El gobierno de Biden ha recibido a un millón de migrantes en espera de audiencia

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Holiness Kalanga y Joice Nguti, inmigrantes de África, practican artes marciales en un centro comunitario de Westbrook, un suburbio de Portland, Maine, el 28 de junio de 2022. (Kirsten Luce/The New York Times).
Holiness Kalanga y Joice Nguti, inmigrantes de África, practican artes marciales en un centro comunitario de Westbrook, un suburbio de Portland, Maine, el 28 de junio de 2022. (Kirsten Luce/The New York Times).

SUR DE PORTLAND, Maine — Este verano, familias de origen africano que buscan asilo ocuparon la mayoría de las habitaciones de un modesto hotel a unos pocos kilómetros del océano: 192 adultos y 119 niños en total.

Están entre los más de un millón de inmigrantes indocumentados a los que se les ha permitido ingresar al país de forma temporal después de cruzar la frontera durante la presidencia de Joe Biden, parte de una cascada histórica de migración irregular en todo el mundo.

A diferencia de los cientos de miles que han entrado al país sin ser detectados durante el periodo de Biden, muchas personas de entre ese millón tienen la esperanza de obtener asilo —una posibilidad remota— y tendrán que esperar siete años en promedio antes de que se tome una decisión respecto de su caso a causa del congestionado sistema migratorio de la nación.

El hotel de aquí es parte de un puñado en la región, además del albergue familiar de Portland, que ofrecen vivienda temporal a cientos de nuevos inmigrantes. Maine es poco común pues permite que la gente que busca asilo reciba apoyo financiero para renta y otros gastos, en parte por medio de su programa de Asistencia General. Sin embargo, el desafío ha sido profundo; en mayo, las autoridades de Portland anunciaron que la ciudad ya no iba a garantizar albergue para los solicitantes de asilo recién llegados porque las viviendas de emergencia estaban al máximo de su capacidad.

“La comunidad está creciendo tanto que se está corriendo la voz de que ofrecemos ayuda”, comentó Mike Guthrie, director de un albergue familiar de Portland. “Por eso está llegando más gente”.

Aunque la inmigración es un asunto político que genera uno de los debates más acalorados en el país, la atención casi siempre se centra en la creciente cantidad de personas que buscan cruzar la frontera suroeste. Se ha prestado menos atención a lo que les ocurre a quienes son liberados de la custodia gubernamental para esperar de manera legal audiencias frente a tribunales de inmigración y terminan desperdigados por todo el país. Algunos desaparecen en las sombras y nunca se presentan a sus citas en los tribunales o los controles obligatorios con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por su sigla en inglés) de Estados Unidos. A otras personas se les dificulta cumplir con los requisitos para reportarse en un sistema que nunca había estado tan saturado ni desorganizado.

Su presencia es tanto un desafío humanitario como un detonante político para un país dividido que durante décadas no ha podido ponerse de acuerdo en quiénes deberían ser admitidos y por cuáles motivos. El gobierno federal tarda casi un año en otorgarles un permiso de trabajo a los solicitantes de asilo y mientras tanto no hay ningún tipo de financiamiento designado para ayudar a mantenerlos, como sí lo hay para los refugiados. Sin embargo, mientras el debate continúa con pocos avances hacia nuevas leyes, estos inmigrantes se están integrando a comunidades estadounidenses de todos tamaños, están enviando a sus hijos a escuelas públicas y a la postre pagarán impuestos y contribuirán a la economía.

Maria Zombo, una madre angoleña de seis hijos que llegó a Estados Unidos hace ocho años, pero todavía no recibe una respuesta sobre su solicitud de asilo, con su hija Leila en la tienda que abrió en Biddeford, Maine, a las afueras de Portland, el 29 de junio de 2022. (Kirsten Luce/The New York Times).
Maria Zombo, una madre angoleña de seis hijos que llegó a Estados Unidos hace ocho años, pero todavía no recibe una respuesta sobre su solicitud de asilo, con su hija Leila en la tienda que abrió en Biddeford, Maine, a las afueras de Portland, el 29 de junio de 2022. (Kirsten Luce/The New York Times).

El millón de personas que han tenido permiso para ingresar desde que Biden asumió la presidencia —una cifra que proviene de datos y documentos jurídicos internos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por su sigla en inglés)— viene de más de 150 países de todo el mundo. Debido a que hay pocas vías para entrar a Estados Unidos de manera legal, cruzar la frontera de forma ilegal a menudo es la única opción para quienes huyen del crimen y la desesperanza económica.

Conforme a una norma de salud pública que produjo la pandemia, a los migrantes se les ha prohibido cruzar la frontera estadounidense 1,7 millones de veces desde que Biden es presidente, una cifra que incluye a algunas personas que han intentado cruzar varias veces. No obstante, Estados Unidos ha permitido que otras personas se queden de manera temporal por varias razones, entre ellas porque México o sus países de origen no las reciben de vuelta. A casi 300.000 de las personas que han tenido permiso de entrar —entre ellas muchas cabezas de familia— se les han colocado dispositivos de rastreo para que el ICE pueda monitorear su ubicación mientras esperan su día en el tribunal.

“Aunque el sistema migratorio está en pésimas condiciones, el DHS lo está manejando de manera responsable, segura y humana y está garantizando que haya vías legales disponibles para quienes en verdad las necesitan”, mencionó en un comunicado Luis Miranda, un vocero del DHS.

Los republicanos han apoyado el mensaje que culpa al gobierno de Biden por la cifra récord de gente que cruza la frontera, aunque a más de un millón de personas se les dio un permiso similar para entrar al país de forma temporal durante un periodo de dos años del gobierno de Donald Trump, según datos que analizó el Instituto de Política Migratoria. Los republicanos consideran que los migrantes que se rinden ante los agentes de la Patrulla Fronteriza son una carga para la sociedad pues al gobierno le cuesta millones de dólares aprehenderlos y procesarlos, y se desperdician recursos valiosos de seguridad pública.

Sin embargo, los conservadores no son los únicos molestos con la situación. Desde hace tiempo, ha habido un consenso entre los partidos de que el Congreso debe actualizar las leyes migratorias de la nación para enfrentar el desafío actual.

Para los detractores de Biden, el mensaje hospitalario durante su campaña fue equivalente a una invitación a cruzar ilegalmente; incluso el propio jefe de la Patrulla Fronteriza de la administración de Biden, Raul Ortiz, lo insinuó cuando fue entrevistado hace poco como parte de una demanda presentada por el estado de Florida. El gobierno de Biden les ha advertido en repetidas ocasiones a los migrantes que no hagan un viaje caro y peligroso a la frontera.

Sin ayuda del gobierno federal una vez que son liberados, está en manos de las comunidades locales y los estados ayudar a los nuevos inmigrantes a llegar a su destino y evitar que vivan en las calles. Y a últimas fechas, ese problema ha crecido.

Para intentar llamar la atención del gobierno de Biden, en meses recientes los gobernadores de Texas, Greg Abbott, y de Arizona, Doug Ducey —ambos republicanos—, han enviado en autobuses a Washington D. C. a miles de migrantes recién llegados. Abbott también ha enviado autobuses a la ciudad de Nueva York, donde las autoridades han mencionado que el sistema de albergues ahora aloja de manera temporal a 5700 solicitantes de asilo. Ninguna de las dos ciudades estaba preparada para ayudar a tantas personas y las autoridades y los voluntarios han tenido que arreglárselas para ayudarlas y llevarlas a los destinos que desean. Hace poco, Abbott también comenzó a enviar autobuses con migrantes a Chicago.

Gracias al impulso de los demócratas, muchos negocios han apoyado la idea de que millones de inmigrantes que ya viven ilegalmente en el país obtengan una residencia legal y una participación en la fuerza laboral.

En la actualidad, los inmigrantes que son admitidos para esperar procesos de expulsión pueden solicitar un permiso de trabajo 150 días después de presentar una solicitud de asilo, una demora que muchos negocios encuentran frustrante, en particular debido a la escasez de mano de obra. La mayoría de los migrantes que todavía no tienen un patrocinador en el país dependen de la ayuda pública disponible.

Las senadoras Susan Collins, republicana de Maine, y Kyrsten Sinema, demócrata de Arizona, presentaron un proyecto de ley en febrero que acortaría el requisito estatutario sobre el tiempo que debe esperar un solicitante de asilo antes de solicitar una autorización para trabajar. No se ha hecho nada relacionado con el proyecto de ley desde que fue presentado.

En este momento, los casos de asilo tardan de entre cinco y siete años en resolverse. Si una solicitud es denegada, hay oportunidades para apelar, lo cual suma años al tiempo que pasa un inmigrante en el país.

Maria Zombo, una madre angoleña con seis hijos que busca asilo y vive a las afueras de Portland, hace poco abrió una tienda de productos africanos en el renovado centro de Biddeford. Llegó al país con una visa de turista hace ocho años y todavía le falta recibir una respuesta inicial a su solicitud de asilo. Comenzó un negocio, compró una casa y tuvo un hijo.

Su experiencia no es atípica, según Conchita Cruz, codirectora ejecutiva del Proyecto de Apoyo para Solicitantes de Asilo, una organización sin fines de lucro.

“La gente está pasando toda su vida aquí antes de recibir una respuesta”, comentó Cruz.

© 2022 The New York Times Company