El Gobierno chileno se querella por una inhumación ilegal para dar con desaparecidos

Santiago de Chile, 4 ene (EFE).- La subsecretaría de Derechos Humanos de Chile presentó este miércoles un grupo de inéditas querellas contra todos quienes resulten responsables por los delitos de inhumación y exhumación ilegal de siete personas secuestradas durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), acción que busca dar con el paradero de las víctimas que a la fecha permanecen en calidad de detenidas desaparecidas.

La querella, presentada ante la Corte de Apelaciones de La Serena, busca conocer el paradero final de las víctimas, todas ellas secuestradas en la ciudad de Tocopilla, región de Antofagasta (norte de Chile), reiniciando diligencias de búsqueda en la Mina "La Veleidosa", lugar en el cual se presume puedan encontrarse osamentas de detenidos desaparecidos, como se logró en el mismo sitio durante la década de 1990.

"La presentación de esta querella va en la línea del Plan Nacional de Búsqueda que, si bien se encuentra en su etapa de elaboración, plantea entre sus ejes la presentación de querellas que tengan por objetivo determinar las circunstancias en que las víctimas fueron desaparecidas, acompañando siempre a los familiares en este un proceso que sana heridas del pasado y el presente”, afirmó la subsecretaria de Derechos Humanos, Haydee Oberreuter.

“Es muy relevante para nosotros acompañar a los familiares en esta presentación, considerando el diseño del Plan Nacional de Búsqueda que ha impulsado la Subsecretaría de Derechos Humanos y a 50 años de las conmemoraciones del golpe de Estado, trabajando desde la convicción que enfrentar hoy las deudas pendientes, fortalece nuestra capacidad para avanzar en los desafíos inmensos del presente y del futuro", agregó el secretario regional ministerial Rubén García.

SIETE SECUESTROS

En particular, la acción judicial pretende dar con el paradero final de Claudio Tognola, Luis Segovia, Carlos Garay, Agustín de la Cruz Villarroel, Luis Gómez, Vitalio Orlando Mutarello Soza y Manuel del Carmen Muñoz, todos detenidos durante la primera ola represiva que marcó inicio de la dictadura pinochetista en Chile, a pocos días de perpetrado el golpe del 11 de septiembre de 1973.

Según el documento, al que accedió Efe, existen diversos testimonios y antecedentes que sitúan a la Mina "La Veleidosa", ubicada a 15 kilómetros de Tocopilla, como una zona vinculada a la muerte y desaparición de las personas individualizadas en la querella.

Sin ir más lejos, parte de los restos de algunas de las víctimas ya fueron localizados en ese lugar.

"Sus familiares tienen la fuerte convicción de que ellos fueron secuestrados por agentes del Estado, luego ejecutados posiblemente por militares de la zona e inhumados en la mina ya individualizada. Luego, años después, se habrían realizado diversas acciones destinadas a hacer imposible el ingreso a la mina o dificultar gravemente los intentos de búsqueda", se señala en la querella.

En la misma, se destaca que el "ocultamiento de cuerpos" en esta zona del país, desértica y alejada de la capital, tiene un "carácter temprano" -durante las primeras semanas luego del golpe de Estado-, configurándose un "patrón criminal claro, en tanto que el ocultamiento de cadáveres en minas o piques mineros abandonados fue una práctica frecuente por agentes del estado en esta zona del país".

PLAN NACIONAL DE BÚSQUEDA

Anunciado en junio pasado durante la primera cuenta pública del actual jefe de Estado chileno, Gabriel Boric, el Plan Nacional de Búsqueda de Detenidos Desaparecidos se encuentra a la fecha en proceso de elaboración, específicamente en una etapa de encuentros participativos donde agrupaciones y familiares de las víctimas se incorporan al diseño de la política.

Durante los últimos meses, funcionarios de diversas instituciones del Estado han recorrido el país para reunirse con estas agrupaciones, procurando trazar líneas de acción específicas para la realidad represiva que se desplegó en cada territorio durante los años de régimen dictatorial.

En esa línea, la querella presentada en esta jornada por las autoridades no es la primera que se enmarca en el plan, en tanto que en agosto pasado la propia ministra de Justicia, Marcela Ríos, presentó 17 demandas criminales por ejecuciones sumarias y desaparición forzada de 25 personas durante la dictadura cívico militar de Augusto Pinochet (1973-1990), en particular hechos que hasta la fecha no habían sido investigados.

Hasta hoy, en Chile sigue habiendo 1.159 víctimas de desaparición forzada durante la dictadura que aún son buscados por sus seres queridos.

La dictadura de Chile duró 17 años y dejó más de 40.000 víctimas, entre ejecutados, detenidos desaparecidos, prisioneros políticos y torturados, según cifras de la comisión oficial que recopiló testimonios de víctimas y familiares. Más de 3.200 chilenos murieron a manos de agentes del Estado.

Sebastián Silva

(c) Agencia EFE