El gobierno de derecha de Israel promueve la demolición de viviendas ante el aumento de la violencia

JERUSALÉN — El sábado por la noche, el nuevo ministro de extrema derecha de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir, solicitó que se acordonara de inmediato la casa de la familia de un palestino armado que, un día antes, había matado a siete personas en Jerusalén oriental antes de ser abatido por la policía.

Pocas horas después de los comentarios de Ben-Gvir, la mañana del domingo, las fuerzas de seguridad llegaron temprano a la casa familiar del hombre, según Daniel Shenhar, un abogado de derechos humanos. Despertaron a los residentes, les dieron una hora para recoger algunas pertenencias antes de desalojarlos; luego, bloquearon las puertas y ventanas, un preludio común de la demolición de un hogar palestino.

El Ejército israelí señaló que había emitido una orden judicial antes del acordonado, como es habitual en estos casos. Sin embargo, Shenhar aseguró que ninguno de los habitantes la había visto antes de la intervención de las fuerzas de seguridad: los padres del hombre estaban detenidos en Israel en ese momento y solo los pusieron en libertad, sin cargos, después de que se acordonó la casa.

Israel defiende estas demoliciones pues las considera una medida disuasoria para evitar futuros ataques y el nuevo gobierno, el más derechista de la historia de Israel, está utilizando esta política de forma más agresiva tras el aumento de la violencia en los últimos días. Shenhar dijo que desde 2014 se habían demolido 75 casas de manera total o parcial.

El gobierno señaló que también iba a acordonar el domicilio de un palestino de 13 años acusado de herir a dos personas en otro tiroteo en Jerusalén oriental, aunque en el pasado esa medida se ha había reservado normalmente para los perpetradores de atentados mortales.

La práctica que ha utilizado Israel desde hace décadas de acordonar y demoler los hogares de los agresores acusados de realizar atentados mortales en contra de sus ciudadanos desde hace tiempo ha provocado críticas de grupos de derechos humanos que la califican de castigo colectivo —lo cual está prohibido según el derecho internacional—, que deja sin hogar a padres, hermanos, cónyuges e incluso hijos inocentes. Los críticos también cuestionan su eficacia, después de que cientos de demoliciones no han logrado detener los ataques.

Sin embargo, el nuevo gobierno anunció que estaba acelerando la política, un cambio que se refleja en sus acciones recientes.

En lo que va del año, las armas israelíes han provocado la muerte de al menos 35 palestinos, según el Ministerio de Salud palestino: diez de ellos, incluida una mujer de 61 años, en un tiroteo el jueves pasado durante una redada del Ejército en Yenín, en Cisjordania ocupada. Un día después de esa incursión, Khairy al-Qam, de 21 años, mató a siete personas, entre ellas un niño de 14 años, frente a una sinagoga de Neve Yaakov, una zona de mayoría judía; la casa de su familia fue la se acordonó con ese apuro inusual.

“Quedó claro que se hizo bajo presión de los políticos”, opinó Shenhar, jefe del departamento jurídico de HaMoked, organización israelí de derechos humanos que ha representado a decenas de familias palestinas de agresores en apelaciones, en su mayoría infructuosas, contra las demoliciones de viviendas ante el Tribunal Supremo de Israel.

“No le dieron ninguna oportunidad de apelar a la familia” al actuar antes de haber visto una orden judicial, añadió, aunque todavía podía apelar después del hecho.

Moussa al-Qam, de 48 años, padre del perpetrador de Neve Yaakov, dijo estar orgulloso de su hijo y le restó importancia al acordonado de la casa en la que vivían al menos diez miembros de su familia.

“Aunque tenga que dormir fuera, no me importa”, dijo. “Mientras mi hijo cumpla con su deber, no me importa”.

La policía se negó a responder a preguntas sobre el caso, alegando una orden de no divulgación sobre cualquier detalle de la investigación.

El gobierno extremista de Benjamin Netanyahu, quien juró su cargo hace un mes, y sus partidarios habían acusado al gobierno anterior de impotencia frente a la oleada mortal de atentados que habían perpetrado agresores árabes en la primavera, lo que planteaba interrogantes sobre las medidas del nuevo gobierno hacia los palestinos en un momento de tensiones crecientes.

Ben-Gvir, a quien se le había condenado en el pasado de incitación al racismo y apoyo a un grupo terrorista, también les ha ordenado a las autoridades que derriben otras catorce estructuras palestinas en Jerusalén oriental que estaban programadas para demolición porque se construyeron sin permisos municipales. Los palestinos tienen dificultades para obtener esos permisos debido a la falta de zonificación para la construcción en Jerusalén oriental y a otras políticas territoriales israelíes. Israel le arrebató Jerusalén oriental a Jordania en la guerra árabe-israelí de 1967 y luego la anexó en una maniobra que no ha reconocido la mayor parte del mundo.

El nuevo gobierno, el cual busca frenar las facultades del poder judicial, también está hablando de tomar medidas adicionales que podrían considerarse como castigos colectivos. Netanyahu propuso la revocación de los derechos de seguro nacional a las “familias que apoyen el terrorismo”.

En una señal de que podría buscar la reducción de las tensiones con los palestinos y evitar la censura internacional, el miércoles el gobierno le pidió al Tribunal Supremo de Israel, por novena vez, que postergue cuatro meses el desalojo de palestinos de una aldea beduina de alto nivel, Jan al Ahmar. Las estructuras de la aldea se habían levantado sin permisos.

No obstante, debido a la nueva atención que han atraído las demoliciones y a que hace poco a la Corte Internacional de Justicia se le encargó que entregara una opinión sobre la ocupación israelí y el estado del conflicto, Shenhar, de HaMoked, dijo que Israel estaba “jugando con fuego”.

Israel ha practicado su política de demolición de las viviendas de agresores de forma intermitente desde 1967, con base en un decreto de las regulaciones de defensa de emergencia que presentaron las autoridades británicas en 1945. Sin embargo, el Cuarto Convenio de Ginebra establece sin lugar a dudas que ninguna persona protegida —en este caso, los residentes de un territorio ocupado— puede ser castigada por delitos que no haya cometido personalmente y que los castigos colectivos están prohibidos, así como las represalias contra sus propiedades.

“No hay ningún debate sobre esto a nivel internacional”, comentó William Schabas, quien fue presidente de una comisión de investigación de la ONU sobre las operaciones militares de Israel en la Franja de Gaza en 2014 y es profesor de Derecho Internacional en la Universidad Middlesex de Londres. Este tipo de castigo colectivo también se ha definido como crimen de guerra en tribunales internacionales, agregó.

De las 75 casas demolidas total o parcialmente desde 2014, 67 de ellas estaban en Cisjordania y ocho en Jerusalén oriental y una docena han sido acordonadas total o parcialmente, según datos que proporcionó Shenhar, de HaMoked. Tan solo diez órdenes de demolición han sido anuladas en ese tiempo, dos después de apelaciones ante el Ejército y ocho del Tribunal Supremo.

El resultado de las apelaciones judiciales depende sobre todo de la composición del panel de jueces del Tribunal Supremo, dijo Shenhar, porque están divididos sobre la política.

“Uno se puede preguntar cuál es la motivación de las familias para acudir a los tribunales cuando la mayoría de las viviendas son demolidas de todos modos”, comentó. “Pero quieren ir, así que seguimos pidiendo y, una y otra vez, el Tribunal Supremo tiene que lidiar con ello y escuchar los argumentos”.

c.2023 The New York Times Company