El gobierno de Perú, presidido por Dina Boluarte, publicó un decreto oficial en el que definió al “transexualismo”, “transvestismo de rol dual” y “trastornos de la identidad de género” como enfermedades mentales y las incluyó en el Plan Esencial de Salud.

Con la firma de Boluarte, el ministro de Economía, José Arista, y el del Salud, César Vázquez Sánchez, el gobierno también incluyó al “transvestismo fetichista” y a la “orientación sexual egodistónica” como “personas con problemas de salud mental”, por la que se contempla que puedan recibir atención médica en centros de salud públicos y privados, según fue establecido en el decreto.

A apenas cuatro días de que se cumplan 34 años de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) eliminara la homosexualidad como enfermedad y a seis años de que sea eliminada la transexualidad de la lista de enfermedades mentales, la decisión del gobierno de Boluarte despertó rechazos en Perú.

La diputada Susel Paredes, de la alianza opositora de centro izquierda Juntos por el Perú, pidió la derogación del decreto y afirmó que “refuerza el estigma y discriminación hacia las personas trans”. Además, sostuvo que “urge implementar políticas de salud mental acorde a los estándares internacionales para garantizar el derecho a la salud, igualdad e identidad”.

Organizaciones de la sociedad civil, como Más Igualdad Perú, también expresaron su rechazo. Unos 414 profesionales de la salud y 176 organizaciones de derechos humanos presentaron una carta al Ministerio de Salud en la que le solicitaron dar marcha atrás con el decreto.

Boluarte, en problemas

La presidenta peruana se encuentra acechada por investigaciones judiciales que la acusan de supuesto enriquecimiento ilícito y ocultar datos de sus declaraciones juradas. Por eso su casa fue allanada hace más de un mes, por sospechas de que posee relojes Rolex que no declaró.

En los últimos días su abogado y su hermano cayeron en desgracia. Ambos están presos desde el viernes pasado tras un allanamiento a sus respectivas viviendas, acusados de participar en una presunta red de tráfico de influencias.

Mateo Castañeda, quien defiende a la presidenta en el caso por presuntos actos de corrupción que gira en torno a la posesión de relojes de lujo, fue imputado debido a sus supuestos intentos para archivar las investigaciones contra Nicanor Boluarte [hermano de la mandataria] al ofrecer supuestos “beneficios” al equipo policial que participó en la pesquisa. Al no conseguirlo, el abogado “habría concertado” con su clienta para “defenestrar” a la policía, según señaló la orden de detención.

Con información de AP