Gobierno de Cuba es responsable por la muerte de Payá, concluye comisión de la OEA

Una década más tarde, el principal organismo de derechos humanos del hemisferio occidental concluyó que el choque automovilístico que mató al destacado líder opositor cubano Oswaldo Payá y al joven activista Harold Cepero en julio de 2012 probablemente fue obra de agentes estatales cubanos, y el gobierno cubano tiene responsabilidad en sus muertes.

En un informe que concluye una investigación abierta en 2013, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, órgano independiente de la Organización de Estados Americanos, asegura que la muerte de Payá, fundador del Movimiento Cristiano de Liberación, y de Cepero, tuvo motivaciones políticas en un contexto marcado por la violencia estatal contra los defensores de derechos humanos en Cuba.

“Ambos fueron sujetos a diversos actos de violencia, hostigamiento, amenazas, atentados contra su vida, y finalmente, un choque vehicular que les causó la muerte”, escribió la Comisión en una versión preliminar del informe obtenido por el Herald. El lunes, la organización de derechos humanos Robert F. Kennedy, que representó legalmente a los familiares de Payá, publicó la decisión de la Comisión.

La Comisión dijo que existen “indicios serios y suficientes para llegar a la conclusión de que agentes estatales tuvieron participación en la muerte de los señores Payá y Cepero. En consecuencia, la CIDH concluye que el Estado es responsable por la violación del derecho establecido en el artículo I de la Declaración Americana en perjuicio de Oswaldo Payá y Harold Cepero”.

El artículo I de los Derechos y Deberes del Hombre, primer instrumento internacional de derechos humanos adoptado por los países de las Américas en 1948, consagra el “Derecho a la vida, la libertad, la seguridad y la integridad de la persona”.

Al responsabilizar al Estado cubano por sus muertes, la Comisión dijo que centró la investigación en determinar si “ese acto ilícito ha contado con la participación, el apoyo o la tolerancia de agentes estatales o ha resultado del incumplimiento, por parte del Estado, de su obligación de prevenir razonablemente las violaciones de los derechos humanos, de investigar seriamente a efecto de identificar y sancionar a los responsables y reparar adecuadamente a la víctima o sus familiares por los perjuicios causados”.

La Comisión encontró al gobierno cubano en falta en cada uno de esos puntos y llamó a las autoridades cubanas a ofrecer reparaciones para compensar por las violaciones de derechos humanos denunciadas en el informe y realizar una investigación penal exhaustiva para esclarecer los hechos y sancionar a los responsables.

Las conclusiones traen reivindicación a la familia de Payá, quien durante años ha insistido en que el accidente automovilístico fue obra de agentes de seguridad del gobierno que lo habían estado hostigando por su labor política contra Fidel Castro. Y brinda un raro ejemplo de rendición de cuentas en el ámbito internacional, donde con frecuencia las violaciones de los derechos humanos del gobierno cubano son pasadas por alto gracias a su astuta diplomacia y esfuerzos de propaganda.

“Después de más de 10 años, la verdad se ha impuesto,” dijo Rosa María Payá, hija del fallecido opositor. “Ahora es oficial, tal y como demuestra esta decisión de la CIDH, el régimen cubano asesinó a mi papá, Oswaldo Payá y Harold Cepero. Nada podrá compensar las pérdidas que sufrieron nuestras dos familias, pero hoy hemos avanzado un gran paso hacia la justicia, esa que solo llegará cuando se cumpla en nuestro país el legado de democracia y libertad al que mi papa y Harold dedicaron sus vidas”.

La sentencia, añadió, “no es solo un alivio para nuestras familias que tanto hemos luchado por el reconocimiento de la verdad, sino una victoria para todos los cubanos que han sido y son víctimas de la dictadura de los Castro”.

Al momento de su muerte, Payá, de 60 años, se había convertido en uno de los líderes más visibles del movimiento opositor cubano luego de fundar el Movimiento Cristiano Liberación y recolectar las firmas necesarias para presentar una petición de referéndum a la Asamblea Nacional que, de aprobarse, habría permitido a los cubanos votar para derrocar al régimen. Conocido como el Proyecto Varela, Castro se opuso ferozmente a la propuesta. En respuesta, cambió la constitución para hacer que el socialismo fuera “irrevocable” y ordenó el arresto de 75 disidentes en 2003, muchos de ellos involucrados en la promoción de la iniciativa.

Según el gobierno cubano, Payá y Cepero fallecieron en un accidente automovilístico cuando el conductor, Ángel Carromero, un joven político del Partido Popular de España, perdió el control del vehículo cerca de la ciudad de Bayamo se estrelló contra un árbol. Después de su arresto, el gobierno cubano mostró un video de Carromero negando que el auto fue embestido por detrás por otro vehículo, y fue sentenciado por homicidio imprudente a cuatro años de prisión en un juicio a puerta cerrada que luego Carromero dijo que estaba lleno de irregularidades.

Desde que el gobierno español aseguró su extradición en diciembre de 2012, Carromero ha dicho en repetidas ocasiones que el accidente automovilístico se debió a un ataque de otro automóvil que iba detrás del suyo y que el video se tomó bajo coacción.

“Lo primero que declaro es que nos han sacado de la carretera y nos han dado. Eso los puso nerviosos y me golpean,” dijo Carromero a la junta editorial del Miami Herald y el Nuevo Herald durante una visita a Miami en 2014. “Luego viene un oficial que se identifica como perito y me dice la versión que tengo que repetir: que accioné el pedal del freno y caí en un terraplén”.

En una audiencia realizada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en diciembre de 2021, Carromero dijo lo mismo que le había dicho al Herald y escribió en sus memorias “Muerte bajo sospecha”: que lo obligaron a leer la declaración preparada por militares cubanos y que el juicio fue “una farsa”. También aseguró que sus abogados no tuvieron acceso a la evidencia, no pudieron llamar a declarar su propio equipo de expertos y los testigos presentados por el gobierno dieron testimonios contradictorios.

A la familia de Payá no se le permitió asistir al juicio. Nunca recibieron una copia de su autopsia.

Otro testigo clave en el caso, Jens Aron Modig, un político sueco que también estaba en el automóvil, se ha mantenido en silencio, probablemente debido a un “pacto de silencio”, dijo Carromero durante la audiencia. Modig fue repatriado rápidamente a su país y ha dicho que no recuerda el accidente.

Según Carromero, mientras ambos estaban en un hospital cubano después del accidente, Modig alertó a sus contactos en Suecia de que el automóvil había sido embestido.

“¿Cómo es posible que un testigo clave de lo que ocurrió no participara en ese juicio?” preguntó Carromero durante la audiencia. “El hecho clave es que todo fue un montaje para encubrir el atentado que hizo el régimen contra dos de sus principales opositores”.

El informe dice que el gobierno cubano no negó ninguna de las afirmaciones hechas a la Comisión por Carromero y la familia Payá. Cuba no es miembro activo de la Organización de los Estados Americanos, pero es uno de sus miembros fundadores. Por lo tanto, la Comisión argumenta que puede investigar y emitir recomendaciones sobre violaciones de derechos humanos en la isla.

La Comisión también escuchó el testimonio de la viuda y la hija de Payá, quienes describieron el hostigamiento de los agentes de seguridad del Estado que la familia sufrió durante muchos años.

Ofelia Acevedo, viuda de Payá, dijo que por sus actividades políticas los seguían constantemente y que agentes de la seguridad del Estado amenazaron a familiares y amigos y colocaron micrófonos en su casa de El Cerro, un céntrico barrio habanero.

“Pero no fue hasta los últimos años que creció intensamente la persecución y el acoso y sufrimos varios atentados”, dijo. “Al menos en tres ocasiones, aflojaron las tuercas de las ruedas de nuestro carro… El 2 de junio de 2012, un auto salió de la nada e impactó nuestro auto provocando que se volcara y cayera en la senda contraria”.

Salieron ilesos, pero ese día, agregó, “nos quedó claro que trataban de aniquilarnos”.

Un mes después, Payá estaba muerto.

Pero su legado sigue vivo, dijo durante la audiencia su hija, la activista cubana Rosa María Payá. Ella ha continuado el trabajo de su padre a través de Cubadecide, otra iniciativa de referéndum que busca la democratización en Cuba, y se ha convertido en uno de los rostros de un movimiento de oposición más joven.

“El régimen fracasó en su intento de eliminar el legado de mi padre. Lo vemos en los muchachos del 11J”, dijo en referencia a las manifestaciones antigubernamentales en toda la isla en julio de 2021. “Yo creo que la ciudadanía, la oposición, la sociedad civil, los líderes de hoy, estamos parados sobre sus hombros”.