la presidencia, Chris Collins, quien llamó a su hijo desde el jardín de la Casa Blanca para darle recomendaciones sobre la bolsa de valores con información privilegiada.

El presidente indultó a un excoordinador de campaña y sobrino del senador republicano por Kentucky, Rand Paul, un aliado esencial. Indultó a cuatro contratistas de seguridad de Blackwater, la empresa fundada por Erik Prince, hermano de su secretaria de Educación, Betsy DeVos.

Los cuatro contratistas fueron condenados después de que, según los investigadores, participaron en un ataque no provocado que mató a 17 civiles iraquíes en 2007, entre los cuales había mujeres y niños desarmados. La versión de la Casa Blanca sobre lo sucedido les restó importancia a los espeluznantes hechos.

“Cuando el convoy trató de poner un cerco fuera del ‘Distrito Protegido’, la situación se tornó violenta, lo que trajo como consecuencia los infortunados decesos y lesiones de civiles iraquíes”, decía el comunicado del indulto.

Después de los indultos, Paul R. Dickinson, hijo, un abogado que representó a cinco familias iraquíes en una demanda, pintó un panorama más grotesco en una serie de furiosos mensajes de Twitter en los que describe, entre otras cosas, cómo le dispararon en la cabeza a Ali Kinani, un chico de 9 años, mientras iba en un auto.

“Después de ver sangre en la ventanilla, su padre abrió la puerta y el cerebro de Ali cayó en la acera a los pies del padre”, escribió Dickinson.

En toda la historia de los indultos, sería difícil encontrar algún paralelo con esto. Por lo general, los presidentes evitan indultar a los asesinos de niños que no desobedecen a la autoridad por la sencilla razón de que normalmente se consideraría como algo radioactivo en materia política.

No obstante, Trump ha transformado en política la acción de desafiar la sensatez convencional y redefinir lo que considera que es la justicia. Ha sostenido que está corrigiendo las equivocaciones de un sistema de aplicación de la ley que, según cree, también lo ha agraviado. E incluso ha hablado de indultar a sus familiares o a él mismo.

A menos de cuatro semanas de que deje el cargo, tal vez todavía tenga más cosas que decir al respecto.

This article originally appeared in The New York Times.

© 2020 The New York Times Company