Yahoo Noticias El nuevo Gobierno neerlandés quiere ignorar la política migratoria de la UE
Países Bajos tiene nuevo Gobierno y, con él, nuevas políticas.
Dick Schoof, un político de 67 años, siempre en puestos de segunda fila y en funciones de Seguridad con los servicios secretos e inmigración ha asumido el cargo de primer ministro, respaldado por una coalición de cuatro partidos: el Partido por la Libertad, de Geert Wilders, nacionalista de extrema derecha; el Partido por la Libertad y la Democracia, conservador-liberal; el Movimiento Campesino-Ciudadano, populista y favorable a los agricultores; y el Nuevo Contrato Social, advenedizo y de centro-derecha.
Hacer de la inmigración el centro de atención
Debido al peso dominante del partido de Wilders en la inesperada alianza, su programa conjunto se centra en la inmigración, un tema candente que provocó el colapso del Gobierno anterior y dominó el ciclo electoral del año pasado.
El acuerdo detalla una exhaustiva serie de propuestas para reducir los flujos migratorios, que, según los partidos, "ejercen presión" sobre la vivienda, la sanidad, la educación, los recursos financieros y la cohesión social.
Las iniciativas incluyen procedimientos de admisión más estrictos, inversión de la carga de la prueba para disminuir el número de decisiones positivas, deportación, "incluso forzosa", de las personas sin permiso de residencia válido y devolución inmediata de los inmigrantes irregulares detenidos en las fronteras belga y alemana.
La petición de "exclusión voluntaria de la política de asilo e inmigración"
Luego, en un punto crucial, el programa promete: "Se presentará lo antes posible a la Comisión Europea una cláusula de exclusión voluntaria de la política europea de asilo y migración".
La petición, que aún no se ha presentado formalmente, llamó rápidamente la atención de Bruselas, ya que surgió la misma semana en que los Estados miembros dieron el visto bueno definitivo al Nuevo Pacto sobre Migración y Asilo, una reforma global que prevé normas colectivas y previsibles para gestionar la llegada de solicitantes de asilo.
Toda una rareza en la historia de la UE
La reforma ha tardado casi cuatro años en negociarse y ha puesto fin a una empresa política que ha agotado todas las energías y que se remonta a la crisis migratoria de 2015-2016. La noticia de que Países Bajos, miembro fundador de la Unión, país de economía próspera, quería retirarse de leyes pasadas y futuras fue recibida con consternación y un profundo escepticismo.
Al fin y al cabo, las cláusulas de exclusión voluntaria en la UE son una rareza que se puede contar con los dedos de una mano.
Dinamarca tiene dos: de la eurozona y del Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia (ELSJ). Irlanda también tiene dos: del ELSJ y del espacio Schengen, debido a su frontera común con el Reino Unido. Por su parte, Polonia tiene uno: de la Carta de los Derechos Fundamentales, que sólo afecta a su aplicación práctica.
Claúsulas que desafían la lógica de la UE
En el fondo, la Unión Europea es un sistema de normas comunes que para ser eficaces deben tener una aplicación uniforme y, en caso de conflicto, prevalecer sobre las normas nacionales. De lo contrario, el mercado único se desmoronaría y se convertiría en un laberinto imposible de normas arbitrarias.
Por eso las cláusulas de exclusión voluntaria son extraordinarias: su existencia desafía la lógica subyacente del bloque y crea una laguna permanente en el corpus legislativo compartido. Son intrínsecamente políticas porque abordan un interés muy sensible -o un agravio intenso- planteado por un país que, de no ser atendido, impediría alcanzar un objetivo político más amplio.
Dinamarca solicitó por primera vez la exclusión voluntaria de la eurozona, los asuntos de Interior y la Política Común de Seguridad y Defensa después de que el Tratado de Maastricht de 1992 fuera rechazado por los votantes daneses. (La cláusula de defensa se suprimió después de que Rusia lanzara la guerra en Ucrania).
La cláusula de no participación se amplió cuando el Tratado de Ámsterdam de 1997 propuso facultar a las instituciones de la UE para legislar en los ámbitos cubiertos por el ASFJ, como migración, justicia, seguridad y derechos fundamentales. Hasta entonces, el ASFJ había estado firmemente en manos de los Gobiernos, sin intervención de la Comisión Europea.
Irlanda exigió el mismo trato y ambas naciones consiguieron un protocolo que las eximía de cualquier decisión adoptada en el marco del ASFJ. Los protocolos se añadieron al Tratado de Ámsterdam y siguen vigentes hoy en día. La cláusula irlandesa, sin embargo, es flexible y permite a Dublín acogerse o no a las normas migratorias en función de cada caso.
Más tarde, Polonia siguió el ejemplo. En vísperas del Tratado de Lisboa de 2007, que dio pleno efecto jurídico a la Carta de los Derechos Fundamentales, el país solicitó una cláusula de exclusión voluntaria de su aplicación judicial, temiendo que el carácter liberal de la Carta chocara con los valores familiares que exhiben los conservadores como rasgo de identidad. Se redactó entonces un protocolo para limitar su aplicación en Polonia. (El alcance real de dicha cláusula ha sido impugnado desde entonces).
¿Puede Países Bajos conseguir un acuerdo en materia de migración y asilo?
Para Elise Muir, directora del Instituto de Derecho Europeo de la Universidad Católica de Lovaina, "la respuesta es sencilla: un Estado miembro no puede renunciar a la legislación de la UE una vez adoptada. El sentido de pertenecer a la UE es que uno se compromete a acatar sus leyes".
Las cláusulas de exclusión existentes, señaló Muir, se crearon en el momento de la adhesión de nuevos países o cuando se revisaban los tratados, "pero es improbable que esto ocurra ahora y requiere la aprobación unánime de todos los Estados".
Como alternativa, añadió, podría sugerirse una exclusión mientras se negocia un proyecto de ley. Sin embargo, el Nuevo Pacto está asentado y no hay ganas de reabrir la tan esperada revisión.
A Mark Klassen, catedrático de Derecho de Migración de la Universidad de Leiden, tampoco le convence el planteamiento holandés y subraya que los Países Bajos están"plenamente vinculados por el acervo en materia de asilo, tanto en su forma actual como tras las reformas con el Pacto sobre Migración".
El Pacto, con sus disposiciones para ampliar el control de los nuevos solicitantes, acelerar los procedimientos de examen, redistribuir a los solicitantes de asilo y crear un fondo financiero común, se introdujo para garantizar una solidaridad real en todo el bloque, algo de lo que las naciones del Sur se habían quejado de carecer. En otras palabras, asegurarse de que todos asumen la carga del reto transfronterizo.
"No sería congruente con la reforma que Países Bajos pudiera negociar una exclusión voluntaria, que es también una de las principales razones por las que es impensable que se consiga", aseguró Klassen.
El catedrático cree que el ejecutivo neerlandés es consciente de las escasas posibilidades de obtener un respaldo unánime a una exclusión voluntaria que, de concederse, probablemente alejaría a los solicitantes de asilo de los Países Bajos y los llevaría a los países vecinos, y sospecha que hay otra razón detrás de este audaz movimiento: el electoralismo.
"Creo firmemente que nuestro nuevo Gobierno sabe y comprende que no existe ningún procedimiento para conseguir una exclusión voluntaria solicitándola a la Comisión", dijo Klassen. "Esto seguirá siendo una promesa vacía para los votantes del partido de extrema derecha de la coalición".
En una declaración a 'Euronews', la Comisión Europea se negó a hacer comentarios sobre programas políticos y señaló el hecho de que, durante la votación final del Pacto el 14 de mayo, Holanda votó a favor de todas las piezas legislativas puestas sobre la mesa.
"Los Tratados no incluyen normas (en forma de protocolo) que regulen una cláusula de exclusión voluntaria para los Países Bajos en este ámbito (asuntos de interior), - aseguró un portavoz de la Comisión- Una vez adoptado, el Derecho de la UE es vinculante para todos los Estados miembros afectados y, tras su entrada en vigor, aplicable según las disposiciones específicas contenidas en cada acto jurídico. Los instrumentos del Pacto serán vinculantes para los Países Bajos".
