En medio de la crisis económica, política y social que atraviesa Venezuela y tras el cierre del consulado de ese país en la ciudad de Buenos Aires, el gobierno de Javier Milei estableció un nuevo régimen de flexibilización para la radicación de venezolanos en la Argentina. Tendrá una vigencia de 90 días y su objetivo será facilitar los trámites de legalización.

La disposición 388/2024 fue publicada este jueves en el Boletín Oficial (BO) y aplica para aquellos venezolanos que estén en la Argentina desde antes de la medida y que no alcancen los requisitos necesarios para regularizar su situación a través del régimen general. Y es que ese camino se complica porque tras las elecciones denunciadas por la oposición como fraudulentas, en las que el presidente Nicolás Maduro se proclamó ganador, el consulado ubicado en Palermo cerró sus puertas y cesó su actividad. La decisión alcanza a aquellos que estén fuera del país también, para que puedan entrar a la Argentina aunque no cuenten con documentación de viaje vigente.

Este nuevo régimen tendrá un plazo de 90 días desde su entrada en vigencia y podrá ser prorrogado por la Dirección Nacional de Migraciones. Según la norma, el interesado en radicarse en Argentina deberá:

1. Tramitar la obtención de un turno ante la Dirección Nacional de Migraciones a fin de formalizar la solicitud de residencia al amparo del presente régimen

2. En la fecha de turno que le sea asignada, presentarse ante la sede de la Dirección Nacional de Migraciones correspondiente a su domicilio

3. En caso de registrar trámite de regularización migratoria iniciado y pendiente de resolución, podrá solicitar su inclusión en el presente régimen mediante la presentación de nota al efecto, sin perjuicio de la facultad de la administración para actuar de oficio, cuando dicho accionar constituyera un beneficio para el extranjero

En tanto, se deberán presentar los siguientes documentos:

• Pasaporte o cédula de su nacionalidad válido y vigente, o certificado de nacionalidad o instrumento análogo a juicio de la Dirección General de Inmigración emitido por autoridad consular de la República Bolivariana de Venezuela con jurisdicción en la República Argentina.

• En caso de no tenerlo, deberá presentar el Documento Nacional de Identidad argentino para extranjeros vencido, físico o digital, así como también pasaporte o cédula de identidad de su país vencidos por un plazo no mayor a diez años. (Para el caso de niños, niñas y adolescentes se aceptará partida de nacimiento)

• Si el solicitante no contara con ninguno de los documentos enumerados, podrá admitirse acreditación de identidad mediante declaración jurada cuando el extranjero hubiera ingresado al país en forma regular, a través de un paso habilitado con sistema de captura de datos biométricos.

• Constancia de su último legal ingreso al territorio nacional

• En caso de no contar con constancia de ingreso legal, deberá manifestar la fecha y lugar de ingreso al país

• Presentación de cualquier instrumento público que implique la presencia del solicitante en el territorio nacional con anterioridad a la entrada en vigencia del régimen

• Cualquier otro documento que, a juicio de la Dirección Nacional de Migraciones, acredite fehacientemente su permanencia en territorio argentino con anterioridad a la entrada en vigencia de la disposición

• Certificado de carencia de antecedentes penales en la República Argentina

• Certificado de antecedentes penales emitido por autoridad nacional competente de los países donde hubiere residido al menos un año durante los últimos tres años

• Acreditación del domicilio dentro de la jurisdicción de la Dirección Nacional de Migraciones ante la cual se iniciará el trámite de residencia.

• Comprobante de pago de la tasa de radicación

En caso de terminar el trámite, los beneficiarios obtendrán una residencia temporaria con autorización para permanecer en el país por el término de dos años -con posibilidad de prórroga- o una residencia permanente cuando, adicionalmente a los requisitos previstos, acreditaran que son parientes directos o cónyuge de ciudadanos argentinos.

Elisa Trotta, dirigente opositora al régimen chavista y exembajadora en la Argentina designada por el entonces presidente interino Juan Guaidó en 2018, celebró la implementación de esta nueva disposición. “Junto con Alianza por Venezuela y el Foro Argentino para la Defensa de la Democracia llevamos a cabo varias reuniones con funcionarios del gobierno nacional, incluyendo la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; directivos de la Dirección Nacional de Migraciones; el vicejefe de Gabinete del Ministerio de Interior, Lisandro Catalán; y miembros de Cancillería para abogar por mayor flexibilidad en la regularización migratoria de los venezolanos, algo que hasta el año 2019 tuvimos pero lamentablemente perdimos durante cuatro años”, marcó en redes sociales.

“Este logro, que buscamos seguir ampliando (incluso para trámites de títulos universitarios) es un paso significativo en nuestro compromiso de apoyar a los venezolanos en la Argentina, al tiempo que seguimos trabajando incansablemente por el rescate de la democracia en Venezuela, que es la única, definitiva y verdadera solución. Agradecemos al gobierno argentino por su constante apoyo a la comunidad venezolana y a la causa por nuestra libertad”, agregó.

El 28 de julio se celebraron elecciones presidenciales en Venezuela, en un clima donde el candidato opositor Edmundo González Urrutia -impulsado por la dirigente María Corina Machado- era el favorito frente a un Nicolás Maduro que gobierna desde 2013 y es fuertemente cuestionado ante la comunidad internacional por violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, y sin presentar actas oficiales, el oficialismo se proclamó ganador desatándose así una ola de protestas en todos los estados del país. Urrutia, por su parte, presentó actas y asegura que ganó por más del 70% de los votos, pero Maduro se niega a iniciar una transición y planea continuar en el poder.

Antecedente

En 2019, durante el gobierno del expresidente Mauricio Macri también se estableció un régimen para la radicación de venezolanos en medio de un fuerte éxodo migratorio a raíz de la hiperinflación y la crisis política.

La administración macrista había decidido autorizar el ingreso al país de ciudadanos venezolanos que porten cédula de identidad o pasaporte vencidos cuyo plazo de vencimiento no exceda los dos años, a diferencia de la nueva norma, que pide una fecha de caducidad no mayor a diez años.