Yahoo Noticias El gobierno de AMLO reserva hasta 2029 documentos sobre la búsqueda del revolucionario Catarino Garza en Panamá
El hermetismo en los detalles de la búsqueda de los restos del personaje histórico Catarino Erasmo Garza, por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ha llegado hasta los principales acuerdos firmados entre México y Panamá, documentos relacionados con el plan de búsqueda, las metodologías empleadas, el rol de todos los funcionarios en la encomienda presidencial y las cuentas del gasto público destinado a encontrar, recuperar, identificar y repatriar los restos del combatiente, del que se tiene registro de muerte en 1895 en Isla Colón.
La Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), en contestaciones por separado, se negaron a entregar datos de interés público y reservaron los archivos relacionados con este caso por cinco años, de 2024 a 2029.
A las instituciones se les solicitó una copia de los acuerdos firmados con Panamá con el proyecto de rescate de los restos de Garza, la metodología, los planos del sitio exacto donde se han intervenido las tumbas en el panteón viejo de la Isla Colón, fotografías de los trabajos de prospección, información de las exhumaciones realizadas en Panamá y una lista de las muestras óseas llevadas de Bocas del Toro a la Ciudad de México para analizarlas y cuáles han sido los resultados.
A la CNB también se le solicitó el cargo, nombre y tareas de cada uno de sus funcionarios involucrados en este encargo presidencial. Según esta dependencia, dar a conocer la información pondría en riesgo a los funcionarios involucrados, con el mismo peligro al que se enfrentan las familias de víctimas amenazadas, asesinadas o también desaparecidas a lo largo de México.
“En el caso en concreto se advierte una relación clara y directa entre hacer identificable a quienes participan en acciones de búsqueda, pues es de interés de grupos delincuenciales, las actividades realizadas por quienes tienen como meta localizar a personas se encuentran desaparecidos y que pudieron ser víctimas de grupos de delincuencia organizada, y revelar las actividades pone riesgo inherente a las personas que participan en acciones de búsqueda”, respondió la CNB en la solicitud de información.
La comisión equipara el posible daño en el caso Garza con el que viven familiares en México y funcionarios de comisiones de búsqueda. Cita, por ejemplo, el asesinato de la madre Rosario Lilián Rodríguez cuando salía de una misa en Sinaloa. El asesinato de la madre María Carmela, asesinada cuando salía de su casa en Guanajuato. Las amenazas a otras tres mamás con hijos desaparecidos, entre ellas Ceci Flores, una de las caras más conocidas de los colectivos de Sonora.
Menciona las intimidaciones a la Brigada Nacional de Búsqueda en Morelos, así como las exigencias del grupo especializado en desaparición forzada de la ONU para garantizar seguridad de familias buscadoras de desaparecidos. Y señala el caso del homicidio de Javier Barajas Piña, quien era funcionario de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas en Guanajuato.
Como prueba de daño, la CNB plantea que la divulgación de información puede complicar, obstruir y poner en situación de peligro también al lugar “donde se siguen implementando acciones de búsqueda e identificación de restos humanos”. Es decir, en la Isla Colón, en la provincia panameña de Bocas del Toro.
Animal Político interpuso un recurso de revisión después de la negativa: ¿a qué grupos delincuenciales se refiere y qué tipo de criminales podrían estar interesados en que no se sepa dónde quedó el cuerpo de Garza, asesinado hace más de 100 años en otro país?
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La opacidad sobre la misión para encontrar a Garza se ha extendido al Ejército y a la Marina.
El Ejército se negó a desglosar el gasto para los 20 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional que viajaron entre febrero y abril pasado en el buque Huasteco, acompañando a los 60 marinos, los 11 especialistas de la CNB y a los dos funcionarios de Relaciones Exteriores.
En cuanto a la Marina, en una primera petición no respondió a todas las preguntas sobre el gasto de operación del uso del barco, las actividades en la Isla Colón y una copia de la bitácora del vuelo del helicóptero en el Huasteco. Dos de estas cuestiones solo las contestó después de interponer un recurso de revisión.
A pesar de que México clasificó los documentos principales, casi todos estos pudieron conseguirse en Panamá por medio del Ministerio de Cultura de ese país, la dependencia que ve los temas de arqueología y patrimonio. Los documentos sirvieron para el reportaje El desaparecido más importante para AMLO: más de 9.5 mdp para buscar al general Catarino en Panamá.
El Ministerio de Cultura entregó datos clave que deberían ser públicos en ambos países, menos el inventario de las 155 muestras óseas, tomadas de las 29 personas exhumadas de las fosas del Cementerio Municipal de Isla Colón, y exportadas a México. El insistente columnista panameño, Alexis Eliseo Sánchez, pidió el archivo con su número de identidad, lo consiguió y lo compartió con Animal Político.
A la SRE se le solicitó “El Arreglo de Cooperación Complementario del Convenio de Cooperación Educativa y Cultural entre el Gobierno de la República de Panamá y el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos para la Búsqueda, Exhumación y repatriación de los Restos Mortales de Catarino Erasmo Garza Rodríguez“, así como un copia de la propuesta arqueológica presentada por la CNB, señalándole que de acuerdo con la ley de ese país, Patrimonio Cultural deberá evaluarla, según la resolución No. 0194-2023.
Cancillería turnó la solicitud la Subsecretaría para América Latina y el Caribe (SSALC), a la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), a la Embajada de México en Chile (EMBAMEX CHILE), y a la Embajada de México en Panamá (EMBAMEX PANAMÁ). Y nada.
En su respuesta dice que la embajada de México en Panamá clasificó como reservada por un periodo de cinco años la información relativa al arreglo de cooperación.
La embajada respondió que dar a conocer el arreglo de cooperación “afectaría de manera directa la confianza mutua que sustenta la relación entre el Estado mexicano y el Gobierno de Panamá”.
Además, argumentó que transparentar la información compromete “la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional”.
