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Guatemala: fiscal pide condena a 40 años de prisión contra periodista

El periodista José Rubén Zamora es escoltado por la policía después de terminar el primer día de su juicio por cargos de lavado de dinero, en Ciudad de Guatemala, el martes 2 de mayo de 2023. (AP Foto/Santiago Billy)

CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — Una fiscal guatemalteca pidió el martes a un tribunal que condene al periodista José Rubén Zamora a 40 años de prisión por los delitos de lavado de dinero, extorsión y tráfico de influencias.

El juicio que lleva menos de un mes, y en el que no se le permitió a Zamora presentar pruebas a su favor, se basó -entre otros elementos-, en la declaración de un hombre acusado de corrupción que dijo que creía que sería objeto de chantaje por parte del periodista. Zamora tuvo que cambiar de abogado más de cuatro veces por denuncias presentadas contra sus defensores.

La fiscal Cinthia Monterroso pidió 20 años por el delito de lavado, 12 por tráfico de influencias y ocho por extorsión. Monterroso pidió las penas máximas que contempla la ley para esos delitos y que se incluyeran agravantes como el “menosprecio a la autoridad” por las publicaciones del periodista sobre la Fiscal General, Consuelo Porras, y el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad Rafael Curruchiche, a la que Monterroso pertenece.

En 2021 Porras y Curruchiche fueron sancionados por el Departamento de Estado estadounidense por obstaculizar la lucha contra la corrupción y socavar la democracia en el país.

Zamora era el titular del diario El Periódico, acérrimo crítico del gobierno del presidente Alejandro Giammattei.

En declaraciones a periodistas Zamora, de 66 años, dijo que “el caso está muy frágil para ellos (los acusadores), por lo menos en un tribunal serio (no se tomaría en cuenta)”.

Samari Gómez, una exfiscal acusada junto a Zamora por supuesto tráfico de influencias, dijo que fue coaccionada para aceptar los cargos en su contra, pero que no admitió los señalamientos porque "soy inocente". La exfiscal dijo que, con la acusación en su contra, el Ministerio Público tiene intención de perjudicar a Zamora, desacreditar el trabajo anticorrupción que ella hizo y favorecer a Rónald García Navarijo, un exbanquero acusado de corrupción, que denunció a Zamora.

Organizaciones nacionales e internacionales defensoras de la prensa y los derechos humanos han señalado que el caso contra Zamora es una criminalización del ejercicio periodístico en Guatemala y han solicitado su liberación.

En julio de 2022 la fiscalía pidió la detención de Zamora por pedirle a su amigo García Navarijo, que depositara unos 30.000 dólares en dinero en efectivo en un banco. En lugar de hacerlo, éste denunció a Zamora.

La defensa de Zamora sostiene que el dinero era producto de una donación y que el periodista no lo depositó en una cuenta propia para evitar que se conociera quién era el donante debido a las presiones del gobierno.

En su declaración frente al tribunal Navarijo dijo que según “su percepción” Zamora realizaba chantajes para evitar publicaciones en su medio de comunicación.

El Periódico dejó de publicarse el 15 de mayo debido a presiones políticas y financieras que imposibilitaron que el medio sobreviviera.

El juez Jimi Bremer ordenó investigar a nueve periodistas y columnistas de El Periódico por publicaciones en las que supuestamente se criticaba el trabajo de jueces y fiscales en el caso.

Zamora, ha sido galardonado con premios como el María Moors Cabot de la Universidad de Columbia, el Premio Internacional a la Libertad de Prensa y el Premio al Héroe Mundial de la Libertad de Prensa del Instituto Internacional de Prensa.

La familia de Zamora ha dicho que lo que detonó la encarcelación del periodista fue la publicación de un caso conocido como “La trama rusa” según el cual el presidente Giammattei habría recibido sobornos de empresarios rusos a cambio de beneficios en concesiones de mega proyectos.

Gobiernos como el de Estados Unidos y países de la Unión Europea han manifestado su preocupación por la situación en Guatemala y han advertido sobre el deterioro del Estado de Derecho y la criminalización de funcionarios del Poder Judicial, defensores de los derechos humanos, opositores y periodistas.