Yahoo Noticias Para muchos indocumentados en el sur de la Florida, nuevas políticas de Biden ofrecen oportunidad de quedarse
Durante una década, Lowell Laban mezcló bebidas para los pasajeros de cruceros que navegaban entre el sur de la Florida, el Caribe y otros puertos de todo el mundo.
Laban, de 47 años, visitaba de vez en cuando su ciudad natal, la ciudad portuaria de Bluefields, en la costa caribeña de Nicaragua. Pero durante una visita a Estados Unidos, Laban decidió no volver a subirse al barco. Quizá, razonó, aquí tendría más oportunidades.
Eso fue hace 16 años. Laban vivió dos años en Nashville antes de venir al sur de la Florida. Desde entonces, ha trabajado como auxiliar sanitario a domicilio y vende comida casera nicaragüense los fines de semana. Se ha casado dos veces, ambas con ciudadanas estadounidenses. Pero nunca solicitó la tarjeta verde por matrimonio, porque los abogados le dijeron que tendría que salir de Estados Unidos y tramitar su caso en el extranjero.
Contrariamente a la creencia popular, casarse con un ciudadano estadounidense no es una vía directa hacia la residencia permanente o la ciudadanía. Para que se apruebe una solicitud, muchos inmigrantes indocumentados deben salir del país y enfrentar la incertidumbre de no poder volver nunca, lo que ha impedido a muchos cónyuges de ciudadanos estadounidenses resolver su situación migratoria.
“Conozco a gente que está en la misma situación, amigos que están casados y tienen hijos. Y han tardado entre tres y cinco años en poder regresar mientras esperaban su tarjeta verde”, dijo Laban.
Pero eso pudiera cambiar pronto para cientos de miles de personas en la misma situación que Laban. El martes, el gobierno de Biden anunció que permitirá a cientos de miles de cónyuges indocumentados de ciudadanos estadounidenses solicitar su tarjeta verde sin poner un pie fuera del país. Se calcula que pudieran beneficiarse medio millón de personas y unos 50,000 de sus hijos.
Laban analizaba con cautela las noticias para averiguar si puede presentar su solicitud al programa. Para ser elegibles, los cónyuges indocumentados deben haber vivido en Estados Unidos durante una década o más; no ser una amenaza para la seguridad pública o la seguridad nacional y ya ser elegibles para solicitar una tarjeta verde. Hasta que el gobierno federal no publique un anuncio oficial sobre el programa en el Registro Federal, “el público no sabrá exactamente” quién califica, según el American Immigration Council.
Pero si Laban es elegible y obtiene la residencia, espera poder abrir un negocio propio y sacar la licencia de conducir. También espera poder visitar a su familia en Nicaragua, a la que no ve desde hace años, incluida su hija.
“Mi esposa y yo estamos muy, muy contentos. Presentaré la solicitud el día que abra”, dijo.
Es difícil saber cuántos floridanos se beneficiarán de la nueva política. Pero los datos muestran que el impacto sería significativo. La representante federal Debbie Wasserman Schultz, quien elogió a Biden por la medida, dijo en un comunicado que la política mantendría unidas a unas 27,000 familias de estatus mixto en el estado e inyectaría $317 millones a la economía. Mientras tanto, el American Immigration Council estima que casi 600,000 estadounidenses en la Florida viven con al menos un familiar indocumentado.
‘Poner en práctica mi título universitario’
El gobierno de Biden también anunció el martes que facilitará a los graduados universitarios indocumentados y a los beneficiarios de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) la obtención de visados temporales para trabajadores, que pueden conducir a la obtención de la tarjeta verde. El programa de la era de Obama ofrece protección frente a la deportación y permisos de trabajo a las personas que llegaron a Estados Unidos siendo niños.
Pero los Dreamers, como se conoce a los beneficiarios del programa, no pueden recibir un estatus migratorio permanente como la residencia o la ciudadanía a través del programa de acción diferida. Impugnaciones judiciales también han impedido que los solicitantes más jóvenes elegibles reciban las protecciones por completo.
Harold Silva, estudiante de enfermería en la Universidad del Centro de la Florida (UCF), llegó de Guatemala a Fort Myers cuando tenía un año de edad. Silva, quien también obtuvo una beca de TheDream.US, la mayor red de ayuda a jóvenes indocumentados del país, quiere trabajar en una sala de urgencias o en un departamento de oncología. Dijo al Miami Herald que esperaba que el anuncio del martes hiciera que sus “metas profesionales y aspiraciones de ser ciudadano estadounidense fueran más alcanzables”.
Casos judiciales dan pistas de cuántos migrantes han llegado al sur de la Florida
“Quiero poner en práctica mi título universitario no solo tratando a las personas en su momento de necesidad. También quiero poder dar a mis pacientes la sensación de que su calidad de vida es atendida aparte de todos los problemas médicos y personales que puedan estar pasando”, dijo.
Algunos activistas de inmigración han descrito los anuncios políticos del martes como la mayor victoria para el movimiento de derechos de los inmigrantes desde que el ex presidente Barack Obama anunciara la DACA en 2012. El martes, el presidente Joe Biden y la primera dama Jill Biden conmemoraron el 12º aniversario del programa y anunciaron formalmente las nuevas políticas de la administración en la Casa Blanca. Un Dreamer que es enfermero en Texas y padre de dos hijos presentó al presidente. El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, también estuvo presente.
“Me niego a creer que para asegurar nuestra frontera tengamos que alejarnos de ser estadounidenses”, dijo Biden. “La Estatua de la Libertad no es una reliquia de la historia estadounidense. Sigue representando lo que somos”.
Activistas celebran
Algunos republicanos del sur de la Florida criticaron la nueva medida de Biden. El representante federal Mario Díaz-Balart la calificó de “maniobra descaradamente política, de dudosa constitucionalidad, en un año electoral” que “no hizo nada para aliviar el caos actual en nuestra frontera sur”.
Mientras tanto, en el sur de la Florida, activistas y abogados de inmigración celebraron las nuevas medidas como una solución de sentido común que usa herramientas ya disponibles dentro del sistema de inmigración para proteger a las familias y las comunidades. En promedio, los cónyuges indocumentados elegibles para el nuevo proceso han estado en el país durante 23 años.
“El nuevo programa refuerza y promueve una de las piedras angulares tradicionales de nuestra política de inmigración –la de mantener unidas a las familias– al racionalizar las barreras anticuadas y burocráticas que han frustrado nuestro compromiso histórico con la unidad familiar”, dijo Randy McGrorty, director ejecutivo de Catholic Legal Services, con sede en Miami.
María Bilbao, coordinadora de campañas del American Friends Service Committee, calificó el anuncio de “gran alivio para cientos de miles de familias y un paso adelante muy necesario”. Dijo que las acciones del martes les dieron a ella y a otros activistas la esperanza de que la administración de Biden actúe en otros asuntos de inmigración que son importantes para el sur de la Florida, como la ampliación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para los nicaragüenses. Activistas del sur de la Florida han liderado una campaña para que más nicaragüenses puedan beneficiarse del programa federal, que permite a personas de países en crisis vivir y trabajar en Estados Unidos.
La Florida Immigrant Coalition acogió con satisfacción las nuevas políticas, pero dijo estar “decepcionada” porque el beneficio para los cónyuges excluye a quienes han vivido en Estados Unidos menos de 10 años. El anuncio del martes es la más reciente medida ejecutiva que ha adoptado la administración en materia de inmigración, incluido el establecimiento de un proceso de libertad condicional para nicaragüenses, haitianos, venezolanos y cubanos el año pasado.
La nueva política llega semanas después de que la administración de Biden anunciara restricciones al acceso al asilo para los inmigrantes indocumentados que cruzan ilegalmente la frontera entre Estados Unidos y México. La decisión causó un intenso furor entre expertos y activistas de inmigración. Afirman que la política empeorará los problemas de inmigración e impedirá que las personas reciban las protecciones a las que tienen derecho en virtud de la legislación estadounidense e internacional.
“Aunque su reciente orden de prohibición de asilo fue un enfoque equivocado, elogiamos al presidente Biden por estar a la altura del momento con esta orden. Esto demuestra que liderar con moralidad, compasión y un enfoque inteligente es posible. Con esto, también comienza a cumplir las promesas que hizo a nuestras comunidades durante su campaña de 2020. dijo Yareliz Méndez-Zamora, quien lidera los esfuerzos de activismo a nivel del gobierno federal para la Florida Immigrant Coalition. “¡Más de esto, por favor!”.
