Yahoo Noticias Gobierno de Veracruz pagó 112 mdp por obras inconclusas y entregó 583 contratos en opacidad, revelan auditorías
El gobierno de Cuitláhuac García en Veracruz pagó por obras que no fueron concluidas o son de mala calidad, lo que significa un daño al erario por 112 millones de pesos (mdp); además, entregó al menos 583 contratos en opacidad entre 2020 y 2022, revelan las auditorías.
El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (ORFIS) ha alertado en sus revisiones que el Instituto de Espacios Educativos contrató a personas para que hicieran remodelaciones en escuelas y aunque sí las hicieron, resultaron de mala calidad pues presentan grietas, desprendimientos y acabados deficientes.
Mientras que la Secretaría de Obras pagó contratos aunque las obras estuvieran inconclusas. Además, en las revisiones técnicas, el ORFIS detectó que en el caso de las obras que sí se hicieron resultaron de mala calidad porque presentan socavones, grietas, baches y fisuras, entre otras, luego de una revisión técnica en los sitios.
Estas irregularidades alertadas por el ORFIS ocurrieron en las instituciones donde hubo desvíos en la actual administración morenista con el mismo mecanismo que utilizó Javier Duarte.
Como reveló Animal Político, el gobierno del morenista, Cuitláhuac García, enlistó como empresarios a personas que viven en zonas marginales del estado. Esta vez no eran promotores del voto, como hizo el PRI, sino que eligieron a beneficiarios de los programas sociales del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador: Adultos Mayores, Jóvenes Construyendo el Futuro, Apoyo al Empleo, Becas y Microcréditos para el Bienestar.
Lee más | Desvío en gobierno de Cuitláhuac García en Veracruz: “me pagaron 3 mil pesos por firmar papeles”
Con esas personas crearon empresas que al poco tiempo comenzaron a recibir contratos del gobierno de Cuitláhuac García que sumaron 439 millones de pesos, como comprueban las actas constitutivas de las empresas, las visitas a los domicilios fiscales y de los supuestos dueños, a las obras y la revisión de los contratos..
Uno de los supuestos dueños de la empresa Ruta Boca, S. A. de C. V., por ejemplo, resultó ser Juan, un hombre de 69 años que sobrevive con la Pensión de Adultos para el Bienestar y vive en una colonia marginal de Veracruz.
Aseguró que recibió 3 mil pesos mensuales para ir al SAT y al banco a firmar papeles. En realidad, la firma de Juan también aparece en los contratos, aunque él nunca se enteró de eso ni recibió ganancias de los 122 millones de pesos que ganó la empresa en contratos del gobierno de Veracruz entre 2020 y 2022.
Aunque Animal Político buscó al vocero de Cuitláhuac García antes de publicar no accedieron a una entrevista ni emitieron postura. Hasta este martes, el gobernador dijo en conferencia de prensa que no investiga a las empresas involucradas y “si tienen las pruebas por qué no las presentan y van con la denuncia”.
Además, cuando un reportero le preguntó que si a raíz del reportaje no ordenaría una investigación de dichas empresas, García respondió: “te propongo que hagamos algo más, que se pregunte a las auditorías. ¿Por qué no vemos los resultados de las auditorías y ahí? Consúltenlas, son las que auditan”.
Lee también | Diputado de Morena se beneficia de esquema de empresas fantasma en gobierno de Cuitláhuac García; gana 31.8 mdp
Efectivamente Animal Político revisó las auditorías del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (ORFIS) y además de encontrar las diversas irregularidades detectadas durante tres años, uno de los nombres mencionados en la publicación periodística coincide con las auditorías.
Se trata de Gerardo N. una de las personas a las que el ORFIS señaló de haber recibido contratos en 2021 y 2022 “sin respetar los criterios normativos de imparcialidad y transparencia”.
Gerardo es un joven de apenas 20 años que sólo en 2021 ganó 21 millones de pesos en adjudicaciones directas con el Instituto de Espacios Educativos, pero aún con esas ‘ganancias’, registra una dirección en la localidad de Papantla de Olarte, en uno de los municipios de Veracruz donde seis de cada 10 vive en pobreza.
Al verificar el RFC registrado en el portal de proveedores de Espacios Educativos, y el registro de edad y municipio de origen del padrón de beneficiarios del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, ambos datos coinciden. Aunque se intentó localizarlo en el número de teléfono que registró en el padrón durante una semana, nunca respondieron. Sin embargo, sí se pudo verificar que las supuestas obras que debió hacer no se cumplieron.
Una de ellas es la construcción del techado de la plaza cívica de la comunidad de El Porvenir, en el municipio de Tantoyuca en 2021. Aunque habitantes consultados reconocieron que la obra sí se hizo, aseguraron que “la construcción fue por parte del ayuntamiento de nuestro municipio de Tantoyuca. Eso nos dijeron y toda la gente de mi comunidad sabe de esto”.
Se pudo confirmar esto al contactar con las autoridades quienes mostraron que la obra fue pagada con recursos municipales, y no con presupuesto estatal o federal.
Las irregularidades detectadas por el ORFIS
En las auditorías, el ORFIS ya había detectado la entrega de contratos a empresas y personas físicas que recibieron contratos millonarios entre 2020 y 2022 sin cumplir con la ley de Adquisiciones.
Por ejemplo, en 2021, el Instituto de Espacios Educativos de Veracruz entregó 915 millones de pesos en 666 contratos para la remodelación de escuelas con obras que incluían desde pintura en las fachadas hasta construcción de sanitarios o aulas.
De ese total, “se adjudicaron 388 contratos a sólo 65 empresas contratistas, sin respetar los criterios normativos de imparcialidad y transparencia”, explicó el ORFIS. Esto significa que el Instituto entregó 58% de los contratos en opacidad durante ese año.
Sin embargo, esta misma forma de adjudicación en opacidad se repitió en 2020, cuando entregó 100 contratos solo a 17 empresas; y en 2022, cuando asignó 92 contratos a 12 empresas.
Además, otra irregularidad detectada por el ORFIS es que el gobierno de Cuitláhuac García ha pagado obras, según consta en facturas, aunque estén inconclusas, como comprobó el Órgano cuando acudió a las obras a verificar su cumplimiento.
Sólo en 2021, cuando la Secretaría de Obras entregó 3 mil 154 millones de pesos en contratos para obras de pavimentación e infraestructura urbana, en realidad 17 obras no fueron concluídas y aún así la dependencia estatal pagó 56 millones 730 mil pesos, lo que se considera como “un daño al erario”, toda vez que no debieron erogarse.
Una de las obras, con la observación número TP-021/2021/016 DAÑ debía dar “Mantenimiento de camino El Paralelo – Las Choapas, del km 9+900 al km 10+300 incluye puente en el km 10+100, en localidades varias, Municipios Varios”.
Pero cuando los auditores acudieron a verificar, el 13 de junio de 2022, descubrieron que la obra estaba “suspendida” debido a que durante la planeación de la obra no se tramitaron los permisos para “realizar los movimientos de tubería de Petróleos Mexicanos (PEMEX) y de Teléfonos de México (TELMEX)”, donde pasarían las obras de mantenimiento.
Aún así, la Secretaría de Obras pagó 10 millones 507 mil pesos de los 26 millones que costaría la obra a la empresa contratada, aunque el ORFIS no publicó el nombre. Por lo tanto, el organismo fiscalizador considera que ese monto pagado es un “daño al erario”.
Mientras que la obra número 04812021000105 que consistía en el “Dragado del canal de navegación en la Laguna de Alvarado, incluye protección marginal costera, en la localidad de Alvarado”, está “sin terminar”, como detectaron los auditores al revisar el sitio con “cámara fotográfica, cinta métrica, flexómetro, Sistema de Posicionamiento Global (GPS) y odómetro”.
Esto “por falta de permisos y licencias, en específico, la autorización para ejecutar obras marítimas y dragado, expedida por la Secretaría de Marina (SEMAR)”. Pero aún sin terminar, la Secretaría de Obras pagó 15 de los 19 millones de pesos del costo total de la obra, es decir, el 78%.
Espacios educativos contrata a personas para hacer obras que resultan de “mala calidad”
La institución que más contratos con siete personas que resultaron ser beneficiarios de programas sociales fue el Instituto de Espacios Educativos, todos por adjudicación directa. Sin embargo, el universo de adjudicaciones de contratos a personas físicas es mucho mayor del revisado por este medio.
Solo en 2019, el Instituto hizo 80 adjudicaciones directas a empresas y personas físicas, de acuerdo con los documentos registrados en su página. Pero para 2023 hubo 177 adjudicaciones directas, lo que representa un aumento de 121%. Ese año entregó 89 contratos a empresas y 88 a personas físicas.
Casi todos los contratos tienen exactamente el mismo concepto: “rehabilitación de edificios, construcciones de servicios sanitarios y obra exterior”, cuyas asignaciones van de los 788 mil pesos a los 2 millones de pesos, todos por asignaciones directas previstas en la ley, al tratarse de montos pequeños.
Mientras que los recursos provienen del Fondo de Aportaciones Múltiples y de Escuelas al Cien, ambos del presupuesto Federal, según consta en los contratos revisados.En la revisión de las obras realizadas en 2022 por parte del Instituto de Espacios Educativos de Veracruz.
El ORFIS detectó que las obras contratadas de esta manera sí se hicieron, pero resultaron de mala calidad.
Por ejemplo, la “construcción de 4 aulas didácticas, dirección, servicios sanitarios y obra exterior, en la escuela instituto tecnológico superior de Zongolica extensión Acultzinapa (Soledad Atzompa) con clave 30EIT0016W en la localidad de Acultzinapa, Municipio de Soledad Atzompa, Veracruz”.
El ORFIS encontró que “una fracción del muro de contención, identificado en la parte posterior de las aulas, presenta falla por volteo”.
Mientras que en el laboratorio en la escuela Instituto Tecnológico de Cerro Azul, con clave 30DIT0004S ubicada en la localidad de Cerro Azul, Municipio de Cerro Azul, Veracruz, los auditores la consideraron como “obra de mala calidad por deficiencias técnicas, toda vez que se detectaron grietas en los tramos 2 y 4 del muro de contención”.
La respuesta del gobernador
Entre las obras adjudicadas a la empresa Ruta Boca, que tiene como accionista a un hombre de 69 años que recibe la pensión de adultos mayores, fue poner concreto hidráulico en la colonia Las Amapolas, en el municipio de Veracruz. Como se publicó en el reportaje, se trata de dos kilómetros asfaltados por un pago de 29 millones de pesos a través de una adjudicación directa.
Sin embargo, para responder a esta investigación periodística, el gobernador se ha centrado en decir que la obra está hecha y con eso, reitera, se desmiente la investigación periodística, aunque no ha respondido nada sobre el costo de esa obra ni por la empresas fantasma, ni la utilización de los beneficiarios sociales y mucho menos por los 439 millones de pesos entregados bajo este mecanismo.
