Ecuador anunció en la madrugada del domingo que liberó a los 136 agentes del servicio penitenciario que eran mantenidos cautivos por grupos criminales en distintas prisiones del país. Así lo informó el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, en su cuenta de X.

El mandatario agradeció a sus funcionarios y al Servicio Nacional de Atención Integral para las Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI), organismo oficial a cargo del sistema penitenciario, “por lograr la liberación del cuerpo de seguridad y vigilancia penitenciario y el personal administrativo retenido en los Centros de Privación de Libertad de Azuay, Cañar, Esmeraldas, Cotopaxi, Tungurahua, El Oro y Loja”.

El SNAI había comunicado horas antes la muerte de un agente penitenciario, Daniel Tinitana González, debido a un “enfrentamiento armado” en la prisión de la provincia de El Oro, al sur de Ecuador. Otro guardiacárcel fue herido en el mismo enfrentamiento.

El organismo del sistema penitenciario también había informado la liberación de otros 41 funcionarios, entre guardiacárceles y empleados administrativos, por parte de los grupos criminales. Según el SNAI, de los 41 funcionarios liberados, 13 salieron de la prisión de Esmeraldas, ubicada en la costa, al norte del país. Norman Cano, vocero de la Policía local, reconoció a la prensa que los 13 efectivos fueron liberados tras un proceso de diálogo en el que intervino la Iglesia Católica.

Hasta que el gobierno comunicó la puesta en libertad de los rehenes, reinaba la incertidumbre entre los familiares y las asociaciones que representan a los trabajadores. El vicepresidente de la Asociación de Servidores Penitenciarios del Ecuador (ASPE), Carlos Ordóñez, cuestionó que el SNAI no entregara información oficial sobre el estado en el que se encontraban los secuestrados y respecto a eventuales plantes de intervención. “No sé por qué no ingresan para resguardar sus vidas”, se quejó ante la agencia AP.

El temor de los familiares iba en aumento en los últimos días por la circulación de varios videos en los que se observaba a guardias arrodillados, esposados o incluso amenazados con cuchillos por los reclusos, quienes los obligaban a leer mensajes exigiendo al gobierno que no traslade a presos a otros centros porque si no iban a atentar contra sus vidas.

“Las familias están apostadas afuera de los centros sin saber si están vivos o heridos. Es un abandono, un atropello”, había subrayado el vicepresidente de ASPE. El país cuenta con 2800 agentes de seguridad penitenciaria que vigilan a una población de más de 30.000 presos.

Conflicto armado

Noboa, en el Ejecutivo ecuatoriano desde el pasado noviembre, tomó la decisión de declarar el “conflicto armado interno” luego de que que el jefe narco José Macías Villamar, conocido como “Fito”, se fugara de la cárcel Del Litoral, ubicada en Guayaquil. Tras la decisión del mandatario, un canal de televisión fue tomado y se dieron numerosas reacciones por parte de los grupos delictivos, entre ellas el asalto a la Universidad de Guayaquil, ataques a hospitales y centros comerciales.

Noboa, en una reciente entrevista en radio Canela, había enfatizado que su gobierno no cederá ante las presiones de grupos que desde las prisiones intentan condicionarlo. “Ellos mismos difunden imágenes para aterrorizar a la ciudadanía y para ver si pueden doblegar al presidente de la República, cosa que no va a suceder”, afirmó.

“Es difícil, es duro y me solidarizo con las familias, pero estamos en un estado de guerra y no podemos ceder ante estos grupos terroristas”, subrayó el jefe de Estado, quien llegó al Ejecutivo ecuatoriano tras vencer con el 51,8% en la segunda vuelta electoral del 1 de octubre a Luisa González, aspirante de Revolución Ciudadana, el partido que dirige el expresidente Rafael Correa, quien le manifestó su “total e irrestricto respaldo” tras decretar el estado de conflicto armado interno.

Mientras tanto, el domingo por la madrugada continuaban los patrullajes y operativos de la fuerza pública en la capital, Quito, Guayaquil -la ciudad más poblada- y otras ciudades del país. La Policía informó este sábado por la noche que recapturó a dos reclusos de seis que “se habían fugado” la noche del viernes de la Penitenciaría del Litoral, una de las más peligrosas del país y donde se encontraba alojado “Fito”, quien sigue prófugo.

El último balance oficial del estado de excepción registró 859 personas detenidas, de ellas 94 por “terrorismo”, y cinco delincuentes calificados como “terroristas” abatidos. Además, se registraron 20 atentados contra infraestructura pública y privada y el decomiso de 246 armas de fuego, 187 armas blancas, 126 explosivos y más de 4000 municiones en la ejecución de unos 7800 operativos.

Con información de la Agencia AP