CÓRDOBA.- Gloria Armella murió el 29 noviembre de 2015, un día después de haberse caído de un colectivo en el que regresaba del santuario de la Virgen del Cerro, en Salta. Su hermana, Sandra Carral Garcín, dedicó mucho tiempo a tratar de encontrar a los responsables de lo que había pasado y quiso saber las normas bajo las que se realizan las peregrinaciones. “No hay nada, todo es improvisación. En una ciudad donde para organizar una fiesta hay que pedir autorización, se da esta situación”, dice a LA NACIÓN. Hace poco reiteró un pedido de informes a la Municipalidad de Salta sobre las normas bajo las que se organizan las actividades.

Carral Garcín es ingeniera industrial aunque trabaja en el área de Desarrollo Sostenible. Explica que se involucró en lo relacionado a la Virgen del Cerro a partir del accidente y la muerte de su hermana. Sus planteos se reactualizaron a partir de que estallara la grieta religiosa en torno a esa devoción y que enfrenta al Arzobispado de esa provincia con las monjas de clausura del convento San Bernardo. “Gloria era devota e iba siempre –relata–. Ese día había ido a pedir por un sobrino. Nunca vino nadie de la fundación a interesarse, ni por ella ni por turistas riojanos que también habían estado en el cerro y cuyo ómnibus se había accidentado en otra zona. Tampoco nunca, en estos años, nadie me llamó”.

La fundación a la que se refiere es la Obra Yo soy la Inmaculada Madre del Divino Corazón Eucarístico de Jesús y Yo soy el Sacratísimo Corazón Eucarístico de Jesús que es la que organiza y administra todo lo relacionado a la Virgen del Cerro. Una devoción –no reconocida por la Iglesia– que tiene como eje a María Livia Galliano, quien desde 1990, dice que ve y escucha a María.

LA NACIÓN consultó a la actual gestión municipal de la ciudad de Salta, desde donde indicaron que si hay “eventos masivos” en el cerro –igual que en cualquier otro lugar– se tiene que “pedir autorización, para lo que se debe cumplir con ciertos requisitos, como contar con seguros de vida”. Desde que se hizo cargo este gobierno municipal el 10 de diciembre pasado “nunca ingresó un pedido de autorización” por parte de la fundación de la Virgen Cerro.

“Durante las gestiones anteriores fueron muy pocas autorizaciones que se libraron ya que los organizadores las solicitaban pero nunca complementaban la documentación requerida”, añadieron.

El conflicto religioso

Por la grieta religiosa hay cuatro procesos judiciales abiertos y un debate que no termina. En abril de 2022 las monjas del San Bernardo denunciaron al arzobispo de Salta, Mario Cargnello, y a otros tres religiosos por supuesta violencia de género y económica. En abril pasado, la jueza de Violencia Familiar y de Género Carolina Cáceres Moreno ordenó sostener las medidas de restricción e intimar a los denunciados a que hagan capacitaciones en género e inicien un tratamiento psicológico. La medida fue apelada.

El otro proceso judicial es una investigación sobre la economía del convento y su relación con la fundación de la Virgen del Cerro, ya que los terrenos donde se sitúa la ermita están a nombre del convento de San Bernardo. El tercer expediente es por la denuncia de presunta coacción por parte de la hermana de una monja contra las autoridades del monasterio y el cuarto es una denuncia que hacen la priora y la subpriora del lugar contra el abogado del Arzobispado, Eduardo Romani, y Cargnello por calumnias e injurias. Se trata de una presentación de instancia privada.

Carral Garcín que fue, durante unos años querellante en la causa por la muerte de su hermana, sostiene que en 2017 decide “sola” dedicarse a ver “cómo es la habilitación del predio, cómo son los convenios con las empresas de ómnibus que se usan para que la gente ascienda y baje al cerro, cómo se organiza todo lo relacionado a la seguridad”. Subraya que lo que detectó fue una “total improvisación; a nadie en el juicio le interesó el tema de los controles, de las habilitaciones. Han pasado nueve años y siguen las actividades masivas”.

“El chofer condenado fue llevado a trabajar a un lugar que no cumplía las ordenanzas, las habilitaciones –dice–. Estaba Defensa Civil, personal de Salud, policías, todo un despliegue y a nadie se le ocurrió preguntar cómo era la organización. Nunca ninguna Intendencia me respondió mis pedidos de informes”. Carral Garcín asegura que ella es “víctima” como su hermana e insiste en que en el proceso judicial “no se citó a los que organizan las actividades en el cerro ni a los funcionarios que deben autorizarlos”,

En 2019 la Justicia determinó que Armella no murió, como había dicho el chofer, por querer escapar después de robar a turistas, sino por la “imprudencia del conductor del vehículo”. Manuel Enrique Ruiz fue condenado por “homicidio culposo agravado por la conducción imprudente de vehículo automotor” a dos años de prisión condicional y cinco de inhabilitación especial para conducir todo tipo transporte público de pasajeros.

Abogado del monasterio

Después de que LA NACIÓN publicó la semana pasada la carta que una monja que abandonó el convento San Bernardo por su salud y por acompañar a otra religiosa, también enferma envió al vicario judicial, el abogado de la priora del monasterio, José Viola, emitió un comunicado titulado “Es más fácil tapar el sol con un dedo, que ocultar la verdad”.

En el texto –que no recibió este diario pese a solicitárselo– se indica que la religiosa “se retiró del monasterio luego de varias observaciones por desmanejos en su función de portera y otras faltas graves”. Sostiene que la carta fechada el 16 de abril último es una reiteración de una del 11 de abril de 2023 y que ambas están, “como mínimo influidas por el obispo Cargnello”.

Añade que la influencia de Cargnello puede inferirse por el “modus operandi”. Viola plantea que, a pesar de “posibles nuevas cartas y operaciones de prensa, es más fácil tapar el sol con un dedo que ocultar la verdad”.

En marzo último Viola vinculó su despido como profesor de la Universidad Católica de Salta a una represalia por representar a las carmelitas en la denuncia por supuesta violencia de género contra Cargnello. Fue docente por unas dos décadas; mencionó que antes ya había sido despedido el abogado Juan Casabella Dávalos, que también representó a las monjas en una causa.