El impedimento que complica a los psicólogos argentinos radicados en España

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Dos miembros de la agrupación Psicólogos Migrantes que se reunieron con el embajador Ricardo Alfonsín
Embajada Argentina en España

José María, de 40 años, es licenciado en Psicología por la Universidad Nacional de Mar del Plata. Se recibió en 2016 y hace dos años que invirtió todos sus ahorros para irse a España en busca de oportunidades laborales. Pero actualmente no se está aplicando la homologación de los títulos universitarios extranjeros en ese país y les informaron de que esa iniciativa “se trató de un error”.

“Estoy atrapado, sin poder ejercer”, asegura a LA NACION. “Trabajo en una inmobiliaria. Es algo que no me gusta, pero hay que poner el pan en la mesa”, agrega José María. Es la situación que viven miles de latinoamericanos radicados en España, entre ellos los de la comunidad argentina.

En 2014, el Real Decreto 967/2014 del Boletín Oficial del Estado establecía el impedimento de conseguir la homologación o equivalencia de los títulos universitarios extranjeros. Cuatro años más tarde, la implementación del CNU/1309/2018 abrió la posibilidad de acceder al Máster de Psicología General Sanitaria a través del título del Grado en Psicología obtenido fuera del país. Pero ahora el Ministerio de Universidades, entidad responsable de las homologaciones de los títulos universitarios, no está procediendo con los trámites solicitados y ofrece únicamente la opción de convalidar las carreras teniendo que cursar la mitad de los créditos nuevamente en las universidades españolas.

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Por ello, miles de migrantes radicados en España crearon el movimiento Psicólogos Migrantes, una agrupación de profesionales de la psicología que, al viajar a España y radicarse, se encontraron con el impedimento de ejercer su profesión. “Estudié una licenciatura de cinco años en la Argentina y ahora, acá en España, me piden un máster al que no puedo acceder sin homologar mi título universitario. La única opción que tengo es la equivalencia y tendría que cursar dos años más en una universidad española”, afirma José María, que reside en Cataluña, y que prefirió que no se consigne su apellido.

Una limitación que, efectivamente, rige desde 2014. “Pero la gente, hasta ahora, no se agrupó. Cada uno lo soportaba solo, apoyándose en la familia o en algún conocido de la universidad que estuviera en la misma situación. Es un requisito imposible de cumplir”, señala José.

El pasado jueves, representantes del movimiento de Psicólogos Migrantes viajaron a Madrid para reunirse con el embajador argentino Ricardo Alfonsín. Los afectados cuentan que el embajador se comprometió a coordinar una reunión en los próximos días con el Ministerio de Universidades, para que los denunciantes puedan manifestar su situación, presentar la documentación pertinente y encontrar una solución. “La idea es que pongamos en conocimiento a las instituciones de lo que nos está pasando y nos ofrezcan una salida. Si no procede, escalaremos el reclamo a otro nivel”, indica José María.

Fuentes de la Embajada de España en la Argentina confirman que se está trabajando para solucionar la situación: “La Consejería de Educación de la Embajada de España en Argentina está tratando de analizar la situación con el ministerio competente para darles una respuesta clara a los solicitantes, en el marco de la normativa española y de los acuerdos bilaterales suscritos entre ambos países”.

Los afectados también enviaron numerosos mails al Ministerio de Educación y al Ministerio de Universidades españoles. Incluso, le mandaron una carta al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez. También existe una petición en change.org que ya recluta más de 37.000 firmas.

“Es una falta de respeto a la solidaridad nacional con los argentinos. Se viola la debida reciprocidad diplomática que se debe tener”, argumentan.

“Después de iluminar las esperanzas de nuestro sector, tras el decreto de 2018, al anularlo ahora se activó la mecha. Lo que llevábamos aguantando, de repente, explotó y nos comenzamos a mover contra estas normas vacías. Que un colectivo reclame es más poderoso que hacerlo a título personal”, agrega José María.

Expedientes rechazados

En la misma situación se encuentra Carolina, de 45 años, que reside en Castellón. Inició el trámite en la Consejería de Educación española en la Argentina, pero se canceló su turno por la llegada de la pandemia por Covid-19. Cuando se lo reprogramaron, se celebró el funeral de Maradona en la misma zona y le fue imposible acudir. Tramitó la homologación hace 15 días desde España y su solicitud está en proceso. “Hay plazas de psicólogos sin cubrir por falta de personal formado y miles de expedientes que, tres años después, se rechazan. Espero tener suerte”, asevera. El trámite, tan solo por iniciarlo, cuesta 160 euros.

Carolina cuenta con una diplomatura en la Universidad de Kennedy desde el 2000 y hace 20 años que impulsó su propia consultora de psicología clínica y laboral. También trabaja como docente de salud mental perinatal en la Argentina, de manera remota. “Tengo una pata en cada país. No es rentable. La mayoría de los psicólogos extranjeros estamos en España con trabajos precarizados. Solo quiero que reconozcan la validez de mi título”, dice.

En la actualidad, trabaja en el área de recursos humanos, pero sueña con ejercer en el ámbito de los derechos de la infancia, parto y nacimiento. “La salud mental de los niños y sus familias, la psicología perinatal, es mi especialidad. Además, el ratio de profesionales de la psicología en España por habitante es bajísimo. La pandemia provocó que los servicios de salud mental estén desbordados y es una paradoja que, teniendo profesionales tan ricos, no los habiliten. Es un talento que España está perdiendo”, concluye.

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