Yahoo Noticias Gobierno del Edomex niega indemnización a familia de joven desaparecida en 2011
El Gobierno del Estado de México, encabezado por Delfina Gómez Álvarez (del partido Morena), anunció oficialmente su negativa a pagar la indemnización por reparación integral del daño que un juez penal ordenó otorgar a la familia de María Bárbara Reyes Muñiz, adolescente desaparecida y asesinada en 2011 en el municipio de Cuatitlán Izcalli, y cuyo caso tardó 12 años en resolverse, debido a las omisiones e irregularidades en las que incurrió el Ministerio Público local, luego de su desaparición.
A través de un oficio fechado en marzo de 2024, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México informó a la familia de la víctima que “es dable negarles el acceso al Fondo Estatal de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral”, con el argumento de que, en el año 2020, el gobierno mexiquense ya les había otorgado una ayuda económica para víctimas de feminicidio.
Esa ayuda económica otorgada de forma preliminar, sin embargo, sólo cubrió 12% del monto definitivo por reparación integral del daño que estableció un juez penal en la sentencia que sobre este crimen emitió en 2022, misma que luego fue ratificada por un juzgado federal.
El caso de Bárbara, secuestrada en 2011
La adolescente María Bárbara Reyes Muñiz, de 16 años, fue secuestrada en agosto de 2011 en el Estado de México y su cuerpo fue localizado semanas después en un terreno baldío de la misma entidad, pero la Fiscalía local no realizó en ese momento ninguna acción orientada a identificar el cadáver, a determinar las causas de la muerte o a preservar los indicios recogidos en el lugar del hallazgo, razón por la que el cuerpo de la víctima fue enviado a la fosa común en calidad de “no identificado”, aún cuando esas mismas autoridades investigaban su rapto.
Un año y medio después del secuestro y desaparición de la adolescente, las investigaciones realizadas por la familia con sus propios recursos permitieron finalmente localizar e identificar el cadáver de Bárbara. Y, también por indagatorias familiares, en 2018 se logró capturar al responsable del crimen, así como sancionar a los funcionarios ministeriales cuya negligencia impidió investigar oportunamente los hechos.
Luego de 13 años de búsqueda de justicia, explica el señor Alejandro Reyes, padre de la víctima, “nosotros queremos llegar a un final, cerrar procesos, pero hacerlo de manera correcta, incluida la reparación integral del daño. Ya logramos una sentencia condenatoria contra la persona responsable del crimen, ahora es absurdo que venga el gobierno y nos diga: ‘ya les di un apoyo menor hace unos años y, por eso, perdieron el derecho a la reparación integral’ determinada por un juez, eso no es legal”.
Tal como señalan la Ley General de Víctimas y la Ley de Víctimas del Estado de México, cuando un crimen o una violación a derechos humanos ha sido comprobada mediante una sentencia penal firme, el monto establecido como reparación del daño debe ser cubierto por quien resulte culpable de los hechos y, de no contar con recursos para hacerlo, esta obligación se transfiere de manera “subsidiaria” a las autoridades gubernamentales.
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Este es el caso de la persona sentenciada por el secuestro y muerte de la adolescente María Bárbara Reyes Muñiz, sobre el cual se declaró oficialmente la insolvencia económica.
La negativa del gobierno del Estado de Mexico a cubrir la reparación del daño establecida por el crimen cometido contra María Bárbara, de hecho, contraviene los artículos 12, 13, 42, 43, 51, 52, 55, 57 y 58-Ter, de la Ley de Víctimas estatal, en los cuales se desgrana el derecho de las víctimas a la reparación integral del daño, y también el derecho a recibir apoyos gubernamentales complementarios, por lo que éstos no pueden ser pretexto para negar la “reparación integral”.
Incluso en el caso de que la reparación establecida por un juez superen los apoyos previamente autorizados por autoridades administrativas, es obligación del gobierno del Estado de México, a través de su Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, “gestionar lo pertinente, a fin de lograr que se concrete la reparación integral de la víctima”, tal como señalan estos ordenamientos.
“La ley es muy clara a este respecto –subraya el señor Alejandro Reyes–. El Estado es corresponsable de la reparación del daño a las víctimas, porque es su culpa que se den las condiciones que propician los delitos. Pero en el caso de mi hija, además, son responsables de no haber realizado los procedimientos a los que estaban obligados: buscarla, identificarla, preservar las evidencias, investigar. Yo tuve que donarle una computadora al agente del Ministerio Público encargado de la investigación, para que pudiera trabajar.”
Por eso, concluye el papá de Bárbara, “no reclamamos la reparación integral del daño porque nos interese obtener dinero. Ningún recurso económico me a a regresar a mi hija, el monto establecido por el juez como reparación del daño no es una cantidad que nos vaya a sacar de problemas. Yo me gasté mucho más en localizar a mi hija, y en todo este tiempo que llevamos buscando justicia hemos perdido muchas cosas más que dinero, como la salud.”
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“No se trata del dinero: se trata de dejar sentado que el gobierno no está cumpliendo con lo que la ley dice que debe cumplir, porque como nosotros debe haber muchas familias más a las que les han negado el derecho a la reparación.”
