El caso ocurrió en Mar del Plata, pero despertó preocupación en todo el país: la decisión de la Justicia de sancionar a una escuela privada, considerarla civilmente responsable del daño físico que sufrió una alumna al haber sido víctima de bullying y ordenar una indemnización de 6,5 millones de pesos, puso en vilo tanto a las autoridades educativas como a los responsables de los colegios de enseñanza privada, ante la posibilidad de que más estudiantes opten por el camino judicial ante la dificultad de llevar adelante un reclamo por vía administrativa, ya sea en las instituciones o a nivel de los ministerios de educación locales.

La noticia impactó en plenas vacaciones de invierno, durante el receso escolar. De todas formas, no evitó que la preocupación por el posible impacto que esta medida pudiera tener se convirtiera en tema de conversación de los directivos.

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“La idea de evitar el bullying a fuerza de indemnizaciones es equivocada y no es aplicable a un tema complejo como este. Entendemos que a nadie se le puede negar solicitar la protección de sus derechos; sin embargo, quienes actuamos en educación debemos realizar el mayor esfuerzo posible para que las cuestiones pedagógicas y escolares no se judicialicen. El trámite judicial opera sobre un supuesto daño en un caso individual, pero lo verdaderamente valioso socialmente es trabajar en la prevención. Cuando la Justicia actúa es porque fallaron mecanismos sustanciales de prevención que aborden las diferentes dimensiones que esta problemática presenta”, apunta Martín Zurita, secretario ejecutivo de la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de la Provincia de Buenos Aires (Aiepba).

El fallo de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Mar del Plata condenó al Instituto Galileo Galilei de esa ciudad a indemnizar en 6,5 millones de pesos a una alumna que sufrió bullying durante el secundario y desarrolló epilepsia como consecuencia del estrés al que fue sometida durante esos años. Aiepba agrupa a 2300 instituciones educativas, entre ellas el Instituto Galileo Galilei. “Hemos armado un foro de seguimiento de casos de bullying escolar. Actualmente no registramos un incremento de situaciones denunciadas”, agrega Zurita.

“La situación nos llama la atención a quienes tenemos la tarea de conducir las instituciones educativas. El bullying no es un hecho aislado y circunscripto al horario escolar, sino que atraviesa la vida del estudiante. Tiene que ver con una acción de un grupo de menores, cuyos padres son responsables. Ya hace muchos años que el modelo disciplinario cambió en la escuela, no tenemos el paradigma de hace 30 años, por el que todo se resolvía con sanciones o amonestaciones o con sacar al menor del contexto escolar. Se trabaja desde otra mirada, en la situación y para tomar conciencia grupal y social del mal que se produce al ejercer bullying”, relata Gustavo González, psicólogo y representante legal de los colegios de la Red Educativa Franciscana en la República Argentina.

“Ahora bien, más allá de lo que haga la institución con sus equipos profesionales, con sus alumnos, en la visualización de los contextos y la problemática, ¿el colegio es responsable de una acción de bullying que sufre una menor en un contexto áulico, donde seguramente hay profesionales trabajando? Mi gran pregunta es, ¿y los padres de estos chicos? Seguramente fueron notificados y fueron requeridos por la escuela, y la escuela les pidió que por favor hablen con sus hijos y que trabajemos mancomunadamente como unidad de profesionales de la institución con la familia, pero se penaliza a la escuela. ¿A este punto está llegando la Justicia?”, reclama González.

“Estamos alarmados por esta decisión. Una vez más vemos desprotegidas a las escuelas. En las instituciones educativas se hace todo lo posible para que la convivencia de los estudiantes sea la mejor. Reconocemos que venimos de una sociedad que está muy complicada, pero creo que estamos hablando de sociedad, entonces todos estamos involucrados. Si hay situaciones de bullying, son situaciones que tenemos que rever todos los adultos, acompañar y estar presentes en cada una de las instancias que los estudiantes necesiten. Y eso es algo que las escuelas hacen con mucha prolijidad y con mucha dedicación”, consideró Mónica Pinelli, representante legal del Instituto San Nicolás, de Los Polvorines. “Realmente preocupa que se tomen decisiones como estas, perjudicando y desfinanciando más a las escuelas. No es justo que una decisión judicial nuevamente perjudique a una institución educativa. He charlado con muchas escuelas y propietarios de colegios, que se alarmaron por esto. Se está marcando un precedente”, describe.

El bullying, sin dudas, es hoy uno de los grandes problemas de las instituciones educativas, reconoce Marcos Sudvarg, director del Colegio Asunción de la Virgen, de San Fernando. “En nuestro colegio lo trabajamos de raíz con un sólido acuerdo institucional de convivencia. Pero es indispensable el compromiso inmediato de toda la comunidad educativa para combatir la problemática, dado que los docentes, los profesores y el equipo directivo debemos estar en estado de alerta permanente y las familias deben estar encima tanto del acosador como del vulnerado”, dice.

Cómo y dónde denunciar acoso escolar

La vía administrativa permite pedir ayuda a las autoridades del Ministerio de Educación, ya sea provincial o de la ciudad, antes de llegar a una demanda judicial. Sin embargo, no muchas familias tienen en claro cómo es ese procedimiento. O, en algunos casos, no encuentran tampoco allí las respuestas para que cese el hostigamiento.

Desde el Ministerio de Educación de la ciudad de Buenos Aires se informa que en casos de acoso escolar el primer lugar al que deben acudir las familias para transmitir su preocupación es la escuela. “Deben hablar con los directivos para que indaguen sobre la situación del estudiante y apliquen los mecanismos internos para solucionar el problema”, señala un documento del gobierno porteño. En esta instancia, los directivos de la escuela pueden solicitar si lo consideran necesario la intervención del ministerio: a las supervisiones de nivel, en el caso de las escuelas privadas, y a la Gerencia Operativa de Equipos de Apoyo (GOEA), en el caso de las públicas.

Agotada la instancia del reclamo ante la escuela, si la situación de bullying se mantiene o “cuando la comunicación entre la familia y la escuela se ve afectada o se ve imposibilitado el trabajo conjunto para el abordaje de estas situaciones, las familias pueden comunicarse con el ministerio. Esta opción es exclusiva para la comunicación de situaciones que, aun habiendo agotado todas las instancias, continúan afectando la convivencia entre pares”, señala el documento del Ministerio de Educación porteño.

En escuelas privadas, las familias pueden realizar reclamos mediante trámites a distancia o de manera presencial por mesa de entrada del Ministerio de Educación de la ciudad, en Carlos H. Perette 750. “El reclamo será elevado a la supervisión del nivel correspondiente, se evaluará el caso y, de ser necesario, se solicitará la intervención del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes”, se explica.

En el caso de las escuelas de gestión estatal, las familias pueden ponerse en contacto directamente con el ministerio a través del 0800-333-3382 (opción 3.6), donde se recibirá el reclamo por acoso escolar. En ese momento, se deriva a la Gerencia Operativa de Equipos de Apoyo para confirmar si los equipos de orientación están interviniendo en el caso puntual. En caso de que no sea así, se solicita la intervención.

Desde la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires se informa que existe un procedimiento similar que abarca a las 20.000 escuelas, tanto públicas como privadas. Acaban de actualizar hace un mes la Guía de Orientación para la Intervención en Situaciones Conflictivas en el Escenario Escolar ante la Vulneración de Derechos, que contempla situaciones como el bullying y detalla intervenciones concretas ante escenarios nuevos, como los que plantean las nuevas tecnologías y el ciberbullying; instruye a las escuelas a intervenir, incluso cuando el acoso ocurre físicamente fuera del colegio, pero entre una comunidad de alumnos que tienen como nexo la escuela. “Siempre existe una primera etapa de intervención que es en la propia escuela, y para eso hay personal capacitado que puede intervenir”, indica Claudia Bracchi, vicedirectora general de Cultura y Educación bonaerense.

Si la situación no se resuelve, las familias pueden elevar su reclamo, poniéndose en contacto con el inspector o la inspectora de cada escuela e incluso recurriendo a la jefatura distrital. De esta forma, el conflicto llegará a la dirección general y se activará un protocolo de intervención administrativa, se detalla.

“Yo no creo que una indemnización económica haga desaparecer el bullying en una escuela”, opina Rodolfo De Vincenzi, presidente de la Confederación Argentina de Institutos de Enseñanza Privada (Caiep). “Creemos que la mejor forma de prevenir el bullying es teniendo intervenciones adecuadas al interior de la escuela y poder encontrar diálogos con la comunidad que permitan atender, primero, de manera temprana esas situaciones y resolverlas. El principal instrumento que las escuelas tienen es la alianza escuela-familia. Cuando ese marco se rompe o no es capaz de resolver lo que se plantea, siempre puede terminar en la vía judicial. Pero no sabemos los alcances jurídicos que puede tener eso. Entiendo que se estrena una jurisprudencia y que habrá otras jurisprudencias que estarán sujetas a la realidad de los casos, pero aspiro a que trabajemos nosotros fundamentalmente desde las escuelas para que podamos encontrar la solución en la alianza escuela-familia, evitando la judicialización de los actos que deberían resolverse dentro del ámbito de la comunidad educativa escolar”, concluye.