Ignoró las violaciones de reclusas por parte del personal penitenciario y el estado le dio un ascenso

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Emily Michot

En el Lowell Correctional Institution, donde la violación sistemática de las reclusas por parte de los guardias masculinos ha sido documentada durante años por el Miami Herald y suscitó una aguda crítica por parte del Departamento de Justicia, una demanda recientemente presentada dice que el abuso sexual es tan omnipresente como siempre.

La demanda de las reclusas, del 1 de septiembre que cita una letanía de incidentes específicos, apunta a Stephen Rossiter, el alcaide de Lowell, como acusado. No afirma que incurriera en una conducta sexual inapropiada, sino que mostró “una indiferencia deliberada ante un patrón generalizado de abusos sexuales y físicos”.

Esta semana, 12 días después de que se presentara la demanda, el Departamento de Correccionales de la Florida (FDC) asignó al alcaide un nuevo puesto de mayor categoría. Michelle Glady, directora de comunicaciones del sistema penitenciario, subrayó la palabra “ascenso” en un correo electrónico enviado al Herald en el que confirmaba el recién anunciado papel de Rossiter como director regional adjunto de programas.

Glady dijo que por el momento sigue ejerciendo sus funciones en la prisión cercana a Ocala.

El departamento no proporcionó de inmediato un comentario de Rossiter, cuyo salario de alcaide es ligeramente superior a $100,000.

Además de citar a Rossiter, la demanda nombra al Departamento de Correccionales como acusado. Presentada por una ex reclusa de Lowell, que fue trasladada a otra prisión en Homestead, la demanda pide más de $75,000 por daños y perjuicios y dice que fue abusada sexualmente por un oficial penitenciario de Lowell. En la demanda solo se cita el apellido del funcionario.

La reclusa, que cumple condena en el Condado Palm Beach por cargos relacionados con drogas y robo de autos, alega que fue atacada en una zona de la prisión sin cobertura de cámaras de vigilancia y que fue amenazada de muerte si se quejaba. La condena de la demandante finaliza en 2030.

Durante su mandato como alcaide en Lowell, Rossiter ignoró un patrón claro y generalizado de abusos sexuales y físicos, acoso y amenazas por parte del personal contra las reclusas, según indica la demanda.

Otra demanda presentada en julio por otra mujer hace afirmaciones similares y dice que ella también sufrió abusos sexuales, pero nombra a otro oficial como su agresor.

David Frankel, que representa a ambas mujeres y ha presentado varios casos similares en los últimos cinco años, dijo que es “muy angustioso que el Departamento de Correccionales ascienda a un puesto de mayor responsabilidad a alguien que ha demostrado un desprecio tan significativo por los derechos de las presas”.

“Aunque esa pudiera ser la misma razón por la que fue recompensado con un ascenso”, añadió.

Lowell tiene un largo historial de denuncias de abusos sexuales. En 2016, el Herald publicó una investigación, Beyond Punishment (Más allá del castigo), en la que se documentaba cómo los oficiales penitenciarios de Lowell usaban sus posiciones de poder para abusar sexualmente de las reclusas. Estas dijeron que eran coaccionadas con amenazas o sobornadas con cigarrillos por los guardias que buscaban tener sexo en los puntos ciegos de vigilancia de la prisión, el complejo femenino más grande de la Florida.

Fue un año después de que un vice alcaide de Lowell, al que las reclusas se referían como “papi”, fuera despedido en medio de acusaciones de que mantenía relaciones inapropiadas con mujeres encarceladas. El vicealcaide “no se comportó de forma profesional y actuó de forma inapropiada con el personal y las reclusas’‘, dijo entonces un portavoz del Departamento de Correccionales en una declaración escrita.

El administrador de la prisión tenía a las reclusas haciendo fila para verle a diario en privado, cerrando la puerta con llave de 10 a 60 minutos cada vez, según un informe de 56 páginas del inspector general.

La investigación del Herald descubrió que los abusos sistemáticos continuaban y que las reclusas que se quejaban eran amenazadas físicamente, puestas en aislamiento y privadas de necesidades como comida, jabón y toallas sanitarias. Angela Gordon, la alcaidesa del centro en el momento en que el Herald hizo su reportaje, dejó el cargo más tarde ese año y, según su página de LinkedIn, es ahora directora regional.

En agosto de 2019, una reclusa de Lowell quedó tetrapléjica después de que oficiales de la correccional la derribaran violentamente tras su negativa a realizar tareas de limpieza. Cheryl Weimar dijo que estaba enferma. Según una demanda, Weimar, de 51 años, fue derribada y “arrastrada como un perro de trapo” por el patio de la prisión, con la cabeza rebotando contra el concreto. Recibió una indemnización de $4.65 millones. Ningún miembro del personal fue acusado.

A raíz de la cobertura del Herald, el Departamento de Justicia de Estados Unidos envió un equipo a Lowell para entrevistar a las reclusas, sus familiares y el personal de la prisión. En diciembre de 2020, el departamento emitió un informe mordaz de 34 páginas en el que decía que “encontró motivos razonables para creer que Lowell viola los derechos constitucionales de las presas a su cargo, lo que resulta en un daño grave y el riesgo sustancial de un daño grave”.

“Concretamente, Lowell no protege a las reclusas de los daños debidos a los abusos sexuales del personal”.

El informe citaba “sistemas inadecuados para prevenir, detectar y responder a los abusos sexuales” y decía que las reclusas enfrentaron incluso amenazas de daños por cooperar con los investigadores del Departamento de Justicia.

El Departamento de Justicia dijo que la investigación de la Ley de Derechos Civiles de las Personas Institucionalizadas (CRIPA) sobre Lowell está en curso y no podía hacer ningún otro comentario.

Debra Bennett, ex reclusa de Lowell y activista que cofundó una organización llamada Change Comes Now, que ayuda a las reclusas, dijo que no le sorprendía en absoluto el ascenso de Rossiter, pero lo calificó de “decisión catastrófica”.

“Esto es lo que hace el FDC”, dijo. “Ascienden para silenciar”.

Poco después de que el Departamento de Justicia emitiera su informe, la senadora estatal Janet Cruz, demócrata del Condado Hillsborough, pidió a la administración del gobernador de la Florida, Ron DeSantis, que pidiera la renuncia inmediata de Rossiter.

El miércoles, Cruz reiteró esa petición en un texto enviado al Herald.

“El historial de abusos de Rossiter debería haber dado lugar a un despido inmediato y no a un encubrimiento que llevó a un ascenso; me mantengo en mi demanda [hecha] hace dos años y pido a DeSantis que examine y retire este ascenso. Los abusos de cualquier tipo son inaceptables”.

En una declaración escrita, Glady, el director de comunicaciones del FDC dijo: “La Lowell Correctional Institution (CI) alberga a más de 2,000 reclusas con la misión de proporcionar el cuidado y la custodia de las mujeres encarceladas en la Florida y proporcionar un programa para restaurar y rehabilitar a las que volverán a sus comunidades”.

“Bajo el liderazgo del alcaide, el Lowell CI fue sometida a numerosas auditorías externas por parte de expertos correccionales y del Departamento de Justicia. Las auditorías externas han encontrado que Lowell cumple y, en algunos casos, supera los estándares nacionales”.