Guayaquil, una ciudad desangrada que anticipa hasta dónde es capaz de llegar la pesadilla narco

En Rosario no hay clases en los colegios, ni transporte público, ni recolección de residuos. La ciudad permanecía el lunes semi paralizada por el impacto social que causaron los cuatro asesinatos a distintos trabajadores, que fueron interpretados como mensajes mafiosos de las organizaciones criminales contra las autoridades locales y nacionales, por lo que el gobierno nacional anunció el envío de un contingente de fuerzas de seguridad federales con asistencia logística de militares para frenar una ola de asesinatos a sangre fría. La escalada de inseguridad se asemeja a los comienzos de otro caso de violencia narco en la región que acabó por convertirse en el principal problema de Ecuador, un país que solía ser considerado una isla de paz: la ciudad de Guayaquil.

Guayaquil, gran ciudad portuaria del suroeste de Ecuador y epicentro de la violencia en el país sudamericano, casi a diario es una macabra letanía de cuerpos baleados, calcinados o mutilados. Barrios controlados por bandas, masacres entre presos en las cárceles sobrepobladas y una policía sobrepasada por el fuego del narco transformó al principal puerto comercial del país en capital del crimen. Tal es así que en las redes sociales se popularizó el neologismo “GuayaKill”.

A finales de noviembre de 2023, Guayaquil registraba un aumento de los homicidios de hasta 80%, según Insight Crime, y Ecuador se situó como el país más violento de América del Sur con una tasa de homicidios de 44,5 por 100.00 habitantes, muy por encima de países históricamente afectados por la violencia narco, como Colombia, Venezuela o México.

Puntos de exportación de la cocaína producida en los vecinos Colombia y Perú, los puertos de Guayaquil se volvieron un atractivo clave para las bandas del narcotráfico, que se enfrentan constantemente por dominar el comercio de la droga. Además de los grupos criminales locales se ha detectado la presencia del crimen organizado transnacional, como la mafia italiana, la albanesa y los cárteles mexicanos y colombianos.

La inseguridad en Guayaquil afecta a todos los aspectos de la sociedad. Varias escuelas tuvieron que recurrir el año pasado a clases virtuales; la gran mayoría de los barrios se encuentran cerrados por rejas instaladas en cada esquina y monitoreadas por seguridad privada contratada por los vecinos; y los comerciantes de las principales industrias del país -como los exportadores de camarones- deben gastar cifras millonarias para resguardar a sus trabajadores en las zonas portuarias.

Cuando Ecuador se preparaba para las elecciones anticipadas de agosto del año pasado, uno de los candidatos , Fernando Villavicencio, ganaba popularidad por su dura postura contra el crimen organizado y la corrupción. Villavicencio fue asesinado a tiros a plena luz del día, pese a un equipo de seguridad que incluía policías y guardaespaldas.

El pasado 8 de enero, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, decretó el estado de excepción en todo el territorio nacional por la “grave conmoción interna” y el “conflicto armado interno” ante la espiral de violencia sin precedentes que golpeó al país desde comienzos de este año. Los Choneros, los Lobos, los Tiguerones... más de una veintena de bandas criminales fueron categorizadas como “grupos del crimen organizado transnacional, organizaciones terroristas y actores no estatales beligerantes”.

La decisión del mandatario se produjo después de que el cabecilla de una de las principales bandas criminales del país, Adolfo Macías, alias “Fito”, considerado el líder de “Los Choneros”, se fugara de prisión en una cárcel de Guayaquil. A su desaparición le sucedieron una seguidilla de incidentes violentos nunca antes vistos en el Ecuador, como la toma de un canal de televisión de Guayaquil en vivo por parte de sujetos armados y encapuchados, motines en cárceles, toma de rehenes de guardias penitenciarios, asesinatos de policías, atentados, entre otros.

Pese a la decisión del mandatario Noboa de militarizar las calles para que las Fuerzas Armadas apoyen a la Policía en un intento por enfrentar la violencia desmedida, los delitos siguen en aumento, según un informe de la Policía ecuatoriana. Entre enero de 2024 y los primeros días de marzo, la cifra de secuestros y extorsiones a ciudadanos alcanzó los 1543 casos. Y en Guayaquil las denuncias de estos dos delitos se han quintuplicado respecto al mismo periodo del año pasado.

Según el reporte de la Policía, los delincuentes que secuestran o extorsionan piden a cambio sumas que van entre 2000 y 200.000 dólares por cada víctima retenida.

Por esta razón, Noboa justificó el jueves pasado la extensión del estado de excepción en el país andino, vigente desde enero por 30 días adicionales. Argumentó que era necesario seguir con las patrullas militares en las cárceles y zonas violentas del país para mantener el orden y reducir los homicidios.

La oficina de prensa de Noboa dijo que desde enero hasta el lunes pasado las fuerzas de seguridad llevaron a cabo cerca de 150.000 operativos y ha detenido más de 11.700 personas, incluidas 280 por cargos de terrorismo. Catorce presuntos delincuentes murieron durante las operaciones y se incautaron 3.300 armas y 64,3 toneladas de drogas, añadió.

El predecesor de Noboa, Guillermo Lasso, utilizó con frecuencia los estados de emergencia para tratar de abordar la creciente violencia en las calles y en las prisiones, con poco efecto.