Independencia del sistema judicial es fundamental: CIDH

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 16 (EL UNIVERSAL).- Tras la aprobación de la reforma judicial, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recordó que la independencia de los poderes públicos, en particular del sistema judicial, es fundamental para consolidar y proteger la democracia.

"La democracia debe protegerse de los eventuales abusos de los poderes políticos y económicos. Contar con un sistema de justicia independiente, fortalecido y comprometido con la garantía, respeto y protección de los derechos humanos, es una de las mejores formas para asegurar los sistemas democráticos y el Estado de derecho", afirmó la CIDH.

La CIDH también mostró preocupación que en varios estados han adoptado medidas que erosionan los sistemas de justicia y su capacidad de manera independiente.

Además, la Comisión Interamericana mencionó algunas de dichas acciones que erosionan un sistema de justicia que son iniciativas legales que buscan remover arbitrariamente, sin el debido proceso, a jueces y fiscales; nombramientos inadecuados y sin observar los estándares interamericanos en la materia; injerencias indebidas que tendrían como finalidad afectar la deliberación y decisiones judiciales.

Asimismo, la manipulación e instrumentalización de los sistemas de justicia por parte de grupos con poder político o económico para perseguir a dirigentes políticos u otros operadores de justicia, en especial a quienes luchan contra la corrupción e impunidad; y desacato a decisiones judiciales.

El organismo internacional recordó que la vigencia de los derechos y libertades en las democracias requiere de un orden jurídico e institucional en el que las leyes prevalezcan sobre la voluntad de los gobernantes y los particulares, y en el que exista un efectivo control judicial de la convencionalidad, constitucionalidad, y legalidad de los actos del poder público.

En ese sentido, la labor de las personas operadoras de justicia es fundamental tanto para garantizar los derechos humanos, como para proteger al sistema democrático frente a los posibles abusos de los propios gobiernos, representantes electos y grupos de poder económico.