Gobierno de AMLO da información falsa para intentar justificar espionaje de Sedena, advierten organizaciones

Las organizaciones detrás de la investigación Ejército Espía advirtieron que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador dio información falsa para intentar justificar el espionaje de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), además, de descalificar pruebas sobre el uso de Pegasus contra civiles.

Luego de que el gobierno federal defendiera a la Sedena e intentara desacreditar las pruebas documentales que confirman el espionaje realizado por la dependencia contra civiles, las organizaciones lamentaron que el presidente haya incumplido su compromiso de transparencia y condenaron las “descalificaciones y afirmaciones falsas” sobre el espionaje militar contenidas en el comunicado que envío la Oficina de Presidencia.

“Lamentamos que el presidente haya incumplido su compromiso con la transparencia y ahora indique en el comunicado que la información sobre los contratos —cuya existencia mintió y negó la Sedena en primera instancia— deban ser considerados como reservados”, señalaron las organizaciones en un comunicado.

Las organizaciones R3D, Artículo 19, SocialTic, y los medios Animal Político, Aristegui Noticias y la revista Proceso revelaron que la Sedena contrató a la empresa proveedora del sistema de espionaje Pegasus en 2019; que los teléfonos del activista Raymundo Ramos, del escritor y periodista, Ricardo Raphael, y un periodista de Animal Político, fueron infectados con Pegasus y que el secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval recibió el reporte de las comunicaciones privadas de Ramos en 2020.

El gobierno mexicano respondió este jueves a la publicación del pasado 7 de marzo con un comunicado defendiendo a la Sedena al asegurar que realiza labores “de inteligencia” para el combate del crimen organizado y, según explica, tiene base legal en la Ley de Seguridad Nacional y de la Ley de la Guardia Nacional.

Ante ello, las organizaciones alertaron que el boletín de prensa desinforma y aseguraron que es falso que la Ley de Seguridad Nacional y la Ley de la Guardia Nacional faculten a la Sedena —en específico, al Centro Militar de Inteligencia— para a llevar a cabo la recolección de inteligencia de fuentes cerradas, es decir, mediante la intervención de comunicaciones privadas de civiles.

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La investigación periodística confirmó que la Sedena no solicitó ante autoridades judiciales ninguna autorización para intervenir comunicaciones privadas entre 2018 y 2022, según respondió la misma dependencia a la solicitud de información número 33002642001754.

Aunque el gobierno federal sostiene que las labores de inteligencia no están dirigidas al entorno privado de actores políticos, sociales y mediáticos, las pruebas confirman que la Sedena espió a civiles con Pegasus.

Los casos de espionaje contra Raymundo Ramos, Ricardo Raphael y un periodista de Animal Político dan cuenta del uso ilegal y arbitrario de tecnologías de vigilancia en contra de periodistas y defensores de derechos humanos.

“Asimismo, documentos internos de la Sedena filtrados por Guacamaya también han evidenciado que diversas organizaciones sociales, como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, los padres y madres de los 43 de Ayotzinapa, entre otras, han sido objetivos de la inteligencia militar”, refieren las organizaciones.

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¿Intervenciones solo para procuración de justicia? 

Ante la afirmación del gobierno federal de que las intervenciones de comunicaciones privadas hechas por la Sedena “únicamente se realizan con el fin de coadyuvar a la procuración de justicia”, la evidencia demuestra otra cosa: Los documentos internos de la Sedan muestran que las comunicaciones privadas del defensor de Derechos Humanos, Raymundo Ramos fueron utilizadas para influenciar investigaciones relacionadas a ejecuciones extrajudiciales cometidas por el Ejército en Nuevo Laredo, Tamaulipas el 3 de julio de 2020, por lo que no guardan ninguna relación con “la procuración de justicia”.

En el comunicado, el gobierno federal descalifica los archivos hackeados por el grupo Guacamaya ya que “dichos documentos no están signados, firmados, ni avalados por alguna autoridad competente”, por lo que “ciertos formatos de informes militares quedaron expuestos a la luz pública, por lo que cualquier persona ajena al instituto armado podrían elaborar documentos que involucren a las Fuerzas Armadas con objeto de afectar su imagen institucional. Por tal razón, dichas publicaciones carecen de validez legal”.

Sin embargo, las organizaciones involucradas reiteran que la autenticidad de todos los documentos utilizados por la investigación Ejército Espía provenientes de los correos electrónicos internos de la Sedena obtenidos por el colectivo Guacamaya se encuentra validada.

“Cualquier medio de comunicación u organización con acceso a dichos correos puede corroborar que los mismos no fueron alterados”, indican.

Además, la información contenida en los documentos internos filtrados ha sido comprobada por fuentes secundarias. Por ejemplo, en el oficio SGE-3335 dirigido al Secretario de Defensa, se menciona el número, fecha de celebración y objeto del contrato entre la Sedena y Comercializadora Antsua S.A. de C.V.. Dicha información se encuentra validada por documentos oficiales que la SEDENA envió a la Auditoría Superior de la Federación y que fueron obtenidos vía solicitudes de acceso a la información.

De igual manera, la tarjeta informativa generada por el Centro Militar de Inteligencia, en la que se da cuenta de las comunicaciones de Raymundo Ramos con periodistas, fue validada por los interlocutores. Así mismo, las fechas de las conversaciones reflejadas en la tarjeta coinciden con los días en las que el teléfono de Raymundo Ramos se encontraba infectado con Pegasus, según el dictamen forense de Citizen Lab de la Universidad de Toronto.

Por último, refieren, “resulta lamentable que la Presidencia intente justificar el espionaje militar en
contra de personas defensoras de derechos humanos y periodistas bajo el argumento de
que no se ha detenido a ningún actor político, social, persona perteneciente a una organización de derechos humanos, activista u otra persona que no esté relacionada con las organizaciones de la delincuencia organizada”.

Ejército espió con Pegasus a defensor de DH

El 7 de marzo, se dio a conocer que en un informe del Centro Militar de Inteligencia (CMI), un área secreta de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), confirma que, en 2020, ya en este sexenio, el Ejército espió al defensor de derechos humanos con Pegasus.

El secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, recibió la información derivada de ese espionaje, como consta en dicho informe elaborado en 2020 por su subalterno directo Homero Mendoza Ruiz, entonces director del Estado Mayor de la Defensa, y el subjefe de Inteligencia, Conrado Bruno Pérez.

Tras ser cuestionado sobre el tema, López Obrador reconoció la intervención telefónica al defensor de derechos humanos, Raymundo Ramos, quien acompañaba el caso de la ejecución extrajudicial de tres personas ocurrida en 2020 en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Sin embargo, no justificó cuál fue el objetivo ni cuál fue la base legal de la Sedena para espiar al defensor; aseguró que en su gobierno no se realiza espionaje, se hace “investigación” y “trabajo de inteligencia”.

Desde el viernes 10 de marzo, el presidente había ofrecido dar a conocer información sobre el tema, ante los cuestionamientos de Animal Político durante su conferencia matutina.