Yahoo Noticias Lo que podría implicar la guerra de Trump contra el “Estado profundo”: “Un ejército de aduladores”
(CNN) -- En un mitin de campaña tras otro, el expresidente Donald Trump agita a sus seguidores con estridentes vítores, prometiendo lo que sucederá si se le concede otro mandato: “Demoleremos el Estado profundo”.
En esencia, es una declaración de guerra al gobierno federal: una promesa de transformar su tamaño y alcance y hacerlo más dependiente de los caprichos y la visión del mundo de Trump.
Las declaraciones del expresidente, los planes de política establecidos por altos funcionarios de su primera administración y las entrevistas con aliados muestran que Trump está preparado para redoblar su apuesta en un segundo mandato en órdenes ejecutivas que fracasaron, o aquellas que se le impidió llevar a cabo la primera vez. .
Trump busca eliminar las protecciones del servicio civil que han estado vigentes durante más de 140 años. Ha dicho que haría que “todos los empleados del poder ejecutivo puedan ser despedidos por el presidente de los Estados Unidos” a voluntad. Aunque más del 85% de los empleados federales ya trabajan fuera del área de DC, Trump dice que “drenaría el pantano” y trasladaría hasta 100.000 puestos fuera de Washington. Sus planes eliminarían o desmantelarían departamentos enteros.
Una mirada de cerca a sus esfuerzos anteriores muestra cómo, en otro mandato, las iniciativas de Trump podrían debilitar a grandes sectores del gobierno federal.
Si bien los planes de Trump son respaldados por sus partidarios, los expertos en políticas advierten que vaciarían y politizarían la fuerza laboral federal, expulsarían a muchos de los empleados más experimentados y conocedores y abrirían la puerta a la corrupción y a un sistema de favoritismo político.
Tomemos como ejemplo la declaración de Trump en el sitio web de su campaña: “Reeditaré inmediatamente mi orden ejecutiva de 2020 restaurando la autoridad del presidente para destituir a burócratas deshonestos. Y ejerceré ese poder de manera muy agresiva”.
Esa orden ejecutiva reclasificó a muchos trabajadores de la función pública, cuyos empleos no son partidarios y están protegidos, como personas designadas políticamente que podrían ser despedidas a voluntad. En ese momento, más de cuatro docenas de funcionarios de diez administraciones presidenciales republicanas y demócratas, incluidos algunos que sirvieron durante el gobierno de Trump, condenaron la orden. En una carta conjunta, advirtieron que “causaría daños a largo plazo a una de las instituciones clave de nuestro gobierno”.
Al final, la orden de Trump tuvo poco impacto porque la emitió en los últimos meses de su mandato y el presidente Joe Biden la rescindió tan pronto como asumió el cargo.
Pero si, como prometió, Trump cambiara miles de puestos de trabajo de la administración pública por puestos designados políticamente al comienzo de un segundo mandato, un gran número de trabajadores federales podrían enfrentarse al despido a menos que antepongan la lealtad a Trump al servicio del interés público, advierten expertos en política.
Donald Moynihan, profesor y presidente McCourt de la Escuela McCourt de Políticas Públicas de la Universidad de Georgetown, centra su investigación en formas de mejorar el funcionamiento del gobierno. CNN
“Un ejército de aduladores”
"Es una amenaza real para la democracia", dijo a CNN Donald Moynihan, profesor de políticas públicas en la Universidad de Georgetown. "Esto es algo de lo que todo ciudadano debería ser profundamente consciente y preocuparse porque amenaza sus derechos fundamentales".
Moynihan dijo que hacer que un gran número de puestos de trabajo estén sujetos a nombramientos basados en la afiliación política equivaldría a “absolutamente el mayor cambio en el sector público estadounidense” desde que se creó una administración pública basada en el mérito en 1883.
Uno de los arquitectos de ese plan para un segundo mandato de Trump lo explicó en un vídeo el año pasado para la Heritage Foundation. “Va a ser innovador”, dijo Russell Vought, quien se desempeñó como director de la Oficina de Administración y Presupuesto durante el gobierno de Trump. Rechazó las solicitudes de entrevista de CNN, pero en el video, habló extensamente sobre el plan para aplastar lo que llamó “la burocracia despierta y armada”. Vought habló sobre el desmantelamiento o la reestructuración del Departamento de Justicia, el FBI y la Agencia de Protección Ambiental, entre otros.
Vought se centró en un plan que redactó para volver a emitir la orden ejecutiva de Trump de 2020, conocida como Anexo F, que reclasificaría como funcionario político a cualquier trabajador federal que se considere que tiene influencia en la política. La reedición del Anexo F es parte de una hoja de ruta, conocida como Proyecto 2025, redactada para un segundo mandato de Trump por decenas de grupos conservadores y publicada por la Heritage Foundation.
Vought sostiene que el cambio en la función pública es necesario porque el gobierno federal “toma cada decisión sobre la base del extremismo del cambio climático y sobre la base de una militancia despierta, donde efectivamente se intenta dividir el país entre opresores y oprimidos”.
Un portavoz de la campaña de Trump señaló a CNN un par de declaraciones de campaña de finales del año pasado que respondían en parte a preguntas de los periodistas sobre el documento de más de 900 páginas del Proyecto 2025. La campaña decía: “Ninguno de estos grupos o individuos habla en nombre del presidente Trump o su campaña… Las recomendaciones políticas de aliados externos son sólo eso: recomendaciones”. Sin embargo, las recomendaciones del Proyecto 2025 siguen en gran medida lo que Trump ha esbozado a grandes rasgos en sus discursos de campaña, por ejemplo, sus planes de volver a emitir su orden ejecutiva de 2020 “el primer día”.
Aparentemente, una nueva Lista F afectaría solo a las puestos relacionados con la formulación de políticas. Pero los documentos obtenidos por el Sindicato Nacional de Empleados del Tesoro (NTEU) y compartidos con CNN muestran que cuando Vought dirigió la OMB (Oficina de Administración y Presupuesto por sus siglas en inglés) bajo Trump, su lista de puestos a reclasificar bajo el Anexo F incluía asistentes administrativos, gerentes de oficina, trabajadores de informática y muchos otros puestos de menor jerarquía.
La presidenta del NTEU, Doreen Greenwald, dijo a los periodistas en la conferencia legislativa anual del sindicato que estimaba que más de 50.000 trabajadores se habrían visto afectados en todas las agencias federales. Dijo que los documentos de la OMB “extendieron la definición de posiciones políticas o confidenciales hasta el punto del absurdo”.
Los comentarios de Trump sobre querer poder despedir a voluntad a todos los empleados del poder ejecutivo sugieren que las cifras en un segundo mandato serían mucho mayores.
Moynihan, en la Universidad de Georgetown, dijo que las políticas estadounidenses ya otorgan al presidente “muchos más nombramientos políticos de los que permiten la mayoría de los demás países ricos”, alrededor de 4.000 puestos.
"Casi todas las democracias occidentales tienen una administración pública profesional que no responde a ningún partido político que esté en el poder, sino que es inmune a ese tipo de disputas partidistas", dijo Kenneth Baer, quien sirvió como alto funcionario de la OMB durante la presidencia de Barack Obama. “Aportan... experiencia técnica, un sentido de larga historia y perspectiva al trabajo que el gobierno debe realizar”. Al someter miles de puestos adicionales al cambio político se corre el riesgo de perder esa experiencia, al mismo tiempo que se incorporan “personas que están consiguiendo empleos sólo porque le hicieron algún favor al partido o porque el presidente fue elegido”. Y así, existe el riesgo de corrupción”.
Kenneth Baer (segundo desde la derecha), asesor principal de la Oficina de Gestión y Presupuesto, se reúne en la Oficina Oval con el presidente Barack Obama, el director de la OMB, Peter Orszag, y otros el 21 de diciembre de 2009. Pete Souza/La Casa Blanca
Robert Shea (izquierda), entonces director asociado de la Oficina de Gestión y Presupuesto, y su esposa Eva Shea (derecha), se reúnen con el presidente George W. Bush y la primera dama Laura Bush en la Casa Blanca el 21 de diciembre de 2009. Tina Hager/La Casa Blanca
Estas preocupaciones cruzan el espectro político. Robert Shea, un alto funcionario de la OMB durante el gobierno de George W. Bush, se autodenominaba un republicano leal y enormemente conservador. Pero contratar gente basándose en lealtades políticas personales produciría “un ejército de aduladores”, dijo.
Eliminar las protecciones de los altos funcionarios públicos "cambiaría la naturaleza de la burocracia federal", dijo. "Esto significaría que si le dijera a su jefe que lo que él o ella estaba proponiendo era ilegal, poco práctico [o] imprudente, podrían tildarlo de desleal y despedirlo".
Biden ha tomado medidas para bloquear tal medida. El 4 de abril, la Oficina de Gestión de Personal, que de hecho es el departamento de recursos humanos del gobierno federal, adoptó nuevas reglas destinadas a impedir que los trabajadores de carrera de la función pública sean reclasificados como designados políticos u otros tipos de trabajadores a voluntad.
Las nuevas reglas no bloquearían completamente la reclasificación de los trabajadores en un segundo mandato de Trump pero crearían “obstáculos”, dijo Baer. “Para derogar la regulación, tendría que haber un largo período de propuesta de reglamentación, 90 días de comentarios” y otros pasos que deberían seguirse. “Y luego probablemente el litigio, después de eso”.
En Grand Junction, Colorado, los partidarios del entonces candidato Donald Trump saludan a su avión después de un mitin de campaña de 2016. En 2019, el presidente Trump trasladó la sede de la Oficina de Gestión de Tierras a esa ciudad, lo que provocó que el 87 por ciento de los empleados afectados renunciaran o se jubilaran en lugar de mudarse de Washington, DC. George Frey/Getty Images
“Lugares llenos de patriotas”
Mientras ataca a los “burócratas sin rostro”, Trump también ha dicho que trasladaría las agencias federales del “pantano de Washington a lugares llenos de patriotas que aman a Estados Unidos”.
Pero cuando intentó tales movimientos antes, el efecto fue drenar el conocimiento, el talento y la experiencia de esas agencias. Eso fue lo que sucedió en 2019 cuando Trump trasladó la sede de la Oficina de Gestión de Tierras a Grand Junction, Colorado, y dos agencias del Departamento de Agricultura a Kansas City.
“La gran mayoría de los empleados (de la sede) abandonaron las agencias”, dijo Max Stier, presidente y director ejecutivo de Partnership for Public Service, un grupo no partidista que promueve el servicio en el gobierno. Condujo a la pérdida de “la experiencia que se había acumulado durante décadas”, afirmó, y agregó que "destruyó las agencias".
Una investigación de 2021 realizada por la Oficina de Responsabilidad Gubernamental encontró que la medida BLM expulsó a cientos de los empleados más experimentados de la oficina y redujo drásticamente la diversidad, con más de la mitad de los empleados negros en DC optando por renunciar o jubilarse en lugar de mudarse a Colorado. La Oficina de Contabilidad del Gobierno (GAO) también concluyó que la decisión del Departamento de Agricultura (USDA) de trasladar su Servicio de Investigación Económica (ERS) y el Instituto Nacional de Alimentación y Agricultura (NIFA) a Kansas City "no era totalmente consistente con un enfoque basado en evidencia".
Las dos agencias del USDA realizan investigaciones y análisis estadísticos. La ERS se centra en áreas que incluyen el bienestar de las granjas, los efectos de las políticas agrícolas federales, la seguridad alimentaria y las cuestiones de inocuidad, los impactos de las políticas comerciales y la competencia global. NIFA financia programas para ayudar a la agricultura estadounidense a competir globalmente, proteger la seguridad alimentaria y promover la nutrición, entre otras áreas.
Verna Daniels había trabajado para el USDA durante 32 años, la mayoría de ellos como especialista en información en el Servicio de Investigación Económica, cuando ella y sus colegas descubrieron que su agencia iba a ser reubicada en octubre de 2019.
“Realmente disfruté mi trabajo. Trabajé muy duro. Nunca incumplí una fecha límite”, dijo Daniels. Dijo que el anuncio la dejó en shock. "Todo el mundo tenía miedo y estaba sucediendo tan rápido... Nos dieron tres meses para mudarnos a donde fuera o desalojar las instalaciones". Prefirió renunciar a desarraigar a toda su familia. “Fue desgarrador”.
La administración Trump dijo que trasladar las agencias del USDA acercaría a los investigadores a las “partes interesadas”, es decir, los agricultores. Catherine Greene, economista agrícola con 35 años en el Servicio de Investigación Económica del USDA, calificó la idea de ridícula. "Todos los estados que rodean Washington tienen agricultura, crecí en una granja centenaria en el suroeste de Virginia". "Todos hemos dedicado nuestras vidas a analizar la agricultura en Estados Unidos, a analizar los sistemas alimentarios en Estados Unidos", dijo Greene. “Creo que el objetivo era desarraigar la agencia de tal manera que la mayoría de la gente tuviera que seguir adelante, y la mayoría lo hizo. Era muy predecible”.
La otra agencia de investigación reubicada, el Instituto Nacional de Alimentación y Agricultura, tenía 394 empleados al comienzo de la administración Trump, dijo Tom Bewick, vicepresidente interino del sindicato local de NIFA. Trump impuso una moratoria de contratación que dejó puestos vacantes a medida que las personas se mudaban o se jubilaban. Cuando se anunció la reubicación a Kansas City, NIFA tenía 270 empleados. "Una vez que se anunció que nos trasladarían, perdíamos de 10 a 20 personas por semana", explicó Bewick. "Tuvimos menos de 70 personas que dieron el paso". Cinco años después, dijo: "Todavía no somos la misma agencia y nunca seremos la misma agencia que éramos".
El USDA dijo que el traslado a Kansas City ahorraría a los contribuyentes US$ 300 millones en 15 años. Pero la GAO dijo que el análisis no tuvo en cuenta la pérdida de experiencia y conocimiento institucional, el costo de capacitar a nuevos trabajadores, la reducción de la productividad y los trastornos causados por la mudanza. Incluyendo esos costos, la Asociación de Economía Aplicada y Agrícola estimó que la medida en realidad costó a los contribuyentes entre US$ 83 millones y US$ 182 millones.
Greene, del Servicio de Investigación Económica, se jubiló en lugar de mudarse. Después de la asunción de Biden, la BLM y las dos agencias del USDA trasladaron sus oficinas centrales a Washington, pero también mantuvieron abiertas sus oficinas en Grand Junction y Kansas City, respectivamente. Greene dijo que le preocupan los trabajadores federales que podrían enfrentar la misma elección en un segundo mandato de Trump. “Hacen negocios en serio”, dijo. "Pasaron cuatro años practicando y están listos para rockear".
Para Stier, de la Asociación para el Servicio Público, existe una enorme brecha entre la percepción y la realidad del papel que desempeña la función pública en todo el país. "Hemos estado haciendo encuestas sobre la confianza en el gobierno, y cuando se añaden las palabras gobierno 'en Washington, DC', las cifras de confianza se desploman", dijo.
El expresidente Donald Trump, visto aquí el 25 de abril de 2024, en su juicio penal en la ciudad de Nueva York, ha dicho que en un segundo mandato quiere deshacerse de las protecciones de la función pública y hacer que más empleados federales sean "despedidos por el Presidente de los Estados Unidos". Estados." Jeenah Moon/Pool/AFP/Getty Images
Usar al gobierno para perseguir a los enemigos
Durante la campaña electoral, Trump ha afirmado regularmente, sin pruebas, que Biden y el Departamento de Justicia están organizando varios procesamientos en su contra, incluidas acusaciones a nivel estatal en Nueva York por falsificación de registros comerciales y en Georgia, por cargos de subversión electoral. Trump ha utilizado esa afirmación falsa para decir que le justificaría utilizar el Departamento de Justicia para atacar a sus enemigos políticos. Ha dicho que, en un segundo mandato, nombraría un fiscal especial para investigar a Biden. El año pasado le dijo a Univisión que podría hacer que otros fueran acusados si lo desafiaban políticamente.
Trump intentó utilizar el Departamento de Justicia de esta manera durante su mandato anterior, diciendo repetidamente a sus asistentes que quería que los fiscales acusaran a enemigos políticos como Hillary Clinton o a exfuncionarios que había despedido, como el ex director del FBI James Comey. También presionó al entonces fiscal general Bill Barr para que afirmara falsamente que las elecciones de 2020 fueron corruptas, algo que Barr se negó a hacer.
En ese período, algunos altos funcionarios de la Casa Blanca y del Departamento de Justicia se opusieron a iniciar procesamientos infundados. Su resistencia siguió una tradición que sostenía que el Departamento de Justicia debería operar en gran medida de forma independiente, y que el presidente estableciera políticas amplias pero no interviniera en procesos penales específicos.
Pero en un segundo mandato, Trump podría cambiar esa tradición con la ayuda de acólitos como Jeffrey Clark, un exfuncionario de Justicia que enfrenta una inhabilitación en DC y cargos penales en Georgia por intentar ayudar a revocar los resultados de las elecciones de 2020. Mientras Trump intentaba aferrarse a la Casa Blanca en sus últimas semanas en el cargo, presionó para que Clark fuera su fiscal general interino, y sólo se detuvo después de que altos líderes del Departamento de Justicia amenazaran con renunciar en masa si lo hacía.
El año pasado, Clark publicó un ensayo titulado “El Departamento de Justicia de Estados Unidos no es independiente” para el Centro para la Renovación de América, una organización conservadora sin fines de lucro fundada por Russell Vought. Clark también ayudó a redactar partes del proyecto 2025 para un segundo mandato de Trump, incluida la descripción del uso de la Ley de Insurrección de 1807 para desplegar el ejército para hacer cumplir la ley doméstica, como informó por primera vez el Washington Post.
Trump también ha hablado de someter a otras partes del gobierno federal.
"Limpiaremos a todos los actores corruptos de nuestro aparato de Inteligencia y Seguridad Nacional, y hay muchos", dijo Trump en un video el año pasado. “Los departamentos y agencias que han sido convertidos en armas serán completamente renovados para que los burócratas anónimos nunca más puedan atacar y perseguir a los conservadores, los cristianos o los enemigos políticos de la izquierda”.
El plan del Proyecto 2025 prevé el desmantelamiento del Departamento de Seguridad Nacional y el FBI; desarmar a la Agencia de Protección Ambiental flexibilizando o eliminando las regulaciones sobre emisiones y cambio climático; eliminar los Departamentos de Educación y Comercio en su totalidad; y eliminar la independencia de varias comisiones, incluidas la Comisión Federal de Comunicaciones y la Comisión Federal de Comercio.
El proyecto incluye una base de datos de personal para posibles contrataciones en una segunda administración Trump. Los jefes de campaña de Trump no han comprometido al expresidente a seguir los planes del Proyecto 2025, en caso de que gane la Casa Blanca. Pero dada la participación activa de funcionarios de Trump en el proyecto, desde Vought y Clark hasta el exjefe de gabinete Mark Meadows, el asesor principal Stephen Miller, Peter Navarro y muchos otros, los críticos dicen que ofrece una hoja de ruta preocupante hacia un segundo mandato de Trump.
“Ahora realmente entienden cómo usar el poder y quieren usarlo para servir, no sólo a los partidarios republicanos, sino a Donald Trump”, dijo Baer.
En la campaña electoral, Trump deja pocas dudas sobre lo que intentará hacer.
“Volveremos a poner a los burócratas no electos en su lugar”, dijo Trump a sus seguidores en un mitin el otoño pasado. "La amenaza de fuerzas externas es mucho menos siniestra, peligrosa y grave que la amenaza interna", agregó.
